Voto a cambio de vales de comida o de un contrato de trabajo en Melilla

Las denuncias por compra de votos por correo en Melilla no son nuevas. Se han repetido a lo largo de los últimos años casi en cada proceso electoral. Algunas se han quedado en nada por falta de pruebas, pero otras han llegado a juicio y han dado lugar a sentencias que dan por probado el fraude. Por una de ellas, el líder de Coalición por Melilla (CPM), Mustafá Aberchán, presidente de la ciudad autónoma entre 1999 y 2000, está inhabilitado tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de cárcel y dos años y medio de inhabilitación por liderar una trama de compra de votos por correo para las elecciones al Senado de 2008. Las sentencias dictadas hasta ahora describen redes tejidas en entornos desfavorecidos y donde el voto se cambia por vales de comida o la promesa de un contrato de trabajo a través de un plan de empleo local.

La sentencia del Supremo sobre Aberchán cerró aparentemente un caso que se destapó em las elecciones generales de 2008, en la que el PSOE y Coalición por Melilla concurrieron en coalición al Senado. Según consideró probado la Audiencia Provincial de Málaga, desde la sede de Coalición por Melilla y desde las Juventudes Socialistas de la ciudad autónoma se organizó una trama consistente en convencer a ciudadanos para que solicitaran el voto por correo y les entregasen a ellos el sobre. A cambio del voto, los dirigentes políticos prometían un contrato en los planes de empleo que tenía en marcha la Delegación del Gobierno.

El caso sentó en el banquillo a 29 acusados, entre ellos Aberchán y el ex secretario general del PSOE de Melilla, Dionisio Muñoz Pérez. El resto eran en su mayoría familiares de ambos y miembros de las cúpulas de los dos partidos. Finalmente, 17 personas fueron condenadas y 11 absueltas, entre ellas el exdelegado del Gobierno en Melilla Gregorio Escobar, el exsecretario de Organización del PSOE Alonso Díaz y los exdiputados de la Asamblea de Melilla Celia Sarompas y Amin Azmani.

En los casos que han llegado a juicio, igual que en los que ahora se investigan para las elecciones del próximo 28 de mayo, es fundamental el sistema que regula el voto por correo, en el que el votante solo tiene que acudir personalmente e identificarse con el DNI para solicitar en las oficinas de Correos la certificación de inscripción en el censo electoral, pero no para entregar el sobre con el voto. La Sala Penal del Supremo, en la sentencia sobre Aberchán, advierte de “las ventajas” que ofrece este sistema para los responsables del fraude.

“Una vez hecho eso [pedido el certificado del censo], el sobre con la documentación electoral que recibiría el votante podía ser entregado a una tercera persona, quien podría elegir la opción política correspondiente para, posteriormente, entregar el voto en Correos, que lo enviaría a la correspondiente mesa electoral”, explican los jueces. Convencer a los ciudadanos de que les entregasen el sobre para así elegir el partido a votar era importante, pero “no era estrictamente necesario” dado que los acusados se valieron de la “inmejorable relación” de uno de ellos con un jefe de la empresa pública. Sí era esencial que el votante solicitase personalmente votar por correo y que entregase el resguardo de la solicitud a uno de los miembros de la trama, ya que con dicho resguardo se podía localizar en Correos el sobre con la documentación electoral en el caso de que el destinatario no la recibiese o no la entregase a los acusados.

Para garantizar que las personas que acudían a la sede de uno u otro partido cumpliesen su parte del trato, se facilitaban los trámites, por ejemplo, rellenándoles los impresos de solicitud de la certificación del censo, que estaban incluso disponibles en las sedes de ambas formaciones. Después, los solicitantes debían llevar el resguardo de la solicitud a la sede del partido, donde sería apuntado en una lista de la que deberían salir los futuros candidatos a los planes de empleo. “La propagación de la noticia de la posibilidad de obtener trabajo a cambio de solicitar el voto por correo fue tal que el porcentaje de voto por correo aumentó ese año más del doble (fue del 11,42%) con respecto a las elecciones generales de 2004 (5,39%)”, recoge la sentencia.

En otro caso juzgado y sentenciado recientemente no se prometían empleos, sino que se cambiaban votos por vales de comida de 60 euros para gastarlos en un supermercado de la localidad. Ocurrió durante la campaña para las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo de 2011 y se saldó con la condena de Mimun Mohamed Hamed, alias El Ruso, a seis días de prisión que se sustituyó por 3.072 euros de multa. En el caso también fue juzgado el exviceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno del PP de Melilla, Hassan Dris, pero resultó absuelto.

Según los hechos que recoge la sentencia de un juzgado penal de Melilla, ratificada en mayo de 2022 por la Audiencia Provincial de Málaga, El Ruso se dedicaba, desde la sede de una asociación llamada Numidia, a rellenar solicitudes de voto por correo, se las entregaba a los votantes para que estos la presentaran y, posteriormente, le entregaran el resguardo y la documentación electoral. A cambio, les facilitaba el acceso a vales de comida canjeables en los supermercados Aliprox, emitidos por la Viceconsejería de Bienestar Social de Melilla y firmados por el entonces viceconsejero.

La sentencia da por probado que El Ruso incluso acompañaba a los ciudadanos que le pedían ayuda para la solicitud de los vales hasta la oficina técnica donde se tramitaban una vez que le habían llevado las solicitudes de voto. Cuando se destapó el caso, en plena campaña, en la sede de la asociación se intervinieron 87 certificados del censo electoral ya preparados para introducirlos en el sobre del voto por correo, 30 sobres de voto por correo cumplimentados, 71 impresos de solicitud de voto por correo (ejemplares para el interesado) y 41 fotocopias de vales nominales de la Consejería de Bienestar Social por valor de 60 euros cada uno firmados por el viceconsejero de Asuntos Sociales.

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