Concejales purgados por Vox denuncian que se negaron a transferir al partido fondos municipales

Concejales de Vox en ayuntamientos de varias comunidades autónomas (Guadalajara, Valencia, Albacete u Orihuela, en Alicante) han denunciado que se les presionó para que transfirieran al aparato central del partido en Madrid las subvenciones públicas recibidas por su grupo municipal a cambio de servicios que ni habían pedido ni consideraban, la mayor parte de las veces, reales. Todos ellos se negaron a hacerlo y han sido purgados de las candidaturas presentadas por Vox en las elecciones del domingo. Un de dichos ediles, el valenciano Vicente Montañez, ha presentado este viernes un escrito en la Fiscalía Anticorrupción de Valencia en el que pide que se investiguen estos hechos, por si fueran constitutivos de los delitos de financiación ilegal de partidos políticos, falsedad documental, prevaricación malversación, coacciones y organización criminal.

El origen de los hechos se remonta al otoño de 2020 cuando, en plena pandemia, se celebró una reunión entre la dirección de Vox y sus concejales en toda España. Las presentaciones —según la grabación a la que ha tenido acceso EL PAÍS— las hizo el entonces secretario general, Javier Ortega-Smith, pero la voz cantante la llevaron Pablo Sáez, tesorero nacional, y Juan José Aizcorbe, vicesecretario general de gerencia. Los dos responsables económicos fueron directamente al grano. Tenían cierta urgencia porque quedaban pocos meses para acabar el ejercicio presupuestario y querían que los grupos municipales transfirieran sus fondos al aparato del partido.

Al inicio de la legislatura, Vox había intentado que sus grupos en los parlamentos autonómicos ingresasen directamente los fondos públicos que reciben en cuentas bancarias bajo control de Javier Ortega y otros dirigentes de Madrid. Tres de los cuatro diputados regionales de Vox en Murcia se negaron y ese fue el desencadenante de la ruptura de la formación en la única comunidad donde ganó las elecciones generales de noviembre de 2019. La fórmula era abiertamente ilegal, pues los grupos parlamentarios son legalmente responsables del empleo de esas subvenciones públicas, destinadas a sufragar sus gastos de funcionamiento.

“El año pasado, con la irrupción que tuvimos en las instituciones, hubo cosas que no teníamos previstas”, explicó el gerente en la reunión telemática. “Ya sabéis que en el régimen local la legislación tiene unas connotaciones más exigentes que en los parlamentos autonómicos o en el propio Congreso sobre el tema de las subvenciones”, continuó. Justamente, una de las propuestas estrella con las que Vox irrumpió en la política española —la número 82 de sus “100 medidas urgentes para España”— fue la supresión de las subvenciones públicas a los partidos, pero Aizcorbe se excusó alegando que “es muy difícil que Vox pueda imponer esta voluntad en los ayuntamientos”. Por eso, alegó, no se podía renunciar a la subvención.

Lo que recriminaron el tesorero y el gerente de Vox a sus ediles es que, al acabar el año anterior, el dinero que no habían gastado los grupos municipales en su actividad ordinaria lo hubieran devuelto a las arcas municipales, “con lo cual al final no ha salido beneficiado ni el proyecto político de Vox y ni siquiera el ciudadano, porque revierte de nuevo en el Ayuntamiento”, según Aizcorbe.

El gerente no explicó por qué el dinero devuelto por los grupos municipales a sus ayuntamientos no beneficia a los vecinos, sino que insistió en lamentar que no se lo hubieran entregado al partido; es decir, a él para que lo gestionase. “Realmente fue una pena porque perdimos mucho dinero, no quiero decir la cantidad; más que perder, dejamos de ingresar mucho dinero”, precisó. “Fue un acto de buena fe, fue una novatada, quizá. Fue un acto que en algunos ayuntamientos y diputaciones nos reprocharon: ‘Pero ¿qué estáis haciendo [devolviendo el dinero no gastado]’ Pero tenemos la conciencia tranquila porque esto es una institución sin ánimo de lucro”.

