Por qué legalizar riegos en una finca agrícola a 18 kilómetros de Doñana deteriora el parque
Explicación de la ley de ampliación de regadíos que quieren aprobar el PP y Vox a través de un ejemplo de cultivo de fresas en Rociana del Condado
Como se aprecia en las siguientes imágenes de satélite, una porción de estos campos de cultivo ha sido regada de forma ilegal en años recientes. Sin embargo, este es un ejemplo de los regadíos que pueden ser legalizados con la polémica ley tramitada por PP y Vox en el Parlamento de Andalucía.
“Empezaron a ponerme denuncias y dijimos ‘pagamos, pero dejadnos tranquilos’. Recibimos denuncias administrativas, pero de cabeza no recuerdo cuánto pagué, tendría que mirarlo”. Javier Gutiérrez, gerente de Lujovi SCA (Sociedad Cooperativa Andaluza), la empresa que cultiva frutos rojos en la finca El Gamo de Rociana del Condado (Huelva), cuenta cómo se enfrentó a los agentes medioambientales hasta 2020, cuando asegura que tiró la toalla y desmontó los invernaderos de fresas ilegales.
Como directivo de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, este agricultor fue invitado el martes al Parlamento de Andalucía para hablar sobre la proposición de ley que amplía regadíos junto a Doñana. Dio su apoyo a la norma en las mismas comparecencias en las que PP y Vox evitaron que se pronunciaran científicos contrarios a esta iniciativa por su impacto en el parque nacional, a excepción del biólogo Miguel Delibes de Castro, que sí pudo mostrar su rechazo en la Cámara andaluza tras ser vetado en un principio.
En su intervención, Gutiérrez se quejó del plan de la fresa vigente desde 2014 que la derecha quiere ahora alterar, del que se considera perjudicado. El empresario fresero aseguró que el plan de 2014 cometió “una injusticia” con su finca, comprada en 1986, al partirla en dos mitades, una legal y otra ilegal, casi tres décadas después. Luego en los pasillos del Parlamento, reconoció a EL PAÍS que hasta 2020 regó de forma irregular y admitió: “Si la ley se aprueba mañana, iré a la oficina a regularizar el terreno”.
¿Qué implica la legalización de estos regadíos? El lunes los invernaderos de El Gamo ya estaban levantados tras el fin de la temporada de fresas, y varios operarios fumigaban la tierra para evitar plagas. Según afirma el propio Gutiérrez, con la aprobación de esta normativa, espera ganar unas 20 hectáreas de regadíos que hoy son de secano.
El empresario fresero no lo dice, pero el primer efecto inmediato que provocará la ley tramitada por vía de urgencia en el Parlamento andaluz será la recalificación de las nuevas hectáreas que se regularicen —la Junta estima que serán 748 y la organización ecologista WWF las eleva a 1.900—, que al pasar a suelo regable pueden multiplicar por 14 veces su valor.
Si la hectárea de una finca de secano tiene un precio medio de 10.123 euros, su tasación se eleva hasta los 140.362 euros en una hectárea plantada con fresón de regadío, según la encuesta anual de precios de la tierra de la Consejería andaluza de Agricultura, que mide la evolución del nivel de precios medios ponderados por provincia. “Esto es un asalto más al erario público. A muchos agricultores se les abrieron los ojos cuando el Ministerio dijo que tiene 100 millones para comprar fincas de regadío. La recalificación de suelo es la única fórmula que tendrían [los agricultores] para intentar que les compren las fincas a precios superiores a los actuales”, critica Juan José Carmona, responsable de WWF para Doñana sobre el súbito incremento de valor de estos terrenos.
El PP defiende que el aumento de regadíos no afecta al parque nacional porque se trata de terrenos agrícolas fuera del espacio protegido y porque asegura que se regarían con agua superficial supuestamente llevada desde el oeste de Huelva. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica prevé que estos 15 hectómetros cúbicos de agua superficial que vendrán cuando se construyan las canalizaciones, para 2025 o 2027, serán para los agricultores que hoy extraen agua del subsuelo.
Teóricamente, esto permitiría cerrar sus pozos legales y así lograr que se recupere el nivel del acuífero del que depende Doñana, declarado “sobreexplotado” y en su peor estado en décadas. Pero si sigue adelante la nueva ley andaluza, PP y Vox aumentarán las tierras de regadío en el entorno de la reserva y estas nuevas fincas captarán parte del agua superficial prometida. Esto hará que el número de pozos legales que se cierren sea menor y el acuífero se recupere más lentamente, si es que algún día lo logra tras acabarse la sequía extrema y volver las lluvias.
