Los últimos prófugos de ETA se ocultan en ocho países de tres continentes

La misma fotografía borrosa del etarra José Luis Eciolaza Galán, alias Dienteputo, aparece en la página web de la Policía Nacional y en la de la Guardia Civil desde las que se pide la colaboración ciudadana para localizar a prófugos. La imagen es antigua, pero es la mejor que los expertos de la lucha antiterrorista tienen del que fuera integrante del comando Goierri Kosta ―responsable de una veintena de atentados con víctimas mortales― y dirigente de la banda armada. Las pesquisas policiales lo han situado en los últimos años oculto entre México y Venezuela, aunque recientemente han aparecido indicios de que vive en la provincia argentina de Córdoba dedicado a la hostelería.

Eciolaza ―que fue condenado a comienzos de los años noventa a dos años de prisión en Francia y desde entonces nunca ha vuelto a ser detenido― es uno de los etarras que, más de seis años después de la disolución de la organización terrorista y casi 13 desde que esta anunció el fin de los atentados, aún tienen causas pendientes con la justicia española. Saber cuántos son exactamente no es sencillo. “No hay un listado oficial”, reconocen fuentes de la lucha antiterrorista. De hecho, la Policía Nacional trabaja con una relación de 22 antiguos terroristas de los que le consta que tienen requisitorias internacionales (órdenes judiciales de localización) tanto de la justicia española como de la francesa. La Guardia Civil eleva los buscados a 35.

También tiene más de 30 identidades el listado que maneja la red #StophuidosETA, del colectivo de víctimas Dignidad y Justicia, que recaba información para facilitar su localización. Las propias webs de la Policía y la Guardia Civil en las que aparece la foto de Dienteputo son un reflejo de esta disparidad de cifras. La del primer cuerpo solo muestra en su lista de los más buscados la imagen de este y de otros dos etarras, Iñaki de Juana Chaos y Oier Eguidazu. El instituto armado añade otros 12 nombres en la suya.

Donde sí hay coincidencia entre los expertos de la lucha antiterrorista es en situar a la mayoría de los prófugos en ocho países de tres continentes. Se trata de Argentina, Brasil, Venezuela, Cuba, Uruguay, México, Cabo Verde y Francia. También coinciden en admitir la dificultad de lograr la entrega a la justicia española de buena parte de ellos, a pesar de que sobre algunos se ha conseguido averiguar, no solo el país en el que residen, sino incluso la dirección exacta en la que viven o cómo se ganan la vida. La falta de colaboración de las autoridades de algunos de los Estados donde se refugian convierten su extradición en misión casi imposible, señalan fuentes policiales.

El tiempo también juega en contra de que finalmente se sienten en el banquillo de los acusados. La reforma del Código Penal de 2010 que declaró la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo que hubieren causado la muerte de una persona, no afecta a aquellos que cometieron sus delitos antes de esa fecha y, por tanto, estos prescriben a los 20 años. En los últimos años varios etarras se han acogido a esta última circunstancia para retornar a España ya sin causas pendientes.

Entre los países que menos colaboran, las fuentes policiales señalan a Venezuela, donde las fuerzas de seguridad sitúan a entre siete y nueve antiguos etarras con causas pendientes. Uno es De Juana Chaos, miembro histórico del comando Madrid de ETA, con él cometió una veintena de asesinatos en los años 80. Tras cumplir condena en España, De Juana se trasladó a Irlanda, de donde desapareció en 2010 para evitar ser entregado tras ser acusado por un juez de la Audiencia Nacional de enaltecimiento del terrorismo. Las fuerzas de seguridad lo sitúan en el país sudamericano, al menos desde 2012, donde ha regentado una licorería.

También en Venezuela está Eguidazu ―uno de los tres etarras cuya imagen aparece en las webs de la Policía Nacional y la Guardia Civil y al que se vincula con atentados cometidos por el comando Andalucía a finales de los años noventa― y Asier Guridi Zaloña, Gari, reclamado por la justicia francesa y al que en España se le vincula con Ekin, la extinguida estructura política de ETA. Guridi fue arrestado por las autoridades venezolanas en 2013, aunque finalmente no fue extraditado. En diciembre de 2021, consiguió la condición de refugiado, según anunció él mismo en las redes sociales. En los últimos años, ha protagonizado diversas protestas ante la embajada de España.

