Los supermercados españoles quieren una garantía de que las fresas que venden no dañan Doñana
Tras el revuelo por el plan de ampliación de regadíos junto al parque, algunas grandes cadenas de alimentación siguen la estela de las europeas y exigen a los freseros de Huelva certificar la legalidad del agua para los cultivos
Algo se ha movido en los despachos de las grandes cadenas de supermercados españolas este invierno. La fresa, en el epicentro de la polémica medioambiental y la trifulca política por el declive de Doñana, hace un año y medio que acapara las protestas ecologistas y de los consumidores concienciados con la sostenibilidad. Desde que PP y Vox lanzaron su primera proposición de ley en el Parlamento andaluz para ampliar los regadíos junto a la reserva. Y estas quejas verdes comienzan a cuajar. Las cadenas de alimentación han visto que la cuota del consumidor que no quiere dañar el medio ambiente con su cesta de la compra crece. Y la mayoría han seguido la estela de las europeas para exigirle a los productores freseros onubenses que demuestren que no contribuyen a desecar los valiosos humedales.
“La foto ha cambiado sustancialmente hoy. Hay una mayor preocupación que viene de antes del ruido político. La mayoría de empresas grandes ya exigen Spring [el sello que garantiza el agua legal en una finca] y las más pequeñas, unas lo tienen y las otras están en ello. La detección del fraude no creemos que supere el 5% del total de certificaciones”, valoran fuentes del sector de la alimentación cercanas a las cúpulas de las cadenas alimentarias.
Sin embargo, ese optimismo tiene matices. La sostenibilidad ha cundido en cadenas españolas como Eroski (un 4% de cuota de mercado), la francesa Carrefour (7%) y las alemanas Lidl (6%) y Aldi (1,5%), cuya expansión sigue al alza. Las cuatro apuestan por el sello Spring o similares, aunque solo Aldi garantiza que el próximo invierno todas sus fresas dispondrán de esta garantía —en 2022 fue el 65% de sus 400 tiendas— y las otras tres lo implantan de manera progresiva.
La cadena más presente en el país, Mercadona (27% de cuota), defiende su nivel de exigencia, pero todavía no ha dado el paso de que sus productores freseros demuestren que sus fincas están incluidas en la cartografía oficial de fincas legales. A preguntas de este diario, una portavoz se limitó a explicar que “todos sus proveedores cuentan con certificados que garantizan las buenas prácticas medioambientales”.
Ante la sequía extrema que sufre Andalucía, el acuífero de Doñana está bajo mínimos. Los científicos han comprobado que tanto las extracciones de agua subterránea de las fincas legales [con derechos de agua adquiridos] como de las ilegales contribuyen a desecarlo y a que la biodiversidad esté en situación crítica. Pero la supervivencia de los ilegales está sobre la mesa porque la proposición de ley de la derecha andaluza propone rebautizar sus fincas como legales y aumentar la presión. Mientras, la creciente ola de los certificados ecológicos para pedirles papeles, reduce su margen de venta ante los compradores, cada día más estrictos.
Una encuesta exprés de la patronal Interfresa entre 585 empresas, ha dado como resultado que 480 de ellas tienen el sello Spring (el 82%) y de las 105 que carecen de él, “40 están en proceso de certificación”, según una portavoz.
Esta semana las sabrosas bayas de Huelva y su efecto sobre la desecación de Doñana con los pozos ilegales han acaparado de nuevo la atención tras la suspensión del viaje de los diputados del Bundestag alemán, que para no interferir en las elecciones generales dieron marcha atrás y lo cancelaron estando ya en Madrid y antes de visitar Andalucía. La retirada de los parlamentarios por sorpresa evidenció un problema que ha sido casi tabú durante estos 18 meses de polémica: la derivada económica puede ser catastrófica para el sector de la fresa.
La amenaza está más viva que nunca, con una campaña en Alemania que pide el boicot de las fresas españolas y los avisos de las cadenas europeas sobre que el Gobierno andaluz está jugando con fuego. El 80% de la producción de frutos rojos viaja a los mercados europeos y Alemania acapara el 31% de esta exportación en camiones, traducida en un negocio de 448 millones, según cifras de la Junta andaluza sobre comercio exterior.
“Seguimos muy de cerca los acontecimientos políticos y estamos en contacto con el Gobierno andaluz. Hace un año ya expresamos nuestra preocupación por la protección medioambiental en Andalucía en nuestra carta”, advierte por correo electrónico una portavoz del gigante alemán Edeka, con 11.000 tiendas. Sobre esa misiva, firmada por 23 cadenas de alimentación europeas hace un año, la mayor cadena alemana de supermercados alertó: “Con su propuesta de ley, el Gobierno andaluz está poniendo en peligro la supervivencia del parque nacional de Doñana, pero también el futuro de la agricultura local”.
La consejera andaluza de Agricultura, Carmen Calvo, ha intentado esta semana aplacar las críticas de Edeka, Aldi, Lidl y Rewe, todos ellos firmantes de la carta, y se ha reunido con representantes de las cadenas para “contrarrestar el daño reputacional”, en sus palabras, y minimizar los posibles daños económicos al sector a raíz de la campaña de boicot y la visita frustrada de los diputados alemanes.
