Todos los pactos para la investidura de Sánchez: de la reducción de la jornada laboral a la amnistía y las concesiones financieras a los socios

Las semanas de negociaciones a varias bandas del PSOE con otras formaciones políticas para investir presidente del Gobierno a Pedro Sánchez han dado sus frutos: 179 apoyos, una mayoría absoluta que fue garantizada el viernes tras las firmas del EAJ-PNV y de Coalición Canaria. Además de estos partidos, los socialistas suscribieron acuerdos con Sumar, ERC, BNG y Junts, mientras que EH Bildu les dará su apoyo sin contraprestaciones. El futuro Gobierno arrancará así su mandato con una carpeta que incluye no solo su propia hoja de ruta, sino también las cesiones a los socios de investidura, que vigilarán con lupa la materialización de esas alianzas. Estas son las principales promesas:

Sumar. La reducción de la jornada laboral hasta media hora al día (de 40 a 38,5 horas semanales en 2024 para llegar a 37,5 en 2025) es uno de los elementos centrales del pacto de los socialistas con Sumar. El documento aboga por aumentar el salario mínimo interprofesional a lo largo de la legislatura, “garantizándose” en el Estatuto de los Trabajadores que represente el 60% del salario medio; vincular el despido a la causalidad y la carta social europea; regular los contratos de relevo (esos que se ejecutan cuando un trabajador solicita la jubilación parcial y entra otro a cubrir su plaza); un plan de choque contra el desempleo juvenil o la aprobación del estatuto del becario. El pacto incluye también la creación de una ley para establecer un máximo legal en las listas de espera de la sanidad pública, otra sobre usos del tiempo y una tercera sobre cuidados; la aprobación de permisos remunerados para la conciliación familiar (cuatro de las ocho semanas) y la ampliación de los permisos retribuidos por nacimiento (hasta las 20 semanas de forma gradual conforme avance la legislatura).

La universalización de la educación de 0 a 3 años es otro de los compromisos más relevantes. En vivienda y transportes, se promueve aumentar el parque público en alquiler; revisar la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas e impulsar la reducción de vuelos nacionales en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración inferior a dos horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos-hub, que enlacen con rutas internacionales.

En materia tributaria, el texto promete impulsar “una reforma global del sistema” que mejore la progresividad y recorte la brecha en presión fiscal con respecto a la media europea, que no fue abordada por el anterior Gobierno. Y defiende también la extensión de los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas y el establecimiento del tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades sobre el resultado contable para las grandes compañías. Sobre financiación autonómica, el pacto recoge el impulso de un nuevo modelo.

ERC. La alianza cerrada entre ERC y el PSOE el 2 de noviembre, se articula en un texto de 14 páginas “en torno al reconocimiento de la existencia de un conflicto sobre el futuro político” de Cataluña y de “la apertura de un proceso de búsqueda de soluciones con la creación de una mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo entre gobiernos”. Uno de los asuntos más cruciales del pacto, el de la aprobación de la una ley de amnistía para los encausados por el procés, quedará resuelto con el registro de la proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Pero, después, enfrentará un arduo proceso de tramitación de ley orgánica, pues los populares pretenden ralentizar lo máximo posible su aprobación definitiva, tanto como con la reforma del Reglamento del Senado como ante el Tribunal Constitucional.

Además de la medida de gracia, los republicanos han arrancado a los socialistas otros compromisos. La principal concesión financiera es la condonación de 15.000 millones de la deuda que Cataluña tiene contraída con el Estado mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). También se traspasará la titularidad y gestión de las infraestructuras de Rodalies. En el acuerdo aparecen asimismo 1.600 millones de euros hasta 2030 para el despliegue de los Mossos d’Esquadra, inversiones en la administración de justicia y un fondo de 150 millones euros para investigación.

Junts. Tras cerrar los extremos de la ley de amnistía, asunto sobre el que ha girado la práctica totalidad de las negociaciones para amarrar el apoyo de los independentistas, habrá que esperar al registro de la proposición de ley, la semana próxima, para conocer su contenido. El PSOE y Junts han incluido en el pacto suscrito el jueves que la amnistía solo abarcará al procés. Pero los socialistas han asumido el concepto de lawfare o “judicialización política”, criticado por todas las asociaciones de jueces, aunque aún no está claro su desarrollo en la norma. El pacto, de cuatro páginas, contiene un relato del procés muy cercano a las tesis independentistas, ya que se responsabiliza sobre todo al Gobierno del PP por no negociar.

El acuerdo firmado en Bruselas incorpora una mesa de negociación en la que participen ambas formaciones con un verificador internacional para abordar tanto el encaje de Cataluña en España como la financiación futura de la comunidad. El documento acuerda también seguir negociando y el método para hacerlo. En dicha mesa, Junts reclamará un referéndum, pero dentro de la Constitución —según el texto—, aunque el PSOE lo rechaza y apuesta por desarrollar o reformar el Estatuto de Cataluña de 2006.

BNG. Después del pacto con Esquerra, el acuerdo rubricado a cambio del sí del único diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego, recoge el compromiso del PSOE para que Galicia reciba una “compensación análoga” a cualquier condonación total o parcial de deuda que se conceda a Cataluña u otras comunidades autónomas adheridas al FLA.

El texto incluye la creación de cinco juzgados especializados en violencia de género en Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Pontevedra y Ferrol; nuevos descuentos, que se aprobarán en los Presupuestos Generales del Estado de 2024, para las autopistas AP-9 y AP-53, y el establecimiento de un plan plurianual (2024-2028) de actuaciones urgentes en la red viaria gallega, así como otro de modernización integral de la red ferroviaria en la comunidad. Entre los 22 puntos del pacto, los socialistas también se comprometen a “avanzar en el refuerzo de la capacidad de decisión del autogobierno gallego”, reactivando desde el Gobierno la transferencia a la Xunta de competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía que siguen en manos del Estado.

PNV. En el pacto sellado el viernes, el PSOE se compromete a transferir todas las competencias pendientes en un plazo de dos años. Son unas 30 y entre ellas figura el régimen económico de la Seguridad Social, los ferrocarriles y la homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros. Se establece en el documento, de 10 páginas, una “relación bilateral” del País Vasco con el Estado, cuestión que podría implicar la promoción de un nuevo Estatuto. También prevé la modificación del artículo 84.3 y 84.4 del Estatuto de los Trabajadores para plasmar la prevalencia de los convenios suscritos en el País Vasco sobre los de ámbito estatal, nuevas competencias para la Ertzaintza y 100 millones para la adaptación del euskera a la nueva era digital.

Coalición Canaria. Para obtener el sí de la diputada Cristina Valido, el PSOE se compromete al desarrollo de las 25 medidas incluidas en la conocida como agenda canaria. El texto recoge el respeto “íntegro” a los fueros canarios, la ejecución de los convenios bilaterales, la política solidaria en la gestión migratoria o la transferencia y la ejecución de la totalidad de los acuerdos que ambas formaciones pactaron en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Según el documento, el Gobierno ejecutará “la totalidad” de las enmiendas pactadas con CC y que se incluyeron en las cuentas públicas. Además, se cita, en concreto, la relativa a los 100 millones de euros para el plan de recuperación de La Palma, tras la erupción del volcán en septiembre de 2021, que “se materializará a través de una transferencia al Gobierno de Canarias” y un nuevo modelo de financiación autonómica a cerrar en un plazo de dos años. El futuro marco deberá garantizará “la suficiencia financiera” de servicios públicos básicos.