Los socios de la coalición estiran el plazo para reformar la ‘ley del solo sí es sí’ y evitar la ruptura

Nadie quiere romper. Eso se percibe en las conversaciones con los dos sectores de la coalición. Pero la hora límite se acerca y el acuerdo sobre la reforma de la ley del solo sí es sí no llega. Los ministerios de Justicia e Igualdad siguen cruzando papeles constantemente, pero no encuentran un punto de acuerdo técnico para ver cómo se aumentan las penas. Justicia insiste en que la única manera es incluir la violencia para justificar las penas más altas, Igualdad rechaza de base el concepto porque cree que de facto volvería a generar dos tipos como había antes, abuso y agresión, unificados en esta ley.

La negociación, que lleva desarrollándose durante más de dos meses de forma discreta y ha dado paso a una intensa semana de forma pública, no acaba de avanzar, aunque tampoco se para. A la vista de que hay voluntad negociadora, el PSOE parece ahora dispuesto a estirar el plazo que se impuso a sí mismo y a su socio de coalición: Pedro Sánchez había dado la instrucción el lunes de que la proposición de ley con la reforma tenía que estar registrada en el Congreso esta semana. El límite era, pues, este viernes, cuando cierra el registro en la Cámara baja.

El consentimiento, un concepto que siempre ha sido el centro de los delitos contra la libertad sexual

La negociación entre el PSOE y Unidas Podemos para reformar la ley del ‘solo sí es sí’ se enroca en el debate sobre si subir las penas para los supuestos con violencia afectará al núcleo de la norma

El PSOE quiere registrarla este viernes. Y aún no ha descartado del todo la posibilidad de hacerlo en solitario si la negociación se bloquea, lo que implicaría una ruptura grave en la coalición. Pero las conversaciones siguen, y los socialistas también se plantean la posibilidad de estirar un poco el margen para evitar esa fractura. Sería hasta el lunes como máximo. El lunes o martes por la mañana sí que habría que registrarla para que la junta de portavoces de ese día la metiera con urgencia en el pleno del día 14. En el del martes 7 ya es inviable, porque está cerrado el orden del día y solo se podría reabrir para incluir la iniciativa con unanimidad de la Junta de Portavoces, algo siempre difícil de lograr.

Los socialistas quieren en cualquier caso ir muy rápido y resolver este asunto cuanto antes, porque está generando una gran inquietud social y un importante desgaste para el Gobierno. Si no consiguen cerrar el acuerdo antes de que cierre el registro del Congreso este viernes, podrían, por tanto, darse un margen el fin de semana para rematar. Pero ya no más. Y solo en el caso de que constaten que la voluntad de negociar de Podemos es real. Mientras, Igualdad insiste en que ellos quieren un acuerdo y no van a romper.

Los dos socios del Ejecutivo apuraron hasta la noche las negociaciones para reformar la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del solo sí es sí, tras más de una semana de intercambio de propuestas, borradores de ida y vuelta y un ambiente cada vez más enrarecido. Desde la entrada en vigor de la norma en octubre se han registrado más de 300 revisiones a la baja de condenas y una veintena de excarcelaciones que ya no tienen solución, pero los socialistas promueven una reforma, que intentan pactar con sus socios, para evitar que haya condenas bajas en el futuro con la nueva ley. Los negociadores del PSOE destacan que Podemos, pese a sus palabras duras en público, en privado sí está negociando y sobre todo ha aceptado lo más difícil, la subida de penas, aunque rechaza la fórmula elegida por Justicia para hacerlo, que defiende todo el sector socialista como la única posible.

Sánchez había transmitido en la reunión de maitines del lunes con su núcleo duro que había que actuar ya tras tres meses de alarma social por el goteo de casos de delincuentes sexuales beneficiados por los “efectos indeseados” de la ley y que, por tanto, urgía mandar el mensaje político de que se modificará la normativa. El PSOE sigue contemplando la opción de presentar este mismo viernes la proposición en solitario si llega a la conclusión de que el acuerdo con Podemos no es posible, pero la rigidez del calendario que en un primer momento manejaban en La Moncloa se ha relajado algo debido a los plazos de la tramitación parlamentaria.

Los socialistas insisten, frente a la resistencia de Podemos, en que las opciones son muy pocas. El Ministerio de Justicia no ve sentido a tocar las circunstancias agravantes fijadas ya en el artículo 180 del Código Penal y aboga por encontrar una redacción para modificar los puntos del artículo 178.2 o incluir un nuevo 178.3 para asociar las condenas más altas —de uno a cinco años frente a un tipo general de uno a cuatro que ya existe— a la violencia o intimidación para que los jueces vean claro con nuevos argumentos cómo aplicar la pena nueva más grave, y así evitar que se vayan al rango más bajo de condenas. Esto es, Justicia propone introducir la violencia, intimidación o anulación de la voluntad como justificación para un arco de penas mayor. El resultado sería que en el caso del tipo general, que es de uno a cuatro años, se pasaría, con violencia, a de uno a cinco. Y en el caso de penetración, con una pena general de 4 a 12 años, la horquilla sería, con violencia, de 6 a 12 años, similar a la que había antes. Pero Igualdad cree que su aplicación iría en contra de la filosofía de la ley del solo sí es sí, que unificó los dos tipos que había antes y con ello amplió el arco de las penas, precisamente el problema que ha derivado en esas más de 300 rebajas de penas. Igualdad además cree que con estos dos tipos se volvería a centrar los juicios en la demostración de la violencia para subir las penas, como sucedía antes para pasar de abuso a agresión —así ocurrió en el juicio a La Manada, luego corregido por el Supremo— y, por tanto, rechaza el concepto. La alternativa del ministerio que dirige Irene Montero para subir las penas es que la violencia se ponga como agravante, y no en el tipo básico. Pero, según Justicia, eso no arreglaría el problema y seguirían dictándose penas más bajas que antes de la norma, y por eso el ministerio liderado por Pilar Llop quiere ponerlo en el tipo básico.

Con las negociaciones abiertas, Podemos soliviantó al PSOE con el anuncio de un acto el domingo que llevará por nombre ¿Consentiste o no? Solo sí es sí. Además de la ministra de Igualdad, participarán Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, y Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. “Al PSOE le cuesta resistir la presión que ha desplegado el PP ayudado por sus brazos mediáticos y judiciales para atacar el corazón de la ley, que es el consentimiento. Le pedimos que aguante, que resista, porque esta es una buena ley y es trabajo de todo el Gobierno proteger esta ley”, apremió Belarra por segundo día consecutivo a los socialistas. La sucesora de Pablo Iglesias al frente de Podemos se mostró confiada en que la “decisión unilateral [de que el PSOE presente por su cuenta la proposición de ley] no se produzca” y reiteró que la ley “tiene un problema de aplicación por una minoría de jueces”.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, evitó poner “calificativos” sobre declaraciones que no le parecen “afortunadas”, pero recalcó que a su partido “nunca” le han temblado las piernas, como afirmó la líder de Podemos la víspera y volvió a reiterar. La número dos del PSOE remarcó que “si las cuestiones técnicas no llegan a buen puerto en la voluntad de ambas partes, es evidente que la ley definitivamente habrá que reformarla”, abriendo la puerta a una acción legislativa exclusiva del PSOE si las conversaciones con Podemos son infructuosas. Pero en Ferraz y La Moncloa son optimistas y esperan que haya acuerdo: fuentes socialistas afirman que el socio minoritario del Gobierno ha pasado en dos semanas de negarse a tocar la ley y no asumir que habría que incrementar las penas a aceptar esas dos salidas. La cuestión es cómo hacerlo.