Radiografía electoral | Extremadura, entre el sueño de la revolución tecnológica y la pesadilla de los trenes

Extremadura se debate el 28 de mayo entre la ambición de engancharse, en una posición de cabeza, a la revolución de la transición energética y el hartazgo por unas infraestructuras deficientes. De un lado, su conversión en un polo tecnológico que la convertiría en la única región de Europa en la que se fabriquen todos los componentes necesarios de los vehículos eléctricos: desde las baterías de litio a los supercondensadores y superconductores. Del otro, las averías periódicas en las conexiones ferroviarias de media distancia y otros ejemplos del aislamiento que sufre, como el socavón de 20 metros de diámetro todavía sin arreglar que la borrasca Efraín abrió en diciembre en la N-523. Una carretera que, a falta de la tantas veces reclamada autovía que Juan Carlos Rodríguez Ibarra anunció en 2006, conecta las ciudades de Cáceres y Badajoz.

“Vamos a pasar de ser una tierra de emigrantes a otra de inmigrantes. ¡Nunca en la vida hemos tenido la oportunidad que vamos a tener! Tenemos que salir a comernos al mundo porque nos lo podemos comer, pero hace falta que nos lo creamos”, afirma como un mantra en cada mitin el presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara (PSOE), ante un público, el de más edad, descreído. En la memoria está muy presente el éxodo de más de 600.000 extremeños entre los años sesenta y ochenta del siglo XX, a otras partes de España en busca de trabajo. La historia pesa, pero el barón socialista está convencido de que puede convertir en un tiempo récord a Extremadura en un referente industrial internacional. Un cambio de mentalidad radical para la tercera comunidad autónoma con menor PIB per cápita en 2021 —hasta entonces era la última—, con 19.072 euros por habitante, solo por delante de Andalucía (18.906) y Canarias (18.990), según el INE. La media nacional es de 25.498 euros.

Frente al despliegue de proyectos industriales, el PP, que en más de 40 años de democracia solo ha gobernado la comunidad durante una legislatura (2011-2015), ha convertido las promesas incumplidas por el Ejecutivo central en uno de sus leitmotiv contra Fernández Vara. Aunque Mariano Rajoy también las incumpliese: “Yo voy a traer el AVE a Extremadura. No te quepa la menor duda”, llegó a decir en un mitin en 2008, cuando aún estaba en la oposición. No sólo no llegó el AVE —ni con el PP ni con el PSOE— sino que la red de ferrocarril convencional arrastra problemas estructurales que a menudo convierten los trayectos entre la comunidad y el resto de España en una pesadilla de averías y retrasos. Junto a eso, denuncian los populares, se aparcan los proyectos de autovías como la del Levante (A-43), para conectar Mérida con Valencia a través de la autovía radial A-3 o la que iba a unir Badajoz con Granada (A-81), o se planea el derribo de la presa de Valdecaballeros, aunque este último proyecto acaba de ser aparcado por el Gobierno central tras las protestas de la Junta.

La estrategia de la candidata del PP en estos comicios, María Guardiola, es clara: vincular a Fernández Vara, el único presidente autonómico miembro de la dirección federal del PSOE, con Pedro Sánchez. El líder autonómico contrarresta ese discurso recordando que alrededor de 400.000 extremeños —de una población de un millón de habitantes— se han beneficiado de las medidas sociales del Gobierno de España: 236.000 jubilados con la reforma de las pensiones, casi 100.000 por la subida del salario mínimo y 53.000 por el ingreso mínimo vital.

La Junta de Extremadura no es uno de los Ejecutivos autonómicos de izquierdas en riesgo, según las encuestas, pero fuentes de la dirección del PSOE sí reconocen la posibilidad de que Vara no revalide la mayoría absoluta. En 2019 fue posible porque Vox, con un respaldo del 4,7%, no entró por unos miles de votos en el Parlamento. El objetivo de los socialistas ahora es superar en escaños a la derecha para gobernar en solitario y no depender de Unidas Podemos.

Mientras la oposición basa su estrategia en desgastar a Fernández Vara poniendo el foco en la alineación de la Junta con La Moncloa, el PSOE espolea la atracción de industrias punteras. Fernández Vara insiste en sus mítines en que “las dos anteriores revoluciones industriales pasaron de largo” por Extremadura, pero asegura que en los próximos cuatro años la región necesitará 35.000 trabajadores, de los que 20.000 serán empleos cualificados que exigirán Formación Profesional —la Junta ha aprobado un plan de FP dotado con 811 millones— o títulos universitarios. La tasa de desempleo en el primer trimestre del año fue del 19,5%, seis puntos por encima de la española (13,26%). El número de parados se situó en abril en 80.500 personas, frente a los 94.000 que había en las elecciones de mayo de 2019 y los 115.000 en lo peor de la pandemia. El paro juvenil en los tres primeros meses de 2023 fue del 47%, muy por encima de la media nacional (30%).

