La trama de Mojácar prometía 100 euros o un contrato de trabajo por cada voto para el PSOE
La Guardia Civil considera que un grupo de empresarios, entre ellos dos candidatos socialistas, promovió el fraude por su enfrentamiento con la alcaldesa del PP
La supuesta trama de fraude electoral desmantelada el miércoles por la Guardia Civil en Mojácar (Almería, 7.527 habitantes) prometía entregar 100 euros o un contrato de trabajo a aquellos votantes que aceptaban venderles su sufragio, según detallan fuentes cercanas a la investigación. La red estaba presuntamente integrada por siete ciudadanos españoles, en su mayoría empresarios, que contaban con la colaboración de tres personas de origen sudamericano (un paraguayo, un colombiano y un ecuatoriano) encargados de captar a personas con escasos recursos económicos dispuestas a entregar su voto por correo a cambio de un pago. Entre los detenidos están Francisco Bartolomé Flores Torres y Cristóbal Vizcaíno González, empresarios y candidatos del PSOE en el municipio almeriense. Flores y Vizcaíno ocupaban, respectivamente, el número dos y el cinco en la candidatura socialista, un puesto que les aseguraba resultar elegidos si la lista socialista repetía los resultados de las elecciones de 2019.
La operación, que se ha saldado hasta ahora con siete arrestados y tres personas más investigadas, se inició hace mes y medio tras acudir un vecino de la localidad a la Guardia Civil a denunciar que una persona le había prometido una cantidad de dinero si iniciaba los trámites para votar por correo y le entregaba la documentación con las papeletas cuando la recibiera. Según las pesquisas, la trama no usaba a terceras personas para llevar a las oficinas de Correos con los sobres con los votos amañados, sino que obligaba a los propios electores a acudir en persona tras cerciorarse de que la papeleta que llevaban en el sobre era la del PSOE. De este modo, evitaban levantar sospechas. Una vez que el votante les mostraban el certificado emitido por Correos de haber entregado el sufragio le pagaban la cantidad acordada.
La investigación, de la que se ha encargado la Unidad Central Operativa (UCO), ha revelado la existencia de una trama formada, mayoritariamente, por empresarios que se encontraban enfrentados con la actual alcaldesa popular, Rosa María Cano Montoya ―que no se presenta a la reelección― por la política que esta aplicaba en el municipio y que consideraban que perjudicaban a sus negocios. Todos ellos aspiraban, presuntamente, a que el PP no repitiera su victoria en las anteriores elecciones municipales, cuando los populares lograron 8 de los 13 ediles del pleno con 1.692 votos, mientras el PSOE se quedaba con los cinco restantes tras conseguir 1.145 papeletas. En aquellos comicios, votaron 2.990 electores, el 71,26% del censo.
Entre el grupo de empresarios enfrentados a la alcaldesa estaban presuntamente Cristóbal Vizcaíno y Francisco Bartolomé Flores, amigos y que se estrenaban en política al ser incluidos por primera vez por el PSOE en su lista. En la publicidad electoral, el primero recalcaba su condición de “hostelero” ―en redes sociales se presenta como responsable de un conocido local de copas de la localidad, el Time & Place Bar Cueva― y el segundo ―que figura como titular de un estanco― se comprometía a “trabajar de forma decidida para prolongar la temporada turística en Mojácar”. Este era hijo de un exalcalde socialista de la localidad y exsenador, Bartolomé Flores Flores. Tras su arresto, el PSOE ya ha anunciado que Flores va a ser suspendido de militancia y que al segundo, que no es afiliado, le pedirá que renuncie al escaño si lo obtiene el domingo.
Tras los arrestos, la Guardia Civil realizó el miércoles una decena de registros, la mayoría en los domicilios de los investigados. En ellos, los agentes de la UCO se incautaron de abundante documentación, así como dispositivos electrónicos. Fuentes cercanas a la investigación destacan que encontraron resguardos de algunos de los votos por correo que la trama supuestamente había comprado, además de copias del censo electoral. Los agentes intentan determinar ahora el número de sufragios que supuestamente amañó la trama antes de su detención al precio de 100 euros o un contrato de trabajo. Los detenidos pasarán a disposición del titular del Juzgado de Instrucción 4 de Vera entre este jueves y el viernes.
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