El precio de un voto: dinero, comida, trabajo y, a veces, droga o pañales

A veces el precio de un voto es solo un par de billetes de 50 euros. Otras, vales de comida. En el mejor de los casos, un puesto de trabajo. Los hay que se intercambian por una pequeña cantidad de droga o unos pañales. Las tres operaciones policiales que han sacado a la luz esta semana sendas tramas de compra de votos en Melilla, Mojácar (Almería) y Albudiete (Murcia) ―que suman ya 30 detenidos― revelan grandes similitudes en la forma de cometer el fraude electoral, pero también en el valor económico que las redes dan a los sufragios. Los tres tipos de pagos más habituales que hacían tanto las tramas destapadas en la campaña del 28-M como las descubiertas en comicios anteriores, y sobre las que la justicia ya ha dictado sentencia, son el dinero en metálico, las ofertas laborales y los cupones para adquirir comida. El objetivo de todas ellas son las personas en una situación económica precaria.

El pago en efectivo era el medio presuntamente utilizado por la trama desmantelada el pasado martes en Melilla, y que salpica a Coalición por Melilla (CpM) de Mustafa Aberchán tras el arresto de uno de sus consejeros, Mohamed Ahmed Al-Lal. Las pesquisas apuntan a que la trama ofrecía entre 100 y 150 euros por voto a miembros de familias vulnerables a los que captaban, en muchos casos, a través de pequeños delincuentes que recorrían los barrios más humildes de la ciudad. De los más de 11.700 votos por correo registrados, las estimaciones policiales creen que la red pudo acaparar más de la mitad, lo que supone un desembolso superior al millón de euros.

Este no es el primer escándalo de compra de voto que sacude Melilla, aunque en las dos anteriores las formas de pago fueron diferentes. En febrero de 2021, el Tribunal Supremo condenó a dos años de cárcel al propio Aberchán y a un dirigente local socialista por un delito de fraude electoral cometido en las elecciones generales de 2008. Según consideró probado la Audiencia Provincial de Málaga, desde la sede de Coalición por Melilla y desde las Juventudes Socialistas de la ciudad autónoma se organizó una trama consistente en convencer a ciudadanos para que solicitaran el voto por correo y les entregasen a ellos el sobre. A cambio del voto, los dirigentes políticos les habían prometido un contrato en los planes de empleo que tenía en marcha la Delegación del Gobierno. Más recientemente, en mayo de 2022, la Audiencia Provincial de Málaga ratificaba el fallo de un segundo caso de compra de votos en la ciudad autónoma, en este caso ocurrió durante la campaña para las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo de 2011. Esta vez, en lugar de empleos o dinero en metálico, la trama entregaba a cambio de los sufragios vales de comida de 60 euros para gastarlos en un supermercado de la localidad.

En Mojácar (Almería), la reciente investigación de la Guardia Civil apunta en una triple dirección. Por un lado, las pesquisas han constatado que la trama ―en la que estaban presuntamente implicados el dos y el cinco en la lista del PSOE a las elecciones municipales― ofrecía a veces 100 euros por voto. En otras ocasiones, se comprometían a dar un puesto de trabajo a partir de junio. En las menos, prometían pagar una mensualidad del alquiler de una vivienda. El supuesto objetivo de la red era el amaño de 500 votos, el número de sufragios que les faltó a los socialistas para hacerse con la alcaldía en esta localidad turística en las elecciones de 2019.

Menor fue la distancia en votos que separó al PSOE de hacerse en aquellos comicios con la mayoría absoluta en el municipio murciano de Albudeite (1.390 habitantes). En concreto, 94. La trama desmantelada por la Guardia Civil este jueves, y en la que estaban implicados dos candidatas socialistas al Ayuntamiento y uno a la Asamblea de Murcia, ha revelado que la red ofrecía hasta 100 euros por cada voto, aunque en ocasiones la oferta estaba acompañada de pequeñas cantidades de droga, según confirman fuentes cercanas a la investigación. De hecho, las primeras informaciones que permitieron al instituto armado iniciar las pesquisas sobre este presunto fraude electoral surgieron durante la investigación a una red de tráfico de estupefacientes en la que los pinchazos telefónicos revelaron que algunos de los sospechosos también negociaban la compra de votos.

En los últimos años, la justicia ha dictado sentencia por otros dos casos de compra de votos ocurridos en la Región de Murcia. El primero ocurrió en la localidad de Fortuna durante las elecciones municipales de 2003. Según consideró probado el Tribunal Supremo en septiembre de 2012, el entonces regidor de la localidad, Matías Carrillo, y la exedil María Dolores Sánchez, ambos del PP, junto con algunos militantes de su partido “pusieron en práctica un plan preconcebido con el fin de obtener votos para la candidatura del PP”. El fallo señalaba que este consistía en usar las atribuciones del alcalde y la concejala de Empleo para “ofrecer a interesados en obtener un empleo en el Consistorio de la localidad la posibilidad de conseguir un contrato de trabajo eventual o determinadas prestaciones, consistentes en ayudas en comida u otras” a cambio de que les entregaran la documentación necesaria para que ellos votaran por correo. Durante la vista, según recoge la sentencia, una de las testigos aseguró que “votó por correo para que la farmacia le diese pañales”.

El segundo caso se registró en el municipio de Mazarrón durante las elecciones de mayo de 2007. Una década después de aquellos comicios, la Audiencia Provincial de Murcia confirmó la condena impuesta al entonces candidato del Partido Democrático Español (PADE) en este municipio, Ignacio Vivancos, por contactar “con electores conocidos suyos, algunos de ellos analfabetos y en precaria situación económica, para que firmaran el impreso de solicitud de voto por correo” para hacer que la documentación de todos ellos llegara al domicilio del candidato o al de un familiar de este y, posteriormente, entregar él los votos supuestamente manipulados en Correos. En la investigación, se apuntó que a algunos de estos votantes se les llegó a ofrecer entre 50 y 100 euros, aunque, según destaca el fallo, una de ellas admitió ante el juez instructor que la cantidad que le ofrecieron fue menor: solo 20 euros.