La Axarquía: la comarca de Málaga con más restricciones de agua es el paraíso de las piscinas

La carretera que asciende desde la autovía A-7 hasta el municipio de Arenas, al este de Málaga, es pura curva. No hay rectas en los 11 kilómetros de un trayecto no apto para estómagos sensibles. El paisaje es una sucesión de jóvenes aguacates y viejos viñedos salpicados por cientos de viviendas diseminadas. A ras de suelo apenas se atisban de ellas sus nombres pintados en rocas: Casa Giralda, Villa Serena, Las Palmeras... Desde el aire la imagen cambia. Junto a cada construcción se observa un rectángulo celeste, como se comprueba echando un vistazo a Google Maps. En esta localidad de 1.156 habitantes hay, según el catastro, 470. Son piscinas y salen a solo 2,4 residentes por cada una. Es la norma en una comarca, la Axarquía, que acoge 13 de los 15 pueblos malagueños con más infraestructuras de este tipo por persona. Es justo la zona que más restricciones sufre por la persistente sequía que ha dejado en mínimos históricos el pantano de La Viñuela, casi seco, exprimido por los cultivos subtropicales y el turismo.

La Axarquía fue una de las áreas malagueñas donde el ladrillo encontró mejores cimientos a finales del siglo pasado y principios del este. Los ayuntamientos lo tomaron como su principal fuente de financiación y pusieron alfombra roja a la construcción. Muchas de estas viviendas estaban fuera de planeamiento y algunos alcaldes acabaron respondiendo ante los tribunales, pero las casas nunca se derribaron. En ocasiones, ni sus propietarios sabían que levantaban algo ilegal. En septiembre de 2019, la Junta de Andalucía aprobó un decreto para legalizar la inmensa mayoría, que son parte de las más de 60.000 viviendas irregulares de Málaga y las 327.000 de toda la comunidad. “Pero hay bastantes que siguen en el limbo porque la norma recogía ciertos costes y limitaciones, por lo que muchos no han iniciado los trámites y, los que sí, dependen de ayuntamientos sin apenas personal”, subraya Rafael Yus, portavoz de Ecologistas en Acción, que destaca que la inmensa mayoría de esos inmuebles tienen piscina, símbolo de estatus y que ya se puede disfrutar durante buena parte del año debido al cambio climático y el aumento de las temperaturas, como se está comprobando este octubre.

La situación contrasta con los cascos urbanos. En el de Arenas, por ejemplo, solo hay una piscina. Las demás están en el campo. “Antes del problema de los subtropicales estaba el de las casas diseminadas”, recuerda Yus, que en un estudio publicado hace una década contabilizaba más de 22.000 de estos inmuebles en el territorio axárquico. “Es paradójico que los pueblos de este área se estén despoblando y, sin embargo, tengan tantas piscinas. Queda claro que son segundas residencias y viviendas turísticas”, insiste el ecologista. Estas albercas se llenan con agua procedente de la red de suministro de cada localidad, como explica Jesús Vargas, doctor en Geografía, profesor de la Universidad de Málaga y miembro del Observatorio Ciudadano de la Sequía. “Es la misma que para consumo humano”, asegura quien cree que la crisis actual por la sequía no se debe achacar solo a estas infraestructuras, también al modelo urbanístico sin planificación, los cultivos subtropicales y la presión turística, sobre todo en la costa. “Es una mezcla de todo”, asegura.

Restricciones y cubas de agua

A pocos alcaldes les gusta hablar del tema. De los consultados, solo uno ha respondido a EL PAÍS. “En nuestro caso, más del 90% de las piscinas utilizan agua de riego”, afirma Alejandro Herrero, alcalde de Frigiliana, donde hay 3.009 habitantes y 1.040 piscinas, casi una por cada tres vecinos. Aquí la principal razón de ser de estos diseminados es el turismo. Según datos de la Junta de Andalucía, esta localidad tiene 369 casas rurales, 191 viviendas con fines turísticos, dos apartamentos turísticos y otros 166 alojamientos rurales. En total, 734 con casi 4.000 plazas para los visitantes. “Es algo fundamental a nivel económico. Y, por supuesto, todas están dadas de alta porque de otra manera no podrían aparecer en los registros”, destaca el regidor, que cree que su municipio es afortunado porque dispone de sus propios acuíferos y han salvado el verano sin problemas tanto para consumo humano como para los aguacates cultivados en su territorio. “Pero seguimos mirando al cielo: la lluvia es muy necesaria”, advierte mientras la zona espera la construcción de una desaladora tras el reciente acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central para impulsarla.

Otras localidades sí que mantienen las restricciones y cortes de agua nocturnos que arrancaron en verano. Son las que se surten del pantano de La Viñuela, ya por debajo del 8% de su capacidad. Es su mínimo histórico desde que se llenó hace cuatro décadas y cada semana marca un nuevo récord ante la falta de precipitaciones. Los primeros pueblos en tomar medidas fueron, a principios de julio, El Borge, Almáchar, Iznate, Benamargosa y Vélez-Málaga, que reúnen a 90.000 vecinos. A su alrededor se ubican los que más piscinas tienen por habitante, como Alcaucín, Árchez, Canillas de Albaida o Cómpeta, todos con una por cada tres o cuatro habitantes. Para rellenarlas, la solicitud de cubas se disparó este verano. “Ha sido imposible surtir toda la demanda de comunidades o viviendas diseminadas. Y eso que teníamos 23 cisternas funcionando a diario”, relata Jesús Arranz, responsable de la empresa Aquatrans 2000, quien explica que el agua no va tratada y procede de recursos que, de otra manera, acabarían en el mar para cumplir el ciclo. Hoy sigue reponiendo piscinas, sobre todo en la zona de Rincón de la Victoria, donde continúan las restricciones, pero ya solo con cuatro camiones.

La situación se repite en la Costa del Sol occidental. Destaca Benahavís, el municipio más rico de toda la provincia de Málaga, que tiene 2.107 piscinas —49 cubiertas— y 8.085 habitantes; pero sobre todo lo hace Marbella: tiene 10.850 piscinas para sus 143.386 residentes. Es la tercera ciudad con mayor cifra detrás de Madrid y Córdoba. “Es una barbaridad teniendo en cuenta la escasez de recursos hídricos en la zona y los 27 kilómetros de playas del municipio”, recuerda Javier de Luis, portavoz de Ecologistas Malaka, que señala que las lluvias recargan cada vez menos el embalse de La Concepción y que los acuíferos del subsuelo, como el de Sierra Blanca, se encuentran en peores condiciones por el gran consumo turístico. “El agua es un bien finito y el problema es el derroche: hacen falta más controles”, concluye el ecologista. La Diputación de Málaga ha realizado un estudio para detectar fugas en los suministros de las 74 localidades malagueñas con menos de 20.000 habitantes. Su resultado es que cada año se pierden 7,5 hectómetros cúbicos — 7.500 millones de litros— de las tuberías municipales. Es lo que gastarían más de 100.000 personas en un año.