Dos de los siete candidatos de EH Bildu que han renunciado por su pasado etarra tenían casi segura la elección

Dos de los siete exetarras condenados por asesinato que concurren a las elecciones del próximo 28 de mayo en las listas de EH Bildu —y que este martes anunciaron que renunciarán al cargo si finalmente resultan elegidos— conseguirían la condición de concejales si se repiten los resultados que la coalición abertzale obtuvo en los anteriores comicios municipales, los de 2019. Se trata de Begoña Uzkudun Etxenagusia, que figura como número tres en la lista para la alcaldía de Errezil (Gipuzkoa), y Juan Carlos Arriaga Martínez, que ocupa el mismo puesto en la candidatura de Berrioplano (Navarra).

En Errezil, EH Bildu logró en los anteriores comicios cinco de los siete ediles en juego, al conseguir 372 sufragios, más del 84% de los emitidos. Entonces, como ahora, solo hubo una segunda candidatura en liza, la agrupación local Errezilgintza, que únicamente arañó 69 votos. Uzkudun fue condenada en 1989 en dos juicios diferentes a un total de 124 años de cárcel por dar cobijo a los autores de sendos atentados en los que murieron tres personas. En uno de ellos, en el que resultó muerto el empresario José Txiki Larrañaga Arenas, la candidata avisó a los integrantes del comando de la presencia de la víctima en un bar de la localidad. Estos esperaron a que saliera para dispararle.

En Berrioplano, donde se presenta el segundo candidato que tenía casi asegurada la elección, EH Bildu fue en 2019 la segunda fuerza más votada, con el 19% de los sufragios, y consiguió tres concejales de los 13 en juego. En esta localidad navarra, el voto estuvo muy repartido, al presentarse ocho candidaturas. Arriaga fue condenado en 1989 a un total de 87 años de prisión por ayudar a los integrantes del comando Nafarroa a perpetrar, el 13 de abril de 1984, dos atentados con tres víctimas mortales en menos de una hora. En el primero, fue tiroteado un militar retirado a las puertas del mercado mayorista de Pamplona. ETA cometió el segundo, en el que murieron dos policías, al colocar una bomba trampa en el coche en el que habían huido los autores del primero.

De los otros cinco candidatos que este martes anunciaron su renuncia, otros dos tenían opciones ya que ocupan los puestos inmediatamente siguientes al último que consiguió EH Bildu en las anteriores elecciones municipales. Así, Agustín Muiños Díaz, Tinin, condenado en 1985 a 88 años de cárcel por varios atentados, entre ellos el asesinato del empresario José Antonio Julián Bayano, concurre en el puesto número seis en la lista de la coalición por Legutio (Álava). En este municipio, EH Bildu se hizo con la alcaldía en los últimos comicios al conseguir cinco de los nueve ediles, con 391 votos (el 46,7% de los emitidos). En el consistorio hay, además, tres concejales del PNV y uno del PSE. El PP logró solo 24 votos y quedó fuera.

También tendría opciones Asier Uribarri, condenado en 2001 a 16 años de prisión por su complicidad en el asesinato, en 1997, del guardia civil José Manuel García Hernández. Uribarri concurre como número cuatro de EH Bildu en Maruri-Jatabe (Bizkaia), donde se eligen siete concejales. En 2019, la coalición obtuvo tres representantes (uno menos que el PNV) al conseguir 215 votos (el 37% de los sufragios). PSE y PP no consiguieron representación entonces. Ahora, los cuatro partidos se vuelven a presentar.

Los otros tres candidatos solo tendrían opción de acceder a un sillón de concejal si los que les preceden en las listas renunciasen tras la elección. Juan Ramón Rojo, condenado en 1996 a 55 años de prisión por el asesinato, cinco años antes, de un joven en una plaza de Irún al que consideraba traficante de droga, concurre en el puesto 21 en este municipio guipuzcoano. En los anteriores comicios, EH Bildu se conformó en este ayuntamiento con ser la cuarta formación, por detrás de PSE, PNV y Podemos-IU, tras obtener tres concejales de los 25 en juego con algo menos del 14% de los votos. Los comicios los ganaron los socialistas, con el 35,7% de los votos y 10 concejales.

