Viviendas listas para salir del purgatorio

La casa de Philip Smalley levanta sus dos plantas escondida entre colinas. Tiene vistas a campos de mangos y la sierra de La Maroma, 175 metros cuadrados construidos y 5.000 de una seca parcela donde crecen viñas con las que elabora vino de la tierra. Este británico de 72 años llegó a la comarca de La Axarquía, al este de Málaga, gracias a unos amigos. Allí encontró el lugar perfecto a las afueras de La Viñuela (2.020 habitantes).

El suave clima era perfecto para la artritis de su mujer y las sinuosas carreteras para su pasión, el ciclismo. Compró un terreno y contrató un arquitecto. Era 2004. Cuenta que lo más complicado fue hacer la piscina, debido a la dura pizarra del suelo axárquico. También recuerda la visita de la Policía Local en 2006 para indicarle que su casa no era legal porque se ubicaba en suelo no urbanizable. Él, incrédulo, les enseñaba las licencias de obra y ocupación, pero la Junta de Andalucía había impugnado los permisos municipales. “Ahí empezó el infierno”, subraya.

El Ayuntamiento de La Viñuela otorgaba en aquel entonces permisos de obra sobre la base de la futura aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Este nunca llegó a ser aprobado y decenas de casas quedaron en el limbo legal. Su entonces alcalde, el socialista Juan Millán, acabó en la cárcel. Y el de Alcaucín (2.239 habitantes), José Manuel Martín Alba, también del PSOE, fue detenido en 2009. La situación fue similar en otros municipios de la zona, que cuenta hoy con 15.326 edificaciones no autorizadas, según datos del Gobierno autónomo.

Existen otras 7.630 viviendas en esta situación en la Costa del Sol y en los alrededores de la capital hasta 18.840, mientras que otras 14.078 están repartidas entre las serranías de Ronda y Cádiz y 12.778 entre las depresiones de Antequera y Granada (en ambos casos, contabilizadas de manera global por la Junta, aunque incluyan las de provincias diferentes). En total, Málaga cuenta con algo más de 60.000 viviendas irregulares, una de cada cinco de las existentes en Andalucía. Ahora, podrán ser regularizadas gracias al decreto de la Junta.

En la comarca axárquica los propietarios responden a un perfil similar al de Smalley, que hoy mira con cierta satisfacción cómo se puede resolver el problema que le lleva atormentando más de una década. La mayoría proceden del norte de Europa —Reino Unido, Holanda, Bélgica y Alemania—, son jubilados y llegaron con el cambio de siglo. Sus casas rondan los 150 metros cuadrados, suelen tener piscina y una pequeña zona de huerta o frutales. Michael Stevenson, de 71 años, procedente de Worcester e hincha del Liverpool, es uno de ellos. Defiende que la llegada de extranjeros ha revitalizado la economía de la zona. Y recuerda que, de media, las pensiones de sus compatriotas rondan los 2.500 euros mensuales “que se gastan aquí”. A cambio, se siente “recluido” por una situación que nunca sospechó. Su vivienda, en Alcaucín, cuenta con las licencias pertinentes, pero tampoco está regularizada. Y si quisiera venderla, no podría. Su valor hipotecario es cero. “Haces la casa con todas las de la ley y, al final, te encuentras una sorpresa muy desagradable”, añade el español Fernando Montero, que llegó a finales de los años noventa desde Cádiz, construyó su casa y en 2006 se encontró que el PGOU quedaba paralizado y su hogar, en situación irregular.

“El decreto que ha presentado la Junta tiene más luces que sombras”, apunta Mario Blancke, portavoz de la asociación Save Our Homes (SOHA) que aglutina a 400 familias con casas, como la suya, en un limbo legal. Aunque ha leído ya muchas veces el texto y ha participado en reuniones con la Administración, quiere ser “prudente” para valorar un documento “que tiene muy buenas intenciones”. Y defiende una amnistía generalizada. “Mucha gente lo hizo mal, sí, en la Axarquía también hay miles de viviendas hechas a las bravas y sin permisos, pero Junta y Ayuntamientos también fallaron en sus controles. ¿Nadie ve los camiones de una obra ir y venir por mitad del campo?”, dice. Blancke cree que se debería ir caso por caso para legalizar las 327.583 viviendas construidas en Andalucía al margen de las normas. “No todo es blanco o negro”, concluye.