Detenido el exjuez Fernando Presencia, un prevaricador acorralado

Fernando Presencia se encuentra contra las cuerdas. Sucesivos informes de la Guardia Civil y la Policía Nacional han acorralado a este antiguo juez, expulsado de la carrera por prevaricador e investigado por la Audiencia Nacional por liderar una presunta “organización criminal” dedicada a estafar a los ciudadanos con la presentación de querellas por corrupción contra instituciones del Estado y cargos públicos basadas en pruebas falsas. Tras casi un año de pesquisas, los agentes han puesto sobre la mesa toda una batería de indicios contra la trama y, este miércoles, el juez instructor Joaquín Gadea ha tomado una contundente decisión: ha dictado orden de detención contra Presencia —sobre el que, además, pende una condena de 34 meses de cárcel por otra causa (una pena aún pendiente de ejecución)—. La Policía lo ha arrestado esta misma tarde y este jueves pasará a disposición judicial, según confirman fuentes jurídicas.

Gadea ha adoptado esta medida después de que Presencia haya dado plantón a la Audiencia Nacional, donde se encontraba citado a las 10.00 de este miércoles. El instructor lo había llamado para tomarle declaración por nuevos delitos y para que, durante una vistilla, la Fiscalía y las acusaciones pudieran solicitar la adopción de medidas cautelares contra él. Sin embargo, el abogado de Presencia ha llegado solo —vecinos de Talavera de la Reina (Toledo), donde reside el exjuez, afirman este miércoles que han visto a este paseando a dos perros por la ciudad—. Sí han acudido al tribunal tres de sus supuestos colaboradores (Alberto Royuela, Santiago Royuela y Juan Martínez Grasa). El juez ha ordenado el ingreso en prisión provisional de estos tres, con el respaldo del ministerio público.

Presencia ya había amagado en estos últimos días con no asistir: “Yo planteo que nadie acuda a esas comparecencias”, decía el lunes por la noche, durante la emisión de un vídeo por el canal de YouTube de Acodap, la asociación que encabeza. “No hemos cometido ningún delito”, se defendía después de que Gadea emitiera varios escritos donde describía el alto riesgo de que el grupo continúe cometiendo delitos, ya que no han parado de presentar denuncias sin pruebas durante el año que acumula la investigación, atribuyendo cuentas en paraísos fiscales a multitud de personas (como fiscales y magistrados del Tribunal Supremo). Según el juez, la instrucción se encuentra cerca de su final.

En sus resoluciones, el magistrado enumera indicios de delitos contra el honor, contra las altas instituciones del Estado, organización criminal, estafa agravada, asociación ilícita, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, entre otros. Según el sumario, Presencia ha urdido una trama para ganar dinero mediante la presentación de denuncias falsas con pruebas fabricadas ad hoc contra altos cargos, que publicitan a través de internet y redes sociales. De esta forma, Acodap recibe después aportaciones monetarias de ciudadanos que “creen estar” ayudando a “luchar contra la corrupción”.

“Es un grupo criminal, con roles definidos y vocación de permanencia, en cuyo vértice se encuentra Presencia”, resume el juez de la Audiencia Nacional, que describe las funciones desempeñadas por los otros sospechosos. “Alberto Royuela y su hijo Santiago Royuela tendrían un papel esencial en la fabricación de las denuncias y documentos mendaces que las acompañan. Juan Martínez Grasa, Alejandro Diges y Álvaro Arteaga se encargarían de la interposición de las denuncias ante las diferentes autoridades receptoras. Lidia Reina tendría un papel clave en su distribución de la misma en internet y por diferentes canales y redes sociales”. Diges, Arteaga y Reina tampoco han acudido este miércoles a la Audiencia, pese a que se encontraban citados. El ministerio público también ha pedido su arresto.

Gadea apoya sus conclusiones en las averiguaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que han remitido varios informes al juez con sus conclusiones y descubrimientos:

Una “plantilla” de Word. Los agentes hallaron en casa de Alberto Royuela un disco duro, de la marca Seagate, que contenía un archivo en formato Word confeccionado el 20 de diciembre de 2022 y que reflejaba “una serie de datos financieros supuestamente correspondientes a una cuenta corriente en la entidad bancaria Morabanc”. Según la UCO, el estudio de los metadatos revela que ese archivo lo había “elaborado íntegramente” el propio Alberto Royuela y era una “plantilla” para “fabricar los documentos bancarios que acompañan a las denuncias donde se imputa a diferentes personas la titularidad de depósitos en entidades situadas en paraísos fiscales”. Se encontraron copias idénticas en casa de otro presunto colaborador, Juan Martínez Grasa.

