El juez Velasco pide que Venezuela extradite al etarra De Juana

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha pedido este jueves al Gobierno que reclame a Venezuela la extradición del etarra José Ignacio de Juana Chaos, reclamado por la justicia española para responder de un delito de enaltecimiento del terrorismo. De Juana, que pasó 21 años en prisión por 25 asesinatos y salió de la cárcel en 2008, regenta una licorería en la localidad costera de Chichiriviche.

La Embajada de España en Venezuela localizó a De Juana en ese establecimiento el pasado 21 de marzo, más de un mes después de que un medio de comunicación, El Mundo, lo ubicara allí. No fue hasta dos meses después, el 21 de mayo, cuando la Guardia Civil informó oficialmente al juez Velasco, instructor de la causa contra De Juana por enaltecimiento, del avistamiento del etarra en el país caribeño.

La investigación por enaltecimiento del terrorismo se abrió el 2 de agosto de 2008, día de la salida de la cárcel del etarra. Ese día, un grupo de jóvenes que salió de la herriko taberna situada en la calle Juan de Bilbao, cortó esa vía y colocó diversas pancartas de apoyo a los presos de ETA. En esa acción, en la que los periodistas fueron amenazados para que no grabaran nada, se leyó una carta entregada por el propio De Juana para que fuera leída en su nombre. En esta misiva, según Velasco, “se hacía un llamamiento a la continuación de la lucha armada”, por el uso de la expresión en euskera “aurrera bolie” (adelante con la pelota).

De Juana huyó de España en noviembre de 2008 después de que rechazara declarar voluntariamente en esta causa y se dictara contra él un auto de busca y captura e ingreso en prisión por esta causa de enaltecimiento. El etarra se instaló en Belfast (Irlanda del Norte), pero huyó de allí cuando el Reino Unido accedió a su entrega a España en marzo de 2010.

El terrorista se enfrenta a una investigación por un presunto delito de justificación pública de actos terroristas propios y humillación a las víctimas, penado con entre uno y dos años de prisión e inhabilitación.