400 urbanizaciones se hallan en terrenos no urbanizables

Cataluña ha sido, en materia de urbanismo, un país con leyes más que laxas. Tiene 900 pueblos, pero 2.300 urbanizaciones, algunas de ellas claramente alejadas de los núcleos urbanos históricos. Y lo que es peor, en al menos 400 casos, construidas sobre terrenos no urbanizables, es decir, en clara infracción de la legalidad vigente. Las ilegales son el reino del caos, pero algunas de las legalizadas no son el paraíso. Al contrario, carecen en muchos casos de elementos tan necesarios hoy como abastecimientos de agua, conducciones de saneamiento, alumbrado público o asfalto en las calles.

El 70% de las 400 urbanizaciones ilegales son anteriores a 1975, año en el que falleció el último dictador de España, Francisco Franco. Hasta esa fecha, propietarios sin escrúpulos parcelaban, vendían, cobraban y desaparecían dejando un reguero de perjudicados, muchos ellos de economías humildes, que acababan por edificar ellos mismos sus viviendas, solos o con la ayuda de un amigo más o menos apañado.

El 70% de las 400 urbanizaciones ilegales son anteriores a 1975

Muchas segundas residencias se han convertido en primera vivienda

El Gobierno catalán ha decidido elaborar un anteproyecto de ley, aprobado ayer por el Consell Executiu y que será remitido ahora al Parlament. Se trata, explicó ayer el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, de intervenir en las más necesitadas de estas urbanizaciones con inversiones directas o líneas de crédito tanto a los municipios como a los parcelistas, sobre todo en aquellos casos en que se trata de propietarios de edad avanzada que han convertido la casita en primera residencia.

Quedan excluidas de estas ayudas las urbanizaciones manifiestamente ilegales, salvo que los municipios decidan legalizarlas.

El objetivo del plan, equivalente a la ley de barrios que está renovando los núcleos históricos degradados, es conseguir una inversión de unos 10 millones de euros anuales, que se destinarán a unas 20 urbanizaciones por año.

La primera medida tiene carácter experimental. El Ejecutivo catalán ha firmado convenios en pruebas con Alpicat, Castellvell del Camp, Corbera de Llobregat, Juncosa del Monmell, Masquefa, Lliçà d'Amunt, Maçanet de la Selva, Mediona, Vacarisses y Vidreres. Estos convenios suman 2,9 millones de euros, repartidos a partes iguales entre las 10 localidades.

Barcelona, con 1.142 urbanizaciones, es la provincia con más núcleos de este tipo. En Girona hay 560 y en Tarragona 550. En ellas viven más de 625.000 personas. El 60% de estas urbanizaciones carece de infraestructuras de saneamiento, el 61% tiene calles sin asfaltar y el 62% carece de alumbrado público.

Estas urbanizaciones produden, en opinión de Joaquim Nadal, un consumo desaforado e irracional de suelo y un incremento de la movilidad obligada, ya que estos núcleos carecen, en su inmensa mayoría de transporte público.

En los casos en los que sea posible, el Ejecutivo promoverá que las urbanizaciones dejen de crecer, de forma que no sean ocupados los terrenos aún libres de cemento. En total, hay unas 330.000 parcelas, la mitad edificadas, en las 2.300 urbanizaciones catalanas.