La Fiscalía archiva la denuncia sobre las listas de EH Bildu al no apreciar indicios de ilegalidad

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia presentada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) por la inclusión en las listas electorales de EH Bildu de más de 40 candidatos condenados por terrorismo etarra —siete de ellos con delitos de sangre, que renunciarán a tomar posesión de su acta, según aseguraron este martes en un comunicado—. Tras analizar los hechos y recabar sus hojas de antecedentes penales, el ministerio público concluye que no encuentra “circunstancia alguna que permita atisbar que nos hallemos ante un supuesto de inegibilidad” previsto por la ley, ni ningún indicio que apunte a la comisión de un ilícito penal. Un estudio de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ya apuntó en esa dirección, al concluir que los sentenciados habían cumplido sus penas de inhabilitación, lo que impedía judicializar el caso.

La Fiscalía cierra así esta vía y advierte que “compete a las juntas electorales correspondientes el control de la legalidad de las candidaturas presentadas por partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan concurrir a las elecciones”. Además, la decisión del ministerio público se suma a un debate que ha concentrado los primeros días de la campaña electoral para los comicios municipales y autonómicos del próximo 28 de mayo. La fuerza ultraderechista Vox y la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, han llegado a pedir la ilegalización de EH Bildu.

Después de que otra asociación de víctimas (Covite) denunciase públicamente la pasada semana que EH Bildu ha integrado a 44 exetarras en sus listas, Dignidad y Justicia acudió a la Fiscalía de la Audiencia el 11 de mayo. Este colectivo, presidido por Daniel Portero —diputado del PP en la Asamblea de Madrid e hijo de Luis Portero, fiscal jefe de Andalucía asesinado por ETA—, pedía que se analizase si 43 condenados (DyJ reduce el listado inicial) “tenían cumplida o no su pena de inhabilitación”, y si debían ser excluidos de la cita con las urnas. Pero, a su vez, ponía sobre la mesa una segunda cuestión. En su escrito, planteaba que la inclusión de los condenados en las candidaturas podría suponer un “flagrante incumplimiento” de la Ley de Partidos, abriendo así la posibilidad de “la ilegalización” de la coalición abertzale.

De hecho, para incidir en esa vía, Dignidad y Justicia presentó una ampliación de su denuncia este martes 16 de mayo, donde situaba gran parte del foco en EH Bildu. El colectivo instaba a la Fiscalía a solicitar una batería de informes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que ahondasen en esa línea: sobre si la coalición ha “colaborado” con “entidades o grupos que actúen de forma sistemática de acuerdo con una organización terrorista o violenta”; sobre si, desde 2011, las ha “apoyado desde las instituciones en las que gobierna con medidas administrativas, económicas o de cualquier otro orden”; y sobre si “ha promovido, dado cobertura o participado en actividades que tengan por objeto recompensar, homenajear o distinguir las acciones terroristas o violentas o a quienes las cometen”.

El ministerio público ha analizado todo durante una semana y, con el país inmerso en plena campaña, se ha mostrado muy prudente: evitó abrir diligencias de investigación al recibir la denuncia y, hasta que no ha tenido toda la documentación y la ha estudiado, no ha dictado un decreto de apertura e inmediato cierre de estas. En esa resolución, precisamente, la Fiscalía alcanza tres conclusiones: los candidatos pueden concurrir a los comicios al no estar inmersos en uno de los “supuestos de inegibilidad” previsto por la ley electoral; no se aprecian “hechos constitutivos de ilícito penal”; y “el control de la legalidad de las candidaturas” corresponde a las juntas electorales.

Tras recibir esta respuesta negativa, Dignidad y Justicia se ha dirigido en la tarde de este miércoles a la Fiscalía General del Estado con una petición similar a la cursada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Dimensiones del debate

La asociación de víctimas Covite, encabezada por Consuelo Ordóñez, hermana del concejal popular Gregorio Ordóñez —asesinado por ETA de un tiro en la nuca en enero de 1995—, denunció públicamente la pasada semana que 44 candidatos de la coalición abertzale EH Bildu habían sido condenados por pertenecer a la banda terrorista, disuelta en 2018. “Nuestra denuncia era un tema moral. Queríamos retratarles”, dijo Consuelo Ordóñez, que pidió a las distintas fuerzas políticas “garantizar unos mínimos principios políticos y éticos en los nombramientos de los integrantes de sus listas”. “Cualquier condenado por terrorismo, aunque haya cumplido su pena, debería estar obligado a repudiar públicamente su pasado criminal si quiere ejercer una función pública”, señaló.

Covite difundió un listado de candidatos condenados, que incluía a siete con delitos de sangre. Como Agustín Muiños Dias, alias Tinin, sentenciado en 1985 a 88 años de cárcel por varios atentados, entre ellos el asesinato del empresario José Antonio Julián Bayano, que concurre en el puesto número seis en la lista de la coalición por Legutio (Álava). O Asier Uribarri, condenado a 16 años de prisión por su complicidad en el asesinato del guardia civil José Manuel García Hernández, y que se presenta como número cuatro de EH Bildu en Maruri-Jatabe (Bizkaia),

Este martes, los siete etarras condenados por asesinato anunciaron que renunciarán al cargo si finalmente resultan elegidos. Lo hicieron tras una semana de intenso debate público. El PP ha cargado contra el Gobierno, formado por el PSOE y Unidas Podemos, que ha alcanzado acuerdos puntales con EH Bildu en el Congreso. Cuca Gamarra, portavoz de los populares en la Cámara baja, se dirigía así este miércoles al presidente Pedro Sánchez en el hemiciclo: “Si no va a romper con Bildu, sea valiente con los españoles y díganoslo: ‘Volveré a pactar con Bildu, en los ayuntamientos vascos, en el Gobierno de Navarra, en Pamplona, aquí en el Congreso, en cualquier circunstancia’. Que se enteren los barones y candidatos socialistas”.

Sánchez ha contraatacado y ha acusado al PP de decir cosas “infames” sobre el terrorismo porque “no pueden soportar” que fueran gobiernos socialistas, en España y en Euskadi, los que derrotaron a ETA. A la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, el presidente le ha dicho este miércoles: “Se han equivocado al hacer sus listas, puede ser legal, pero no es decente”.