Las urbanizaciones ilegales siguen creciendo y se enquistan en la región

En 2009, los agentes forestales de la Comunidad de Madrid denunciaron una docena de viviendas que se estaban construyendo en terrenos no urbanizables en El Molar, a 39 kilómetros al norte de la capital. Una de ellas es la de la imagen de su izquierda que, como se puede comprobar, se terminó de edificar y está habitada actualmente. Quizá por eso, muy cerca de esa casa hay al menos otras dos en construcción en este momento, una de ellas, a escasos metros del río Jarama.

Solo en El Molar, había en 2001 contabilizadas 600 viviendas irregulares (y un total de 3.400 viviendas censadas), que hoy, según los lugareños, pueden llegar fácilmente a las 800. En el sureste de la Comunidad, en la Vega del Tajuña, se calcula que hay más de 700. En Chinchón, la localidad de la zona más afectada por este problema, se han presentado al menos 179 denuncias entre 2006 y 2010, unas 67 de ellas correspondientes a viviendas levantadas entre 2009 y 2010, según fuentes de la UGT de los agentes forestales. El Ayuntamiento de Chinchón, dirigido por Francisco Javier Martínez Mayor (de la Agrupación Transparencia y Servicio) no ha respondido a los reiterados intentos de este periódico de obtener su opinión sobre este problema.

En el municipio de al lado, Morata de Tajuña, donde el Ayuntamiento calcula que unas 150 viviendas irregulares, el alcalde Ángel Sánchez Sacristán (PSOE) si ha contestado. Sánchez, que antes de llegar a la alcaldía fue policía local, conoce bien un problema que creció entre los años sesenta y ochenta con casas de segunda residencia y que, cuando se quiso atajar en los noventa, ya era demasiado grande. Habla de "una sensación de impunidad" que hace que la gente "no se crea las normas", y cuenta que, aunque denuncien, buena parte de las veces las decisiones judiciales no llegan a tiempo: las infracciones administrativas prescriben a los cuatro años y los delitos penales (vía utilizada muy poco y que solo es posible en determinados casos, por ejemplo, si la casa está en dominio público) a los cinco años. Transcurrido ese tiempo, se convierten en construcciones “alegales”, que muy difícilmente pueden acaban demolidas.

En los últimos años, el Gobierno regional ha explicado en distintas ocasiones que su función en estos casos es tramitar cada denuncia que les llega, pero que son los Ayuntamientos que deben hacer cumplir la normativa. Pero esta vez, preguntada por la magnitud del problema y sus posibles soluciones, una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente se ha limitado a decir que están actualizando el mapa de construcciones ilegales de la región y que, cuando se tenga, “se actuará”.

María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, se queja de que el problema no deja de crecer mientras las Administraciones se pasan la pelota entre ellas y no hacen nada. “Si a la Comunidad de Madrid llega una denuncia, normalmente se limitan a avisar al Ayuntamiento para que actúe, pero este suele mirar para otro lado”, asegura. Los Consistorios pueden ordenar el precinto de las obras o de la vivienda; si no se les hace caso, poner multas y, finalmente, denunciar ante la fiscalía.

“Las Administraciones más idóneas para actuar en este campo [la Comunidad], dejan en manos de Administraciones menos potentes y con muchísimas mayores dificultades, la ejecución de la disciplina urbanística, lo que da, en consecuencia, a mi juicio un sistema equivocado e ineficaz, siendo del todo punto imposible para los Ayuntamientos la realización de una política urbanística de control eficaz”, insiste el acalde de Morata.

Enorme arraigo

Porque, además, añade, si a pesar de todo el Consistorio sigue adelante para dar ejemplo, los asentamientos están tan arraigados, que la presión social acaba impidiendo los derribos (que pueden costar unos 60.000 euros), como le ocurrió hace años al alcalde de Arganda del Rey con algunos inmuebles de la urbanización de Valdecorzas. Tan arraigados están, que muchos de esos asentamientos han ido siendo dotados de agua y luz. En muchos casos, incluso, los vecinos, censados, pagan impuestos como el de recogida de basuras o el de Bienes Inmuebles (IBI).

En El Molar, los centenares de vecinos de la zona Este del municipio que viven en torno al Camino Viejo Madrid-Burgos, muy cerca del Jarama, pagan tasas. Eso sí, tienen los cubos de basura a la entrada del pueblo. Un poco más arriba, también cuentan con unos buzones donde recibir el correo —el cartero no llega hasta sus casas—, aunque estos son solo para aquellos vecinos que pagaron a medias con el Consistorio el asfaltado del camino que une su urbanización con el casco urbano (la alcaldesa del municipio, Yolanda Sanz, de Ciudadanos, tampoco ha respondido a las llamadas de este diario).

Cuando carecen de luz, ponen paneles solares y si no tienen agua, usan pozos (con o sin permiso); pero lo que no tienen nunca estas zonas es alcantarillado. Y esto —más allá de lo injusto que le pueda parecer a alguien que quien se salta impunemente las reglas consiga una casa en el campo mucho más barata que el que las cumple— provoca un verdadero problema de contaminación y de insalubridad, por la acumulación de fosas sépticas, de pozos negros e, incluso, de vertidos hechos directamente los ríos. “Encima, suelen estar en zonas de vega, donde el nivel freático [la primera capa de agua que se puede encontrar en cada zona bajo la tierra] está mucho más alto”, es decir, que es más fácil que se filtren los residuos.

Difícil solución

El último gran intento de solución por parte de la Comunidad de Madrid fue en 1985: se elaboró un catálogo de 137 urbanizaciones ilegales y se dio un plazo de dos años para regularizarlas como “núcleos urbanos”, entre otras cosas, para poder dotarlos de servicios. Pero solo llegaron a completar el proceso una treintena.

Ahora, la situación está tan enquistada, que las posibles soluciones se antojan tremendamente complicadas. Los geógrafos Daniel Devesa Crespillo, Antonio Romero Nieto, autores de un trabajo de 2014 sobre el tema, solo ven dos salidas y ambas con graves inconvenientes. La primera sería expropiar y realojar, como se está haciendo en las dos zonas más identificadas con el chabolismo: la Cañada Real, entre Madrid, Rivas y Coslada, y las Sabinas, entre los municipios de Móstoles y Arroyomolinos. Esta vía tendría dos problemas: el coste y la práctica imposibilidad de devolver la zona a su estado natural. La segunda solución sería la legalización, pero en este caso se tendría que eliminar la posibilidad de comprar y vender y los regularizados vecinos deberían asumir los costes, al menos en parte, de los nuevos equipamientos y servicios, algo que difícilmente iban a aceptar muchos de ellos. Así, mientras nadie decide entre Málaga o Malagón, todo el mundo parece más cómodo mirando hacia otro lado.