Menos certezas hay sobre la presencia en Venezuela de Eusebio Arzallus Tapia, Paticorto. Antiguo jefe del aparato logístico de la banda, se sabe que estuvo años oculto en Nicaragua, país del que tuvo que huir en 1993 tras estallar un depósito de armas clandestino con el que estaba vinculado. Desde entonces, se le ha situado siempre en Latinoamérica, a veces vinculado a grupos de crimen organizado. Desde la detención, en 2019, de José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, es considerado el etarra de más peso en libertad. Paticorto llegó a figurar en el fichero elaborado por el Gobierno de EE UU en 2002 de “terroristas mundiales especialmente destacados”. En la banda, era el responsable de las purgas. “Nos derrumba, nos tira por tierra, nos humilla, nos acusa y nos deja en la más absoluta de las miserias mentales y físicas”, recogió en su diario una etarra que sufrió sus interrogatorios.

En Francia, la policía sitúa a seis etarras prófugos y la Guardia Civil, a 13. Uno de ellos es Alberto Plazaola, quien en diciembre de 2014 fue puesto en libertad por la Audiencia Nacional tras permanecer 24 años en prisión, seis de ellos en Francia, por dos asesinatos frustrados. Aquella excarcelación fue anulada por el Tribunal Supremo en marzo de 2015, que decretó su inmediato reingreso en prisión, pero para entonces Plazaola había abandonado su casa en Gipuzkoa. Seis meses después, la policía gala lo detuvo a petición de España, pero un tribunal francés paralizó su entrega y ordenó su puesta en libertad por un defecto de forma. Desde entonces, Policía y Guardia Civil lo mantienen en la lista de prófugos.

Algo similar ocurrió en México, Brasil y Uruguay con otros tantos etarras. En el primer país, donde hay entre dos y cuatro miembros de la banda con órdenes de detención, fue detenido, en mayo de 2015, Hilario Urbizu San Román, acusado de varios asesinatos. Sin embargo, los tribunales del país norteamericano rechazaron meses después la entrega del etarra, que ya tenía la nacionalidad mexicana. Parecidos procesos se vivieron con Joseba Gotzon Vizán González, Potxolín, en Brasil, y Jesús María Lariz Iriondo, Maki, en Uruguay, acusados de participar en atentados con bombas que no causaron víctimas a finales de los años ochenta. Vizán y Lariz fueron detenidos y encarcelados mientras jueces de estos países estudiaban las solicitudes de España para su extradición, que finalmente rechazaron al considerar que sus delitos estaban prescritos. Con estas decisiones, se cerró de manera casi definitiva la posibilidad de una futura entrega de todos ellos, admiten fuentes policiales.

Igualmente imposible parece la extradición por parte de Cuba de José Ángel Urtiaga Martínez, Garrutxu, procesado por la Audiencia Nacional en el sumario abierto para investigar la colaboración de ETA con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las autoridades de La Habana desoyeron la orden internacional de detención que en 2010 dictó un juez español. En la isla caribeña también está supuestamente el exjefe etarra Miguel Ángel Apalategi, Apala, señalado por su presunta implicación en la desaparición, en 1976, del también dirigente de ETA Eduardo Moreno Bergareche, Pertur.

En Cabo Verde, por donde llegaron a pasar 19 miembros de ETA en los años ochenta, solo permanece uno en busca y captura, según coinciden en recoger los listados manejados por Policía Nacional y Guardia Civil. Se trata de José Antonio Olaizola Atxukarro, acusado de ocho asesinatos. Hasta hace menos de un año, eran tres los etarras asentados en este archipiélago africano, pero dos de ellos ―Emilio Martínez de Marigorta y Félix Manzanos― regresaron a España tras haber prescrito los delitos de los que estaban acusados.