De Felipe a Leonor de Borbón: el irreconocible panorama político 37 años después

La princesa Leonor jurará el próximo martes la Constitución 37 años después de que lo hiciera su padre, ahora Rey. El acto se celebró entonces en dos tiempos: primero en el Congreso, y después en el Palacio Real, con una recepción para 1.200 invitados. Camilo Valdecantos, corresponsal parlamentario de EL PAÍS en esa época, explicaba en sus crónicas, unos días antes, cómo los preparativos de la ceremonia habían “dado pie a una vasta campaña promovida desde sectores periodísticos y políticos conservadores contra la posible intervención del presidente del Gobierno en el acto oficial de la jura”. Finalmente, el único discurso aquel día en las Cortes lo pronunció el presidente de la Cámara, Gregorio Peces-Barba. Felipe González y el propio Felipe de Borbón pronunciaron unas palabras ya en el Palacio Real. Pese a esa “campaña”, el análisis de las palabras de Peces-Barba y los asistentes a aquella ceremonia muestran significativos cambios respecto al panorama político en el que la heredera al trono jurará la ley fundamental con motivo de su mayoría de edad.

El orador. Nacido en plena Guerra Civil, Gregorio Peces-Barba tenía 48 años el día que pronunció el discurso institucional por la jura de la Constitución del heredero a la Corona. Doctorado en derecho, intervino como abogado en numerosos consejos de guerra y defendió también al militante de ETA Víctor Aranda en el llamado Proceso de Burgos. Antes de tomar el juramento al entonces Príncipe de Asturias, había sido detenido en varias ocasiones durante la dictadura y el tribunal franquista de Orden Público llegó a suspender tres meses su licencia para ejercer la abogacía. En 1972 comenzó su militancia en el PSOE, que entonces, como todos, era un partido clandestino. Fue ponente constitucional hasta marzo de 1978, cuando se retiró de la ponencia, aunque finalmente firmó el anteproyecto. El 18 de noviembre de 1982 fue elegido presidente del Congreso de los Diputados por 338 votos a favor, 8 en blanco y ninguno en contra. Falleció en febrero de 2012.

Reales ausencias. A la ceremonia de la jura de Felipe de Borbón en el Congreso acudieron sus padres, los reyes Juan Carlos y Sofía; su abuelo, Juan de Borbón, conde de Barcelona, y sus hermanas, las infantas Elena y Cristina, además de otros parientes. El próximo martes, el rey emérito no estará presente en el acto institucional en la Cámara baja, ni en la recepción posterior en el Palacio Real, en la que la princesa Leonor, como antes su padre, recibirá el collar de la Orden de Carlos III. Don Juan Carlos fijó su residencia habitual en Emiratos Árabes en 2020 tras sucesivos escándalos y, según explicó en la carta que envió a su hijo, debido a “la repercusión pública” que estaban generando “ciertos acontecimientos pasados” de su “vida privada”. Sí participará en la celebración familiar, de carácter privado, que tendrá lugar por la tarde en el palacio de El Pardo. Desde aquel 30 de enero de 1986, la familia real ha vivido la entrada del cuñado de don Felipe, Iñaki Urdangarin, en la cárcel; la imputación de una infanta, doña Cristina, y la eliminación del rey emérito de la agenda institucional y pública de La Zarzuela por su comportamiento poco ejemplar.

“Apoyo de todos a la Corona”. “Hoy, todos, mayoría socialista y oposición”, declaró Peces-Barba en 1986, “coinciden en la valoración de la Monarquía Parlamentaria como la forma política del Estado más adecuada y más racional para nuestro tiempo. La presencia en sus escaños de los dirigentes de la oposición revela también ese hecho. Si ellos ocupan el Gobierno de la nación, refrendarán vuestros actos de la misma manera”, añadió, dirigiéndose al Príncipe. Unos años antes, sin embargo, durante el debate constitucional, los socialistas habían realizado una apasionada defensa de la República, “la forma de Estado más acorde bajo el prisma de los principios democráticos”, frente a “las magistraturas vitalicias, y más aún, las hereditarias” que “dificultan el acomodo de las personas que ejercen cargos de esa naturaleza a la voluntad del pueblo en cada momento histórico”, en palabras del diputado Luis Gómez Llorente. El PSOE se abstuvo, finalmente, en la votación del modelo de Estado (cinco díscolos votaron en contra) y el PCE votó a favor —lo que les valió reproches de los socialistas—. El PNV también apoyó la Monarquía. Miquel Roca, de la extinta CiU, al que el rey Juan Carlos encargaría años más tarde la defensa de una de sus hijas tras su imputación en el caso Nóos, calificó a la Monarquía como “la vía más rápida” para consolidar la democracia. El diputado de ERC Heribert Barrera dedicó durante los debates constitucionales numerosos elogios al Rey: “¿Quién realmente puede negar el papel extraordinariamente positivo que ha tenido la Corona en este proceso de transición de la dictadura a la democracia incipiente?”, preguntó. Pero añadió: “Sería absurdo establecer un sistema político de Estado por puro agradecimiento a una persona”.