Acuífero de Almonte-Marismas
El acuífero que nutre de agua a Doñana tiene una extensión de 2.700 km2. Las corrientes están conectadas, por lo que los usos dentro de la red acaban afectando al caudal final
Acuífero
Parque
Doñana
Masas de agua
en riesgo
Almonte
La Rocina
Marismas
Río
Guadalquivir
La finca El Gamo está situada en la orilla del Arroyo La Moraima, dentro de la masa de agua de La Rocina.
Marismas
de Doñana
10 km
Fuente: IGME-CSIC.
EL PAÍS
Acuífero de Almonte-Marismas
El acuífero que nutre de agua a Doñana tiene una extensión de 2.700 km2. Las corrientes están conectadas, por lo que los usos dentro de la red acaban afectando al caudal final
Acuífero
Parque
Doñana
Masas de agua
en riesgo
Almonte
La Rocina
Marismas
Río
Guadalquivir
La finca El Gamo está situada en la orilla del Arroyo La Moraima, dentro de la masa de agua de La Rocina.
Marismas
de Doñana
10 km
Fuente: IGME-CSIC.
EL PAÍS
El acuífero de Almonte-Marismas del Guadalquivir
El acuífero que nutre de agua a Doñana tiene una extensión de 2.700 km2. Las corrientes de la zona están conectadas, por lo que los usos dentro de la red hidrográfica acaban afectando al caudal final
Acuífero
Parque
Doñana
Acuífero Almonte-
Marismas del
Guadalquivir
Almonte
La Rocina
Marismas
La finca El Gamo está situada en la orilla del Arroyo La Moraima, dentro de la masa de agua de La Rocina.
Río
Guadalquivir
Masas de agua
declaradas en riesgo
10 km
Fuente: IGME-CSIC.
EL PAÍS
Por otro lado, a pesar de la considerable distancia al parque nacional, la finca El Gamo está ubicada junto al arroyo La Moraima. Según los hidrogeólogos consultados, esta cercanía provoca que el caudal del arroyo descienda si se extrae agua del subsuelo para regar, lo que hace que la cantidad final de agua superficial que llega a la marisma también caiga. La Moraima es un afluente del arroyo El Partido, aporte de agua fundamental para las marismas de la reserva. Incluso con las lluvias recientes, el lunes el caudal del arroyo que rodea a El Gamo no superaba el medio metro de ancho.
La biodiversidad de Doñana ha bajado en picado, aclaran los biólogos, y el agua es el factor clave para que la fauna y la flora prosperen y sobrevivan, un empeño cada vez más cuesta arriba en plena sequía, y dificultado por las fincas de fresas, cerca y lejos del parque. Más allá de la disputa política, lo cierto es que la finca de El Gamo, al igual que otras muchas explotaciones freseras del entorno de Doñana, están sobre el mismo acuífero que se extiende bajo el parque. “Todo el acuífero está interconectado, es lo mismo. No hay forma de poner límites nítidos entre las diferentes zonas que conforman el acuífero. Toda agua que le quites al arroyo de La Rocina y El Partido [donde acaba La Moraima] se lo estás quitando a la marisma”, zanja Carolina Guardiola, hidrogeóloga del Instituto Geológico y Minero del CSIC y que estudia Doñana desde hace 20 años.
¿De dónde sale el agua para los nuevos regadíos? Paradójicamente, uno de los mayores problemas de la ley que promueven PP y Vox es que pretende ampliar regadíos sin que esté claro de dónde va a salir el agua extra. La norma no puede asegurar aportes hídricos, al ser una competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Eso sí, recalifica los suelos como regables y sus dueños se pondrán a la cola para exigir agua superficial a la Confederación, que elegirá si prima a los agricultores hoy con pozos legales para que el acuífero se recupere, o a los que hoy carecen de pozos o tienen captaciones ilegales, y pospone que el nivel freático suba a sus niveles de antaño. “A veces pienso que como los magos ustedes nos distraen con algo estrambótico como es declarar regable una zona sin agua para ocultarnos un truco escondido en otro sitio”, incidió Miguel Delibes el martes en el Parlamento de Andalucía.
Aparte de la ausencia de otros científicos en las comparecencias, sorprende también que no se escuchara en la Cámara andaluza a agricultores que no han cometido irregularidades con el riego. El otro fresero que intervino, Joaquín Regidor, directamente dio a entender en su turno de palabra que había regado de forma ilegal. Como el gerente de Lujovi, él también se presentó como afectado. Se quejó de que el plan vigente de 2014 se elaborase en base a una foto tomada desde el cielo en junio de 2004 y que todas las tierras que esos días no tenían invernaderos —algunos desmantelados por el fin de la campaña— fueran desde ese instante calificados como secano. Mientras que la Junta considera que la nueva ley es necesaria para corregir “los errores” de esa foto, la oposición estima que el plan de 2014 ya contemplaba una oficina técnica a la que pueden recurrir estos agricultores que se consideran perjudicados.