Documentos bancarios “falsarios”: sin sellos, logotipos... La UDEF confirmó el “carácter mendaz” y “falsario” de la documentación aportada por la trama en sus denuncias, que suele consistir en supuestos extractos emitidos por bancos sobre depósitos o transacciones. Los investigadores subrayan que esos papeles están “manipulados” y enumeran toda una serie de indicios que apunta en esa línea. Por ejemplo, en países donde rige el secreto bancario, los depósitos supuestamente descubiertos constan con “los nombres de sus titulares (incluso el DNI), datos que no deberían aparecer”.

También, independientemente del país donde reside la entidad financiera, la documentación “figura en castellano, la lengua de los investigados”. “Pese a que casi todas las entidades bancarias están situadas en países en los que el castellano no es el idioma oficial. Por ejemplo, en la Isla de Man es el inglés; en Andorra, el catalán; en Luxemburgo, el alemán, el francés y el luxemburgués, y en Jersey, el inglés y el francés. Se trata de un llamativo indicio que apunta tanto hacia el carácter mendaz de esta documentación como a su autoría por los denunciados”, explica el juez. Los agentes también han destacado que, pese a que son bancos distintos, los documentos aportados son similares: “Resulta sorprendente que, pese a que en la práctica comercial ordinaria cada entidad bancaria utiliza su propio formato (con su logotipo, signos distintivos...), esto no suceda precisamente en la documentación que acompaña las denuncias, donde en ningún documento figura un anagrama o símbolo alguno de la entidad que permita demostrar mínimamente su autenticidad”.

El rastro del dinero. Desde hace años, Acodap y Presencia publicitan cuentas bancarias para que los ciudadanos le hagan donaciones —una de las últimas se abrió en Lituania, que el juez ordenó embargar la pasada semana—. “Acodap, organización aparentemente creada para luchar contra la corrupción, sería de facto el medio por el que, al parecer, se enriquecerían las personas aquí investigadas, empezando por Presencia, quien una vez separado de la carrera judicial carecía de ingreso alguno. La pretendida intención de actuar contra la corrupción no sería más que un falso reclamo para atraer aportaciones y donaciones anónimas”, expone la Fiscalía.

Según los informes de la Guardia Civil, la trama recaudó más de 185.000 euros en 2021 y 2022, los cuales acabaron en poder de sus integrantes. Gadea destaca que Presencia utilizó más de 30.000 euros para gastos de “índole privado”, haciendo “pagos con tarjeta” por más de 22.500 euros o “disposiciones en cajero” por más de 11.000. Las pesquisas señalan que dos parientes del exjuez percibieron también más de 7.000 euros, y que otros imputados “recibieron” igualmente importantes sumas: entre otros, mencionan a Alberto Royuela (27.200 euros); Lidia Reina (15.174); y Álex Diges (5.850).

A las 12.00 de este miércoles, dos horas después de dar plantón a Gadea, Presencia difundía un nuevo mensaje en su canal de Telegram para pedir “colaboración” económica, facilitando dos números de teléfono para Bizum y dos cuentas bancarias. Tras su arresto por parte de la Policía, Acodap ha difundido un comunicado donde califica a Gadea de “juez corrupto” y alienta a sus seguidores: “Estemos preparados y expectantes porque se hará un llamamiento a la acción. No nos quedaremos de brazos cruzados y esperamos una reacción por parte de todos”.

Otras causas. Presencia, que creó Acodap en 2018 tras su expulsión de la carrera, se encuentra al borde de entrar en la cárcel por otra causa: en noviembre de 2022, el Tribunal Supremo confirmó la pena de 34 meses de prisión que se le impuso en un juzgado de Talavera de la Reina (Toledo) —donde fue juez decano— por delitos de denuncia falsa y calumnias contra el fiscal jefe de la ciudad, Ángel Demetrio de la Cruz, al que durante años acusó de corrupción sin pruebas. Antes, el alto tribunal también ya lo había condenado dos veces en firme por prevaricación, por beneficiar a sus amigos con decisiones que tomaba en el juzgado que encabezaba en el municipio castellanomanchego.

Pero constan más manchas en su carrera. En 2012, previo a su aterrizaje en Talavera, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo echó de su cargó en un juzgado de lo Mercantil de Valencia y le impuso el traslado forzoso a una plaza que estuviera, al menos, a 100 kilómetros de la ciudad levantina. Esta medida se aplicó tras concluir que Presencia había intervenido sin permiso en un máster de la universidad, que “recibía un porcentaje económico en función del número de alumnos”, y que “27 de los 44 alumnos fueron o habían sido nombrados administradores” de su propio juzgado.