Como celebraba Peces-Barba, en la jura de la Constitución de Felipe de Borbón estuvieron presentes los presidentes autonómicos, incluido el lehendakari, José Antonio Ardanza, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, así como representantes de todos los partidos de la oposición, salvo el único diputado de ERC. En la de la princesa Leonor no será así. Ni el presidente vasco, Iñigo Urkullu, ni el catalán, Pere Aragonès, acudirán al acto, como tampoco los representantes de Esquerra, Junts, PNV, EH Bildu y BNG. El partido de Aitor Esteban, que sí estuvo presente en la jura del padre de Leonor de Borbón, explicó este jueves en redes sociales sus motivos: “EAJ-PNV considera que lo único que se pretende trasmitir con esta ceremonia es la continuidad de un modelo con el que no está de acuerdo y que niega el reconocimiento nacional vasco”.

De las mayorías absolutas a la hiperfragmentación. El entonces príncipe Felipe juró la Constitución en la II legislatura, en la que diez formaciones políticas tenían representación parlamentaria. Dijo durante su discurso Peces-Barba: “Este acto se produce en un momento especialmente significativo de la vida política de nuestro país, con una mayoría socialista”. El PSOE tenía 202 de los 350 diputados del Congreso tras obtener más de 10 millones de votos en las elecciones de 1982 sobre un censo electoral de 26,8 millones. El PP, entonces AP, disponía de 107 escaños. En los comicios generales del pasado 23 de julio, con un censo de 37,4 millones de votantes, los populares, con ocho millones de apoyos, obtuvieron 137 y el PSOE, con 7,7 millones de papeletas, 121 y el total de fuerzas con representación parlamentaria asciende a 11, solo una más que en 1986, aunque mucho más débiles que entonces.

Extrema derecha. “Quizá el mejor elogio que podamos hacer del Parlamento, con todos los defectos que tengamos y que nos esforzamos en remediar, es el recuerdo de la autocracia que en España ha existido”, declaró Peces-Barba en su discurso. En aquel Parlamento no estaba presente la extrema derecha, que ahora cuenta con 33 diputados. Sí disponía de dos diputados la marca Herri Batasuna, que sería ilegalizada en 2003 por el Supremo por incumplir la ley de partidos debido a sus vínculos con ETA. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha llegado a decir en el Congreso que “este es el peor gobierno en 80 años”, es decir, peor que la dictadura.

“La transacción” frente a “la trágica dialéctica del odio”. Quizá el cambio más significativo en estos 37 años tiene que ver con la parte del discurso en la que el presidente del Congreso en 1986 pronuncia, ante el entonces príncipe Felipe, una apasionada defensa del debate en las Cortes, es decir del sistema democrático y sus mecanismos de control. “Se puede decir que la democracia parlamentaria es el único cauce para el acuerdo básico entre todos los españoles y para la exclusión de la violencia. Es el modelo del progreso, de la racionalidad y de la integración de los conflictos sobre la base de la transacción. No hay alternativa al Parlamento para evitar la trágica dialéctica del odio y del amigo-enemigo. Es el modelo de la libertad y de los derechos fundamentales, es el modelo de la tolerancia”. Hoy, sin embargo, la dialéctica que se ha impuesto es la de dos bloques enfrentados e irreconciliables, incapaces de “transaccionar”.

En el mismo escenario, el Congreso de los Diputados, en el que Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista, declaró, el día que se aprobaba la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado con su voto a favor: “Señores diputados, nos separan tantas cosas (...), tan hondo es el abismo abierto entre los españoles que, si no nos esforzamos más en cerrarlo que en abrirlo, más en acercarnos que en diferenciarnos, la incipiente democracia puede estallarnos a todos en las manos como un juguete infernal”, el PP ha acusado al Gobierno de “secuestrar” a la Cámara, sede de la soberanía nacional, por negociar en plazo sus apoyos par a la investidura. Lo hizo la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, 15 días después de que el Rey encargase a Pedro Sánchez que intentase formar Gobierno cuando, desde ese mismo encargo hasta la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo pasaron 35. Los populares también han acusado al Gobierno en funciones de traicionar a los españoles por tratar de llegar a pactos con partidos nacionalistas e independentistas, algunos de ellos ya presentes aquel 30 de enero de 1986 en la Cámara baja. Llegar a acuerdos es ahora mucho más complicado. Prueba de ello son las repeticiones electorales —desde 2015, es decir, en los últimos ocho años, ha habido cinco convocatorias a generales—, el creciente nivel de crispación política o la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva con su mandato caducado desde diciembre de 2018.