Tampoco tienen opciones de ser elegidos José Antonio Torre Altonaga, Medius, y Landa Maruri Basagoiti al ir ambos como suplentes en las listas de EH Bildu para las localidades vizcaínas de Mungia y Zierbena. En el primero de estos municipios, EH Bildu consiguió hace cuatro años cinco concejales y el 26,38% de los votos, solo por detrás del PNV, que obtuvo ocho representantes y el 45,28% de los sufragios. En Zierbena la coalición también fue la segunda fuerza más votada, con el 18,28% de las papeletas y dos concejales, muy lejos del PNV, que consiguió seis puestos y cerca del 43% de los sufragios.

Las sentencias de los siete

Las sentencias de la Audiencia Nacional que condenó a estos siete candidatos de EH Bildu por terrorismo detallan en los hechos probados la participación que cada uno de ellos en aquellos sucesos. EL PAÍS ha accedido a las sentencias que condenaban a seis de ellos y contenido de la que impuso pena de cárcel al séptimo gracias a las informaciones periodísticas publicadas entonces.

Cobijo para los asesinos. El 31 de diciembre de 1984, el simpatizante de UCD José Txiki Larrañaga Arenas estaba en un bar de Azkoiti (Gipuzkoa) celebrando la nochevieja con unos amigos cuando los tres integrantes de un comando, entre los que se encontraba José Antonio López Ruiz, alias Kubati, le dispararon cuando abandonaba el establecimiento causándole en la muerte. Según la sentencia, fue Begoña Uzkudun la que alertó a los miembros del comando de que Larrañaga estaba en la localidad para después cobijarlos en su domicilio de Azpeitia tras perpetrar el crimen. No fue la única condena que recibió Uzkudun, quien ese mismo era condenada junto a Kubati y un tercer terrorista por el atentado cometido en el alto de Meagas (Zarautz) con un artefacto explosivo, el 28 de junio de 1986, que costó la vida al guardia civil Francisco Muriel Muñoz y heridas a otros seis agentes. Uzkudun fue condenada a 106 años como encubridora. El fallo detalla que recogió a los otros dos etarras ―que fueron condenados a 197 años como autores materiales― tras cometer el atentado y los volvió a esconder en su domicilio.

Dos atentados mortales en una hora. A las siete de la mañana del 13 de abril de 1984 era asesinado de dos disparos el empresario y militar retirado Jesús Alcocer cuando se encontraba, como todos los días, en el mercado de mayoristas de la capital navarra, Mercairuña, para comprar frutas y verduras para los tres establecimientos comerciales que tenía en Pamplona. Dos jóvenes, a cara descubierta, le dispararon en la cabeza cuando se disponía entrar en el edificio. Los autores del atentado huyeron en un vehículo robado que les esperaba con un tercer integrante del comando a bordo. Poco después abandonaban este coche, con una bomba trampa en su interior. Menos de una hora después el coche era localizado y cuando los policías nacionales Tomás Palacín y Juan José Legorburu abrían una puerta del mismo para inspeccionarlo, el artefacto se activaba y mataba a los dos agentes. Juan Carlos Arriaga, ahora candidato, fue condenado en 1989, junto a otros tres miembros del comando, a 29 años de cárcel por el primer atentado; y a 58 por el segundo. El fallo destacaba que el ahora candidato facilitó la información para asesinar al empresario.

Información para matar a un guardia civil. Asier Uribarri y Lander Maruri fueron condenados en 2001 a 16 años de prisión cada uno por su complicidad en el asesinato, en 1997, del guardia civil José Manuel García Hernández. Un año antes habían recibido también una pena de cárcel por un delito de integración en organización terrorista. Según detalla el fallo de 2001, ambos formaron un grupo de apoyo de un comando, del que recibieron instrucciones para recabar información sobre un agentes del instituto armado que solía frecuentar el barrio de El Puerto, en la localidad de Zierbena, donde residía precisamente Maruri. El tribunal consideró probado que ambos proporcionaron al comando “datos exactos y precisos sobre la identidad”, la descripción física del guardia civil, y “sus costumbres”, entre ellas la de acudir habitualmente las noches del viernes y el sábado a una marisquería de la localidad, así como las características y matrícula del vehículo en el que se desplazaba. Con esa información, el 3 de mayo de 1997 un miembro del comando entró en el restaurante, se dirigió directamente al lugar en el que estaba sentado la víctima y le disparó en la cabeza a quemarropa en presencia de su esposa. La sentencia también recoge que ambos también facilitaron al comando datos sobre una concejal del ayuntamiento de Portugalete y sobre una refinería de Petronor.

