Doñana, ante un nuevo dilema: ¿dinero público para pagar a empresarios freseros infractores?

El plan previsto por el Gobierno para desactivar la proposición de ley de la derecha andaluza sobre los regadíos de Doñana incluye un peliagudo sudoku. En solo un mes el Ministerio para la Transición Ecológica debe consensuar con la Junta andaluza el destino de los 350 millones previstos para inversiones sociales en Huelva. Y el Ejecutivo autónomo pone como condición imprescindible, antes de retirar definitivamente su polémica norma, que parte de la lluvia de millones caiga sobre los empresarios freseros que han impulsado su polémica ley para convertir sus tierras de secano en regadíos junto a la reserva.

El dilema del Gobierno es que muchos de esos agricultores incumplen la legalidad y reciben multas por sus pozos ilegales y por levantar invernaderos sin permisos. Sanciones de los agentes medioambientales de la Junta, pero también del propio Gobierno, ya que pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, adscrita al Ministerio. Puede que el callejón tenga salida, pero desde luego es muy compleja.

¿Sienta un precedente peligroso que el Gobierno indemnice a empresarios sancionados por las autoridades? “¡Más peligroso es declarar una amnistía con un prófugo de la justicia y el Gobierno piensa hacerlo! Pedro Sánchez quiere solucionar Cataluña y al mismo tiempo pacificar Andalucía”, responde con pólvora Julio Díaz, portavoz de los agricultores, muchos con pozos sin permisos de aguas, integrados en la Plataforma de Regadíos del Condado.

Díaz admitió el pasado abril que los freseros que pretenden recalificar sus fincas a regadíos reciben multitud de multas, y ahora matiza que la mayoría son por infracciones contra la ordenación del territorio y “algunas” por extracciones ilegales de agua que han contribuido a dejar el acuífero de la reserva sobreexplotado. “Claro que hay multas por aguas más allá del cumplimiento de la ley, pero es que están [los agentes] visitando la misma finca hasta tres veces en una semana. Eso es hacer números para demostrar que actúan y ejercer presión. Allí hay drones y helicópteros”, se queja.

Los invernaderos de fresas ilegales —sin permisos de agua— están en el ADN de esta plataforma empresarial, con directivos como Javier Gutiérrez, gerente de la compañía Lujovi, que se enfrentó a los agentes medioambientales hasta que en 2020 tiró la toalla ante el aluvión de multas, y levantó sus invernaderos. La presión de estos freseros llevó hace casi dos años a la derecha y la ultraderecha andaluza a presentar en el Parlamento su proposición de ley para recalificar sus suelos, y ahora están en el centro del millonario plan para desactivar la ley.

Hay mucho dinero en juego: si la hectárea de una finca de secano tiene un precio medio de 10.123 euros, su tasación sube hasta los 140.362 euros en una hectárea plantada con fresón de regadío, según la encuesta anual de precios de la tierra de la Consejería andaluza de Agricultura.

La pregunta clave es si el Gobierno puede obviar las multas por infringir la ley, las condenas judiciales de cárcel por delito medioambiental que algunos arrastran, y premiarles con indemnizaciones para que sus fincas pasen a ser de titularidad pública y así salvar Doñana de su declive ecológico. Desde 2007 los agricultores de Doñana han recibido 49 condenas en casos impulsados por la Fiscalía de Huelva.

Mientras, la Junta metía presión este miércoles: “Si no se llega a un acuerdo con el Gobierno central, la ley se aprobaría tal cual a finales de octubre”, dijo el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, antes darles una aparente capacidad de veto a los empresarios freseros. “Si los agricultores se quedan satisfechos nosotros nos quedaríamos satisfechos y, por tanto, a partir de ahí podremos progresar”, añadió.

Los ecologistas alertan al Ministerio del peligro que supondría pagar con fondos públicos a los empresarios infractores. “Si el Gobierno les compra [a los agricultores] provocarán un efecto llamada indudable. El mensaje es ‘hagamos las cosas mal, que ya vendrá papá Estado a pagarnos’. ¿Con qué criterio se compraría? Hay que pintar el mapa y ordenar el territorio, pero no veo cómo podrá ser para premiar la especulación de la tierra”, advierte Juan José Carmona, responsable de WWF para Doñana.

Un problema añadido a la posibilidad de la compra de tierras por parte del Estado es que la titularidad de muchos terrenos es ya pública porque corresponde a los cinco Ayuntamientos de la comarca onubense de El Condado y son explotados por los agricultores en régimen de alquiler, por lo que es difícil que el Ministerio pueda compensarles sin ser propietarios.

La asociación de agricultores Puerta de Doñana, con permisos legales de agua, se ha opuesto estos dos años a la ley de la derecha andaluza. Si esta prospera, ante la perspectiva de falta de agua por la extrema sequía actual y la deriva de escasez de lluvias por el cambio climático, cada vez la tarta del agua será menor y habrá más comensales en juego, advierte. “¿La cuestión es premiarles después de cometer ilegalidades? Injusticias habrá, pero no 1.800 hectáreas de injusticias. Hay que distinguir los pelotazos de las pequeñas explotaciones cuya viabilidad se vea comprometida”, dice su portavoz, Manuel Delgado. Dadas las altas temperaturas y la poca lluvia caída, el pasado invierno la mayoría de freseros levantaron un 30% de sus cultivos porque la dotación de 4.500 litros por hectárea y año fue insuficiente. Ahora todos esperan restricciones en las dotaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir si este invierno no llueve a mansalva.

La plataforma de regantes que apoya la ley del PP y Vox, suspendida de momento, asegura que representa a 1.500 agricultores, pero esgrime que por cuestiones de privacidad no puede detallar sus miembros. Leandro del Moral, de la Fundación Nueva Cultura del Agua y catedrático de Geografía de la Universidad de Sevilla, critica la defensa cerrada que hace de ellos la Junta: “Toda la argumentación de [Juan Manuel] Moreno se apoya en la dimensión social, la gente, los cientos de familias de Huelva. ¿Cuándo vamos a disponer del listado de los beneficiados para comprobar hasta qué punto eso es cierto o no? De momento, los censos de usuarios legales y los datos oficiales y públicos no muestran eso. Sí, hay muchos, pero con poco, y pocos con mucho, mucha tierra y más aún agua. Nadie le da la importancia que tiene, salvo Moreno, claro, solo que en sentido contrario a la realidad”.

Las compras de terrenos en Doñana no son ninguna novedad. La última gran adquisición fue de la Junta, que se hizo hace un mes con 7.500 hectáreas de la finca Veta la Palma, al sur de la reserva, por 70 millones. Hace un año el Ministerio avanzó que disponía de 100 millones para próximas compras de fincas de regadío y antes, en 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy compró la finca de Los Mimbrales por 35 millones para liberar del uso agrícola sus 1.000 hectáreas.

Ahora en el centro de las cabezas para solucionar el sudoku está el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que este martes dijo ante los ecologistas de la plataforma Salvemos Doñana: “Queda mucha piedra que picar todavía, pero esto está bastante mejor de lo que estaba. Escucharemos a todos, es un proyecto de ordenación territorial y social. La gente tiene que sentir Doñana como suya y ahí hay que echar mucha carne en el asador”, resumió. Tras la visita de Morán, la policía multó a los ecologistas por concentración ilegal.

Para rebajar el optimismo de Morán, el biólogo y presidente del Patronato de Doñana, Miguel Delibes, resumió el estado de la cuestión con una metáfora deportiva: “Hemos salvado un match ball y debemos seguir jugando porque el partido continúa”.

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