Para evitar que esta situación se repitiese en años sucesivos, los responsables de Vox instaron a sus ediles a firmar convenios entre sus grupos municipales y la dirección nacional del partido, por los que esta se comprometía a prestarles una serie de servicios a cambio de que le entregasen la subvención municipal que no gastaban. La propuesta suscitó numerosas dudas, por lo que el gerente y el tesorero de Vox se esforzaron por convencer a los ediles de que esta fórmula era plenamente legal. Mucho menos claros fueron al detallar cuáles serían los servicios que les prestaría el aparato del partido, más allá de los que ya estaba prestando, y solo insistieron en que los grupos municipales tendrían más apoyo del equipo de comunicación de Vox para dar a conocer sus iniciativas. Ortega, que estuvo ausente durante la reunión, regresó al final para animar a los concejales a suscribir los convenios.

Aizcorbe dijo a los ediles que se trataba de un “contrato sinalagmático” —es decir, un acuerdo bilateral con obligaciones para ambas partes—, lo que no contribuyó mucho a aclarar el asunto. Cuando, en las semanas siguientes, muchos concejales de Vox recibieron el borrador del convenio, con un mensaje que les urgía a devolverlo firmado a la sede central del partido, comprobaron que se trataba de un contrato de adhesión: Vox ofrecía a sus ediles una serie de servicios genéricos —desde la elaboración de argumentarios al asesoramiento legal y contable o el uso de los propios locales del partido— a cambio de un pago en metálico. Lo que más les llamó la atención es que el pago era fijo y cuantificable, independientemente de que se prestaran o no dichos servicios y de la frecuencia o la cantidad de su uso. Aunque por los responsables del partido se habló de una cuota proporcional a la subvención recibida por cada grupo —para atender a municipios que no disponían de dichos ingresos—, en algún caso se reclamaba la totalidad de la ayuda pública.

No todos los concejales de Vox se plegaron a esta exigencia. “A todos los concejales de España se nos ha pedido [entregar] esa asignación municipal que, como ustedes saben, es única y exclusivamente de los grupos municipales. Hay gente que ha accedido en algo que no era legal y otros que no lo hemos hecho. Yo he devuelto [al Ayuntamiento] más de 31.000 euros; más del 80% de la asignación municipal. Y es algo de lo que estoy muy orgullosa”, ha declarado la única concejal de Vox en el Ayuntamiento de Albacete, Rosario Velasco.

“En Vox me exigieron que parte de esa asignación municipal la destinara al partido. Me negué. Eso es ilegal. [Ese dinero] debe ir destinado a los gastos de funcionamiento [del grupo municipal] y nunca como recurso del partido ni retribución personal. Yo soy muy malo porque antepongo el dinero para los vecinos antes que al partido, que es lo que quería Abascal”, asegura Antonio de Miguel, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara.

Por su parte, Vicente Montañez, concejal en el Ayuntamiento de Valencia, ha denunciado que los responsables de Vox intentaron que pagara con la subvención del grupo municipal una factura de 8.239 euros correspondiente a gastos del partido. “Se me sigue exigiendo que realice pagos al partido desde la cuenta en la que tenemos la asignación del grupo municipal cuando ya se sabe que no es posible realizar dichos pagos”, ha declarado el concejal. También Asunción Aniorte, edil de Vox en Orihuela, se negó a transferir al partido la subvención municipal a cambio de unos servicios que nunca recibió. Aniorte asegura que no ha gastado ni un euro de dicha asignación y que todos los gastos en los que ha incurrido como concejal los ha pagado de su bolsillo. Ninguno de los cuatro ediles repite como candidato.

En el escrito que ha presentado este viernes ante la Fiscalía Anticorrupción de Valencia, al que ha tenido acceso eldiario.es, el edil Montañez asegura que Vox estableció, “un claro entramado para malversar fondos públicos procedentes de los grupos municipales [...] con la utilización de malas artes orientadas a engañar y extorsionar” a los concejales, a los que amenazó con que no repetirían como candidatos en las siguientes elecciones si no se plegaban al mismo.

Según la memoria económica del partido de 2021, Vox recibió ese año 172.647 euros de 31 grupos municipales y 803.282 de ocho grupos parlamentarios (entre los que no figuran los del Congreso de los Diputados y la Asamblea de Madrid) por “convenios de colaboración acordados por ambas partes”. Vox sostiene que estos convenios son acordes con la Ley de Financiación de Partidos Políticos y que sus cuentas son fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. En los presupuestos de Vox para 2022, los ingresos procedentes de estos convenios ascendían ya a 1.014.000 euros.