Siete casos de ‘lawfare’ policial sin castigo judicial
Los tribunales investigan todavía si el Gobierno del PP persiguió de manera ilegal a independentistas y a Podemos
El Ministerio del Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz (PP) entre 2012 y 2017 ejecutó operaciones policiales contra dirigentes independentistas catalanes que estaban en pleno desafío rupturista con el Estado y contra responsables políticos de Podemos, la fuerza que irrumpió en 2014 en las elecciones europeas y amenazaba futuros gobiernos conservadores. Esas operaciones, según las investigaciones abiertas por los tribunales, no estuvieron ni controladas, ni ordenadas ni autorizadas por ningún juez; en muchos casos fabricaron pruebas falsas que difundieron a través de medios de comunicación afines al PP y que judicializaron sin lograr en la mayoría de los casos que prosperasen en los tribunales.
Lo que sigue resume siete de esas operaciones que sus víctimas consideran un claro ejemplo de lawfare (guerra legal) político y policial.
1. Un informe apócrifo para desacreditar al independentismo. Noviembre de 2012. El entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, había convocado elecciones en Cataluña y miembros de la policía pusieron en marcha una campaña de intoxicación informativa a través de supuestos informes cargados de graves acusaciones que filtraron al diario El Mundo. El comisario José Manuel Villarejo admitió que fue el autor de esa campaña que le ordenaron sus jefes políticos en el Ministerio del Interior. Las grabaciones de Villarejo probaron esta maniobra ilegal, que quedó sin castigo en los tribunales.
2. Una extorsión a un banco andorrano para destapar los delitos de la familia Pujol. En la primavera de 2014, policías a las órdenes de Eugenio Pino (el número 3 de Interior) amenazaron a los dueños la Banca Privada d’Andorra (BPA) con intervenir la entidad si no les facilitaban información de las cuentas de los Pujol. Con ese método, no autorizado por ningún juez, la Policía logró un pantallazo de la cuenta de los Pujol con un saldo de 3,4 millones de euros que a continuación filtraron a El Mundo, antes incluso de trasladarlo al juez.
3. Una cuenta suiza (falsa) del exalcalde de Barcelona. La policía filtró a El Mundo, su instrumento habitual para difundir informaciones contra sus adversarios políticos, una supuesta cuenta millonaria que el exalcalde de Barcelona, Xavier Trías, ocultaba en Suiza. El banco de la supuesta cuenta negó los hechos. Trías presentó denuncias, pero el caso quedó impune.
4. El informe PISA contra Podemos. El máximo jefe policial, Eugenio Pino, ordena en la primavera de 2015 denunciar la supuesta financiación ilegal de Podemos ante el Tribunal de Cuentas, aportando un informe sin autor conocido sobre Pablo Iglesias y Podemos que había publicado dos meses antes Ok Diario, el medio que sustituiría a El Mundo en la difusión de estos ataques. El informe fue elaborado, según Villarejo, por otros policías de su departamento. Este caso también quedó impune.
5. La trama venezolana contra Podemos. La primera semana de abril de 2016, El Confidencial y Ok Diario publican que Venezuela pagó siete millones a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge. La noticia se basaba en un supuesto documento firmado por Rafael Isea, exministro de finanzas de Hugo Chávez. Tres agentes de la Policía Nacional viajaron a Nueva York días después para reunirse con Isea y que avalara la autenticidad del documento. Los policías se comprometían a sacar de Venezuela a la familia de Isea y ofrecerle “una nueva vida” a cambio de su testimonio contra Podemos. El policía Fuentes Gago llegó a decirle: “Si nos ayuda a que no lleguen los de Podemos, me cagüen la mar, mejor para todos”. Los documentos eran falsos. Lo prometido a Isea no se cumplió y el exministro venezolano confesó a EL PAÍS: “Me manipularon con algo muy delicado, pusieron en riesgo a mi familia”. El caso sigue impune.
6. Las fotos de jueces a favor del derecho a decidir. La policía filtró a La Razón las fotografías de los DNI de jueces que habían firmado un manifiesto a favor del derecho a decidir en febrero de 2014. En las grabaciones del comisario Villarejo se oye al policía que supuestamente filtró las fotos hablar con el número tres de Interior para intentar destruir pruebas. Pedro Esteban (comisario de Cataluña): “Pero es importante si se pudieran borrar los registros”. Eugenio Pino (director adjunto de la Policía): “Están intentándolo”. La investigación judicial se archivó. El caso sigue impune.
7. Una orden de pago falsa en las Islas Granadinas. La policía filtró a Ok Diario en mayo de 2016 una orden de pago de 272.325 dólares (229.000 euros) por parte del Gobierno venezolano a favor de Pablo Iglesias en una sucursal del Euro Pacific Bank en las islas Granadinas. El documento resultó falso, según acreditó el Euro Pacific Bank. Toda la operación se gestó en el Ministerio del Interior, como acreditan los WhatsApps intercambiados entre Eugenio Pino y el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez. Pino: “Están buscando el cheque”. Martínez: “Pues mejor, porque empiezan a decir los periodistas que es chungo”.
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