La Policía Nacional investiga a “decenas” de sospechosos por su presunta implicación en las redes de captación de votos por correo en Melilla, según fuentes del Ministerio del Interior. Los investigadores tienen el foco puesto sobre integrantes del partido local Coalición por Melilla, pero también en “otros partidos” respecto a los que los indicios son menos concluyentes. El Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla asumió las diligencias previas del caso a instancias de la Policía Nacional.

Las identificaciones a sospechosos se han sucedido en la ciudad autónoma en los últimos días. Uno de los detenidos por los agentes portaba consigo 1.395 euros en metálico. La junta electoral de zona (JEZ) acordó este miércoles exigir el DNI a todo aquel que fuese a entregar el voto por correo, en persona e individualmente. Una medida que se adoptó a instancias de la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla, que mantiene el proceso del supuesto fraude electoral bajo secreto de sumario. Este viernes, además, la JEZ rechazó que los votos se depositen en una urna aparte el día de las elecciones, como pedía el PSOE. Además, valida los 761 sobres entregados en Correos sin identificación, en contra de lo solicitado por Coalición por Melilla.

Tras la primera decisión de la JEZ de que fuera preciso presentar en la oficina de correos de Melilla el DNI para entregar las papeletas, las fuerzas de seguridad temieron que los presuntos defraudadores escaparan con los votos por el puerto, por el aeropuerto o por la frontera con Marruecos, para depositarlos más tarde en otras oficinas de Correos en distintos puntos de la Península. Por eso, la Guardia Civil intensificó los registros en las salidas de Melilla. A última hora de este jueves, la Junta Electoral Central avaló la decisión de la JEZ pese a ir contra su propia doctrina, ya que la medida “no limita ningún derecho al voto, sino más bien lo contrario, garantiza que ese derecho se pueda ejercer en las mejores condiciones”. Y extendió la obligación de identificarse con el DNI a todo melillense que intentara entregar los sobres en el resto de oficinas de Correos de España.

Una vez que los votos no podían depositarse ya tampoco fuera de Melilla, la Guardia Civil recibió orden de paralizar la operación especial pues “ya no tenía sentido” que nadie intentase huir con los sufragios. Sin embargo, y ante “algo nunca visto” en la ciudad autónoma y por “precaución”, en la mañana de este viernes se reanudó el operativo. “Normalmente, nosotros estamos en segunda línea en los controles en los aeropuertos, pero ahora estamos en primera”, explican fuentes de la Guardia Civil. “Preguntamos si la gente lleva votos por correo en el control de embarque”, añaden.

En otro punto de la ciudad, el paso fronterizo de Beni Enzar, los coches se agolpaban para abandonar Melilla rumbo a Marruecos en la tarde de este viernes. Mientras, un agente de la Guardia Civil preguntaba uno a uno a los conductores si portaban sobres con votos. Hasta el momento, solo una familia admitió llevar en el equipaje sus propios sufragios. Se les dejó marchar.

Los sufragios sin identificar

La decisión de la JEZ de exigir el DNI a todo aquel que fuese a entregar el voto por correo “ha disuadido” a los implicados en el supuesto fraude electoral de acudir y entregar los presuntos votos comprados en la oficina de Correos de Melilla en las últimas horas. De ahí que la única oficina de Correos de la ciudad haya permanecido prácticamente desierta este viernes. Apenas unas decenas de personas han entrado en el local durante la jornada a entregar el sobre con el voto, pese a la multitud de solicitudes de sufragios por correo registrados en la ciudad autónoma. Una escena idéntica a la del jueves, cuando el plazo para pedir el sufragio por vía postal aún estaba abierto. “En elecciones anteriores, el último día era el peor. Se ponía hasta arriba. Y esta vez no había nadie”, cuentan fuentes gubernamentales.

Un total de 11.707 personas han solicitado el voto por correo en Melilla, el 21,21% del total de los sufragios, y más del doble de los registrados en los comicios de 2019. Pero solo se han entregado en la oficina 921, un 7,8% de las peticiones. De los cuales, 761 se depositaron antes de la resolución de la JEZ de aportar el DNI.

Entre tanto, la JEZ de Melilla se volvió a reunir en la tarde del viernes para resolver dos cuestiones. Por un lado, la petición del PSOE de que los votos por correo se depositasen en una urna aparte durante la jornada electoral del 28-M, solicitud que la JEZ desestimó. Por otro, la solicitud de Coalición por Melilla de que los 761 votos ya depositados en Correos antes de la obligación de acudir con el DNI fueran anulados, lo que también rechazó la junta. La jueza había ya ordenado la semana pasada que se identificara a quien entregase cinco o más votos por persona en Correos. Según la Delegación de Gobierno, nadie excedió ese número.

Pero el conflicto no se quedará ahí. Coalición por Melilla pretende impugnar esta segunda medida, y también aportar pruebas contra el Partido Popular. El presidente de la formación, Mustafá Aberchán, está inhabilitado por un delito de compra de votos en 2008. De ahí que la candidata a las elecciones de la Asamblea de Melilla sea Dunia Almansouri y no él mismo.

Fuentes de la fuerzas de seguridad entienden que, tras las medidas disuasorias adoptadas y los férreos controles, los votos por correo emitidos finalmente serán muchos menos de los esperados. También cabe la posibilidad de que las redes de compra de voto utilicen otras vías, como las de acompañar a los censados hasta la oficina de Correos para vigilar que entreguen la papeleta en cuestión. “Eso ha pasado antes, el propio día de las elecciones”, revelan fuentes de la JEZ. En Melilla, con una sociedad “desestructurada” y niveles de renta bajo mínimos en algunos distritos de la ciudad, este entramado de captación de sufragios lleva años arraigado.

Según la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, el Tribunal Superior de Justicia podría pedir la repetición de un proceso electoral si hay indicios de que el derecho al voto ha sido vulnerado de alguna forma. Precisamente, en 1989 y en Melilla, se decretó la repetición de unos comicios al no poder garantizarse el carácter “secreto” de los sufragios. Una decisión ratificada por el Tribunal Constitucional. Con un sistema de Gobierno que comparte características de un ayuntamiento y un parlamento autónomo, en la ciudad se reparten 25 asientos en la Asamblea. Para conseguir un escaño, se necesitan unos 1.000 votos. Y 11.707 siguen en el punto de mira.

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