Cinco tiros a un empresario. La sentencia que condenó a Agustín Muiños detalla que él y su compañero de comando cometieron, entre octubre de 1982 y junio de 1984, cinco atentados con explosivos o, simplemente, lanzando latas de gasolina y cócteles molotov contra diferentes empresas. En un momento de esa actividad, Muiños y su compañero recibieron el encargo de la dirección de ETA de atentar contra el empresario José Antonio Julián Bayano. Los dos etarras siguieron durante días a su víctima hasta los dos locales de ocio que regentaba y, el 23 de noviembre de 1983, cuando descendía de su vehículo para abrir uno de ellos, Muiños y otro miembro del comando no identificado cuando se dictó el fallo le dispararon cinco balas. Julián Bayano “murió de forma instantánea”, según recalca la sentencia. Tras aquel atentado, el fallo detalla que el comando siguió su actividad. Así, sus integrantes hirieron al guardia de seguridad de una sucursal bancaria que intentaron atracar; robaron a un grupo de cazadores sus armas; ametrallaron la casa cuartel de la Guardia Civil de Durango, e intentaron hacer estallar una bomba al paso de una patrulla del instituto armado. El fallo que condenó en 1985 a Muiños a 88 años de cárcel por todo ello, destaca que este discutió con sus compañeros de comando cuando ETA les propuso asesinar a un vecino suyo con el que mantenía amistad. Finalmente, el grupo asesinó a esta persona aprovechando que Tinin, estuvo hospitalizado más de un mes por una baja laboral.

14 disparos en una plaza de Irun. Juan Ramón Rojo fue condenado en 1996 a 55 años de prisión por el asesinato, cinco años, de Francisco Gil Mendoza y el intento frustrado de matar al hermano de este en esa misma localidad guipuzcoana. La sentencia detalla que Rojo y su compañero de comando vieron en la noche del 7 de agosto de 1991 como en una plaza estaban sentados los hermanos Francisco y Alfonso Gil, ambos toxicómanos, según destaca el fallo, y a los que los dos etarras “reputaban traficantes de droga” ya que aquel lugar era un punto de encuentro habitual entre drogadictos y pequeños traficantes. Como ETA había convertido a estos últimos en objetivo de sus atentados, Rojo y su compañero regresaron a la vivienda del primero, cercana al lugar, y cogieron dos subfusiles para regresar inmediatamente a la plaza. Una vea allí, y ya encapuchados, ametrallaron a los dos hermanos cuando huían al percatarse de las intenciones de los dos etarras. El fallo detalla que Rojo efectuó 14 disparos y que dos de ellos impactaron en Francisco Gil, uno en la cabeza, y le ocasionaron la muerte.

Un atentado contra Lemoniz. En marzo de 1978 José Antonio Torre trabajaba como electricista en las obras de la central nuclear de Lemoniz (Bizkaia), un proyecto que se convirtió en objetivo de ETA desde su anuncio. Torre Altonaga, que en las elecciones del 28-M ocupó el puesto de suplente en la lista de EH Bildu en Mungia (Bizkaia), aprovechó que entraba a diario en las instalaciones para facilitar a la organización terrorista “informes verbales, escritos y fotográficos” sobre las vías de acceso, las medidas de seguridad y vigilancia, y recomendar a los responsables de la banda que la mejor forma de atentar contra la central nuclear era colocar un artefacto explosivo dentro de uno de los generadores de vapor.

La sentencia detalla que el 17 de marzo, y tras varias reuniones con tres miembros de un comando, el ahora candidato ayudó a estos a entrar en las obras haciéndose pasar por trabajadores y les indicó dónde tenían que dejar el artefacto. Luego, al salir del trabajo, sobre las dos de la tarde, se desplazó hasta su localidad de residencia, Plentzia, y, tras dos intentos fallidos, llamó por teléfono a la central nuclear. Tras presentarse como miembro de ETA, anunció que una bomba iba a estallar para que las obras fueran desalojadas. Solo 13 minutos después de aquella llamada, la carga explosiva detonaba. Dos trabajadores, Andrés Guerra y Alberto Negro, quedaron “descuartizados”, describe el fallo. Otros 14 obreros resultaron heridos de diferente consideración y la central sufrió grandes daños. La Audiencia Nacional consideró probado que Torre fue pieza clave en aquel crimen y le condenó, en abril de 1991, a 20 años de prisión en concepto de autor como cooperador necesario por un delito de estragos, dos de homicidio y varios de lesiones.