Cabo Verde, dispuesto a estudiar "caso por caso" la acogida de más 'etarras'

Distintos altos cargos del Gobierno de Cabo Verde han mostrado a este diario la disponibilidad de este país a estudiar "caso por caso" la acogida de más etarras deportados desde Argelia. Actualmente son 15 los activistas que, "en régimen de absoluta libertad y voluntariedad", residen en estas islas, tras fugarse en junio de 1987 los polimilis Elena Bárcena, Amaya Eguiguren e Iñaki Etxarte, y en octubre de ese mismo año el también polimili Iñaki Rodríguez Muñoa.

Esta última fuga -que trascendió ahora y fue negada recientemente por el diario Egin que citaba fuentes de los deportados ha sido confirmada tanto por las autoridades de Cabo Verde como por fuentes de la lucha antiterrorista española.El último envío de etarras a este archipiélago africano se produjo el 9 de mayo. El comunicado emitido ese día por las autoridades caboverdianas define a los diez activistas expulsados de Argelia como "miembros de la organización vasca ETA", cuya "acogida tiene un carácter esencialmente humanitario, siendo su presencia en el país voluntaria y en régimen de libertad".

Los diez activistas ahora deportados han sido divididos inicialmente en dos grupos no precisados por las fuentes informantes. Cuatro de ellos se hallan ubicados en la isla de Santo Antao -al norte del archipiélago, con 44.000 habitantes y 779 kilómetros cuadrados- y los seis restantes se han ido a sumar a la colonia de cinco etarras asentada en la también septentrional isla de San Vicente (227 kilómetros cuadrados y 42.000 habitantes).

Antonio Lima, director general de Asuntos Políticos del Ministerio de Asuntos Exteriores caboverdiano, reitera que su país puso como condición para aceptar a estos diez nuevos deportados que vinieran por su propia voluntad. Este alto cargo precisó asimismo que España deseaba que Cabo Verde acogiera a un número mayor de etarras, pero las autoridades de este último país prefirieron estudiar la propuesta con más calma. Lima pone como ejemplo del trato humanitario recibido por los deportados más veteranos el hecho de que al darles a escoger entre la República Dominicana y Cabo Verde, optaran todos ellos por este último país.

Los mismos derechos

En virtud de ese supuesto trato exquisito, las autoridades de Cabo Verde no entienden las razones que hicieron huir a cuatro polimilis en 1987. "Tenían los mismos derechos que los caboverdianos: derecho a moverse libremente, a la sanidad, al trabajo y a tener casa. Lo único que no podíamos solucionar era la saudade (añoranza) de su tierra. Pero se fueron sin la cortesía de avisar al Gobierno".Los activistas de ETA circulan libremente entre las diez islas y cinco islotes -4.033 kilómetros cuadrados- que forman este archipiélago africano, si bien han de comunicarlo a las autoridades para evitar, como dice este alto cargo, que puedan tener "un accidente que pueda ser mal interpretado". "Tenemos delincuentes. No somos un paraíso", exclama Lima.

El historial delictivo anual de los delincuentes locales -diez asesinatos en todo el país- palidece ante el de algunos de los etarras deportados: José Antonio Olaizola, miembro de un comando implicado en 31 asesinatos; José Miguel Bustínzar, cinco muertes; Emilio Martínez de Marigorta, siete, o Félix Manzanos, seis.

Lima agregó que los cuatro polimilis fugados tenían solicitado ante las autoridades caboverdianas ir a otro país. El Gobierno de este país africano gestionaba su envío cuando se produjo la huida. Pese a esa fuga, las autoridades caboverdianas no incrementaron el control policial sobre los deportados.

El "pacto entre caballeros", según Lima, establecido entre las autoridades caboverdianas y los deportados se circunscribe a que éstos no abandonen el país sin avisar. "Pueden irse cuando quieran, en 24 horas preparamos el avión, si encuentran un país que quiera acogerles", explica.

Las autoridades de Cabo Verde niegan que empleen esta acogida de deportados como pieza de trueque en materia comercial con España, si bien admiten que esta cuestión genera "una mutua confianza entre los dos países". No obstante, añaden que no ha habido un salto destacado en las ayudas recibidas por parte de España tras acoger a los etarras.

Por su parte, Armando da Silva, comandante general de las Fuerzas Armadas de la Seguridad de Cabo Verde, explicó que los etarras no reciben directamente el dinero que envía España para costear su estancia. Estos fondos -no precisados por las autoridades del país-, son gestionados por el Estado caboverdiano y se paga con ellos la casa, la alimentación y la atención sanitaria de los deportados. El teléfono y demás gastos corren a cargo de los activistas, que los sufragan con dinero que reciben, de sus familiares y de organizaciones de apoyo en Euskadi.