Las cifras que rodean a la “revolución industrial” que pretende de Fernández Vara abruman. Extremadura ha creado seis millones de metros cuadrados de suelo industrial para acoger empresas y quiere facilitar otros cinco millones la próxima legislatura. El valor total de los futuros proyectos industriales es de 20.000 millones de euros —similar al PIB autonómico—, entre los que destacan la gigafactoría de baterías en Navalmoral de la Mata, la fábrica de diamantes sintéticos en Trujillo o la fábrica de celdas de Badajoz, la industria de cátodos en Cañaveral y las explotaciones mineras de Cañaveral y Aguablanca. “Se han puesto los cimientos para que empresas puedan venir a la región, pero exigimos que no se venga solo a generar riqueza sino que repercuta en las condiciones laborales de la gente”, apunta Encarna Chacón, secretaria general de CC OO en Extremadura. La Junta ha aprobado un decreto por el cual se obliga a que cada gramo de litio que se extraiga de las minas de la región se tenga que transformar primero allí para que genere empleo y riqueza.

Esa apuesta tecnológica tiene, sin embargo, su reverso: “Nos preocupa la posible contaminación de algún acuífero por las minas de litio. No nos fiamos de las empresas mineras: se terminan yendo y te dejan los depósitos de lodos, es su modus operandi por todo el mundo”, advierte Julio César Pintos, de Ecologistas en Acción. La Junta replica haciendo gala de su apuesta por las energías renovables y remarcando que la comunidad es líder en producción de energía fotovoltaica, con el 27% de la generada en toda España.

La patronal hace un buen balance de estos cuatro años. “Tener una mayoría absoluta ha dado una estabilidad política. Somos apartidistas, pero ha sido una suerte para Extremadura. A eso hay que añadir que Fernández Vara ha creído y ha apostado por el diálogo social. Durante la pandemia me reuní con todo el Consejo de Gobierno cada semana y eso es algo muy a tener en cuenta”, resalta Francisco Javier Peinado, secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña. El representante de los empresarios demanda, no obstante, cambios más profundos en un momento de transformación del modelo productivo. En 2020 la industria representó el 13,3% del PIB de Extremadura (por debajo del 16% nacional) y la agricultura (7,2%) duplicó la media de España.

El malestar en el campo con la ley de bienestar animal del Gobierno de Sánchez ha sido, durante un tiempo, una de las principales amenazas que ha tenido que sortear Fernández Vara. Distintas fuentes del Ejecutivo y del PSOE coinciden en que él fue quien logró entre bambalinas que se excluyera de esa norma a los perros de caza y los canes empleados en el cuidado del ganado. “Si no hubiera sido así, el PSOE habría perdido automáticamente la Junta de Extremadura y otras comunidades como Castilla-La Mancha y Aragón”, sostienen fuentes de la dirección federal del partido.

“El sector cinegético en Extremadura no va a decidir su voto por la caza. La caza no va a restarle al Gobierno de Fernández Vara. Al contrario, le puede sumar”, expone José María Gallardo, presidente de la federación autonómica de caza, que tiene entre 70.000 y 80.000 federados y más de 100.000 inscritos. Es decir, el 10% de los extremeños, una bolsa de votantes enorme y muy movilizada. Gallardo diferencia la “ley animalista” del Gobierno central de las políticas “muy positivas” en Extremadura. La Junta declaró hace un año las monterías y las rehalas Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial como reconocimiento a una tradición que constituye un “valor identitario” en la región. No fue el único guiño. La entidad que preside Gallardo fue condecorada con la Medalla de Extremadura, el más alto reconocimiento que otorga la región.

El gran talón de Aquiles de los socialistas es el tren. El Ministerio de Transportes esgrime que las inversiones en la red ferroviaria extremeña desde 2018 se han duplicado, rozando los 200 millones entre 2019 y 2021. En el caso de la red convencional se han multiplicado por diez. Y remarcan que, mientras el Gobierno del PP invirtió nueve millones en cuatro años, Sánchez ha invertido 71 millones. En las próximas semanas se electrificará por completo el trazado extremeño de alta velocidad, en el que se han invertido 1.700 millones en los últimos años para construir 150 kilómetros de vía. Pero la conexión con Madrid no tiene fecha en el horizonte: los 200 kilómetros entre la capital y Oropesa, en la linde de Castilla-La Mancha con Extremadura, se encuentran en fase de estudio informativo.