“¿Es justo que la foto aérea se tomara unos días antes de que yo empezara a cultivar, solo unos meses después?”, preguntó Regidor, de 42 años, a los diputados. Este agricultor asegura que recurrió las denuncias que le impusieron los agentes medioambientales, pero cuando el Seprona acudió a su finca de Lucena del Puerto en 2021 y le informó de que estaba imputado y le podían caer de dos a cuatro años de cárcel, abandonó sus invernaderos.
Esta acción policial junto a la Fiscalía de Medio Ambiente ha llevado a los freseros a presionar a los políticos para pedirles una ley que rebautice sus tierras y así acabar con sus problemas con la justicia. La Fiscalía de Huelva denunció en 2019 a Lujovi SCA por un delito contra el medio ambiente al sobrepasar en 28 veces el volumen de agua con permiso de extracción en una de sus fincas. Hace un año el Juzgado número 1 de La Palma del Condado dictó auto de procedimiento abreviado contra la firma y su presidente, resolución recurrida por la empresa fresera ante la Audiencia de Huelva.
Mientras tanto, el estado del parque nacional va empeorando. “Calamitoso” y “desolador” son los adjetivos que condensan la mayoría de las opiniones científicas sobre la salud de la reserva, en superficie y subterránea. La Estación Biológica de Doñana ha advertido del “insostenible punto crítico” que sufre el parque, con más de la mitad de sus humedales desaparecidos y la muerte de parte de su fauna y árboles.
Regadíos ilegales en Doñana
Más de 1.500 hectáreas se riegan de forma irregular en el entorno del parque natural, según WWF/CHG.
Cultivos de
regadío ilegales
Moguer
Almonte
Regadío
legal
Parque Natural
de Doñana
El Rocío
Mazagón
Océano
Atlántico
Parque
Nacional
5 km
Regadíos ilegales en Doñana
Más de 1.500 hectáreas se riegan de forma irregular en el entorno del parque natural, según WWF/CHG.
Cultivos de
regadío ilegales
Moguer
Almonte
Regadío
legal
Parque Natural
de Doñana
El Rocío
Mazagón
Océano
Atlántico
Parque
Nacional
5 km
Regadíos ilegales en Doñana
Más de 1.500 hectáreas se riegan de forma irregular en el entorno del parque natural, según WWF/CHG.
Cultivos de
regadío ilegales
Moguer
Almonte
Regadío
legal
Parque Natural
de Doñana
Mazagón
El Rocío
Parque
Nacional
Océano
Atlántico
5 km
Han desaparecido especies de peces y plantas acuáticas ante el deterioro de los humedales. De los 121 alcornoques analizados, han muerto el 8% y un 10% está en muy mal estado. “El primer efecto es que no hay cría de ninguna especie de aves en la marisma desde hace cuatro años, porque no tiene agua y es un desierto. Esto revela una situación muy dramática. Hay un claro desequilibrio en el motor de la región, que es el agua. Al entorno de Doñana le va de maravilla y al espacio fatal”, resume Ricardo Díaz, investigador de la Estación Biológica de Doñana especializado en teledetección aplicada a la ecología.
Bajo tierra, el acuífero 27, llamado Almonte-Marismas y que abarca 2.700 kilómetros cuadrados, está declarado “sobrexplotado” desde hace tres años y tres de sus seis masas de agua están “en riesgo de no alcanzar buen estado”. Piezómetros —que miden el nivel del agua subterránea— como el Ojillo y Mogea han descendido hasta cinco y seis metros, con valores inferiores a 1995, el mínimo histórico.
¿Qué implica esta alerta ecológica? La Confederación tiene pendiente de culminar junto al Instituto Geológico y Minero un plan de extracciones que fije a los pozos de la agricultura intensiva el caudal que pueden sacar del subsuelo, para así permitir que el acuífero se recargue y vuelva a la normalidad. Más de 1.000 días después, los trabajos continúan mientras la reserva se acerca a un punto de no retorno, alertan los expertos.
Mientras, el cielo no ayuda a paliar el avispero político y este invierno en Doñana ha llovido 346 litros por metro cuadrado, cuando la media son 540 litros. La sequía en la cuenca del Guadalquivir ya es la “más extensa y profunda” desde 1970, según la Confederación Hidrográfica.
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