Está por ver si la campaña tendrá algún efecto en las compras de la temporada del próximo invierno, cuyos acuerdos comerciales se cierran este verano.
Pero la inquietud y posible repercusión económica por la gestión política de los regadíos junto a Doñana no solo viene de Alemania. “Las fincas ilegales no deberían ser legalizadas porque contribuyen a la terrible situación de Doñana. Observamos el desarrollo de Huelva muy de cerca y con preocupación”, alerta un portavoz de la cadena suiza Migros, con 635 supermercados y que el año pasado compró 1.800 toneladas a tres grandes productores onubenses. Con la misma preocupación se expresa un portavoz de la cadena sueca Valora, con 2.700 puntos de venta: “Deberían adoptarse las medidas apropiadas para asegurar la sostenibilidad del agua y el suelo de Doñana a largo plazo. Si esto no sucede, creemos que la reputación y el desarrollo de Andalucía como suministrador de fresas están en riesgo”.
La cadena suiza Coop, con 960 supermercados, recibe cartas cada cierto tiempo de sus consumidores sobre si las fresas que compran deterioran Doñana. “Estamos comprometidos con preservar el equilibrio ecológico del parque nacional de Doñana”, señala una portavoz de la cadena, que contrata empresas especializadas en verificar la cartografía de sus fincas proveedoras a través de satélites.
El crecimiento del sello Spring en España es paralelo a su expansión en el mundo, donde se ha cuadriplicado en los dos últimos años al pasar de 2.185 a 8.051, según confirma Alejandra Pistagnesi, responsable para Latinoamérica de la certificadora alemana Global Gap, que concede dicha garantía. Pero al ser un sello exigente y caro para el agricultor, su expansión solo llega cuando el supermercado se lo exige. El productor debe aportar el origen y la identificación de las fuentes de agua, sus instalaciones de almacenamiento y sistemas de distribución y riego, una evaluación de riesgos de impacto medioambiental, un plan para mitigarlos, etcétera. “Tienes que demostrar que eres más eficiente y te planteas retos, con riego a demanda y sondas de humedad. Tienes una evaluación, notas de campo, auditorías anunciadas y por sorpresa cada cierto tiempo. Es un sinfín de documentos”, confía una ingeniera agrónoma que pide anonimato.
Ignacio González, auditor de la certificadora Agrocolor, apunta: “La demanda de Spring ha crecido bastante estos últimos años porque la sequía y la necesidad de agua preocupa mucho, pero calculo que estará en torno al 40% de las fincas en Huelva”, dice rebajando el optimismo de la patronal, cuya encuesta duplica dicho porcentaje.
Al margen de la implantación progresiva del sello que garantiza no deteriorar Doñana, el sector fresero contempla el escenario con gran inquietud. La competencia es feroz por el éxito en las estanterías de los frutos rojos y cada vez más regiones, como Aragón, se suman al carro de su producción y venta, muy asentadas en el primer competidor de Andalucía, Marruecos, pero también en la propia Alemania. “Percibo mucha indignación en el sector. La proposición de ley ha despertado una imagen mala en el sector y en un pueblecito de Alemania son cuadriculados y no conocen qué fincas son legales y cuáles no, solo dejarán de comprar si se convence de que contribuye a dañar Doñana”, incide la ingeniera.
Nuevos capítulos de la pelea política
El enfrentamiento entre el Gobierno y la Junta andaluza (PP) no cesa. La precampaña de las generales ha provocado que los reproches por la proposición de ley de PP y Vox para aumentar los regadíos junto a Doñana se multipliquen casi cada día. Este viernes, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, acusó al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, de disparar “con pólvora del rey” por hacer declaraciones sin tener en cuenta sus consecuencias. A pesar de sus críticas, tendió la mano al Ejecutivo autonómico para dialogar (sin poner como condición la retirada de la proposición de ley), “una vez que ya ha conseguido el rédito electoral que quería [en referencia a Moreno], hacerse muy probablemente con la Diputación de Huelva”.
La Junta respondió al Gobierno al pedirle que cesara en “sus insultos”. “Les pedimos que cambien esa lista de insultos por una lista de propuestas, y si tienen algo que aportar en positivo a Andalucía, la mejor manera es en el Parlamento”, ha dicho el portavoz del Ejecutivo y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco.
Mientras, los científicos ven con perplejidad la pelea dialéctica, que excluye las reuniones para coordinar esfuerzos. “La solución es que los políticos hagan su trabajo de gestión, que es deficiente y lleva muchos años de retraso. La agricultura y el medio ambiente en Doñana dependen de la Junta, en la que antes estaba el PSOE”, censura Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana CSIC. “La proposición de ley dificulta todavía más la solución a la falta de gobernanza. Hay muchas leyes que aplicar, pero estamos en elecciones y no se aplica el sentido común. Es evidente que a los políticos tampoco les interesa la sostenibilidad económica de la zona. A base de repetir mentiras no se vuelven verdad, la realidad es la que es”, remacha.
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