Justicia e Igualdad se cruzan contrapropuestas sobre la ‘ley del solo sí es sí’ pero chocan en cómo subir las penas

Las cosas aparentemente habían empezado a cambiar el martes. Tanto el sector socialista como el de Unidas Podemos rebajaron el tono de las declaraciones públicas, que el lunes fueron muy duras. En el Senado, donde se pasaron toda la tarde casi todos los ministros, había corrillos y conversaciones discretas. Los dos sectores insistían en su voluntad de negociar. Pero el PSOE apremiaba: no hay tiempo, el presidente decidió el lunes, y así se lo comunicó a su equipo más cercano en la llamada reunión de maitines, que este asunto tiene que estar resuelto políticamente esta semana con la presentación de una proposición de ley en el Congreso. Si hay acuerdo, será conjunta, PSOE-Unidas Podemos, y habrá que buscar apoyos. Es algo que no parece muy difícil. La mayoría de los grupos asumen que hay que corregir la ley, porque ha tenido consecuencias indeseadas de revisiones de penas —que no se pueden resolver— y puede seguir teniéndolas en el futuro con condenas bajas.

Ese es el plan A. Pero si no hay acuerdo este jueves, el día en el que debería cerrarse, según los cálculos del PSOE, se pasaría al plan B: la proposición se presentaría en solitario. Y ese es un camino no explorado, que pondría la coalición al límite y le daría una baza política clave al PP, porque el PSOE necesitaría sus votos para sacarla adelante. Nadie quiere llegar a este punto, pero los socialistas están decididos a resolver ya este problema que ha generado una gran preocupación en la sociedad y el consiguiente desgaste en el Gobierno. “No podemos seguir con esta herida abierta, hay que cerrarla ya”, asegura un miembro del Ejecutivo.

En este contexto, el martes por la noche empezaron a moverse contrapropuestas, primero de Igualdad, después de Justicia, en un intercambio frenético de papeles que auguraba avances. En algún momento incluso se planteó la posibilidad de presentar la proposición este miércoles. Todo estaba listo en el Congreso para hacerlo. Cuanto antes, mejor. Pero la negociación se volvió a estancar a media mañana.

Igualdad plantea soluciones para subir las penas, algo en lo que ya están de acuerdo los dos sectores del Gobierno, pero todas ellas incluyen cambiar por completo el esquema que ha planteado Justicia para resolver el problema, que implica introducir la violencia, intimidación o anulación de la voluntad como justificación para un arco de penas mayor. En el caso del tipo general, que es de 1 a 4 años, pasaría a 1 a 5 con violencia. En el caso de la penetración, con una pena general de 4 a 12, pasaría a 6 a 12 cuando hay violencia. Y así sucesivamente.

Igualdad insiste en que esa fórmula, la única que Justicia ve viable para garantizar que no hay condenas mucho más bajas que antes, haría que los juicios giraran en torno a si hubo violencia o si la víctima se resistió. Por eso plantean como solución para subir las penas que la violencia se ponga como agravante, y no en el tipo básico. Alegan que al establecer dos tipos básicos de agresión, con o sin violencia, se está volviendo de alguna manera al esquema anterior, con abuso y violación, y creen que muchos jueces irán al tipo más bajo o forzarán a las mujeres a pasar por el calvario de tener que justificar la violencia y la resistencia para lograr penas altas.

Justicia contesta que eso no es así, que no cambia nada en ese sentido y que en cualquier caso, también con la ley vigente del solo sí es sí, la violencia, intimidación o anulación de la voluntad siempre será un elemento de juicio y de prueba, porque así funciona el derecho penal. Justicia está convencida de que su modificación, que está dispuesta a negociar —de hecho, ha habido contrapropuestas técnicas para salvar las objeciones de Igualdad— no supone en absoluto desnaturalizar la ley ni una marcha atrás para las mujeres, y simplemente tiene el efecto de subir las penas en el caso de que haya violencia, los más graves, para evitar que se den condenas muy bajas, que es lo que se deduce de las revisiones que se están produciendo en los tres primeros meses de aplicación de la ley, más de 300. Igualdad insiste en que no aceptará dos tipos básicos bajo ningún concepto con esa vinculación a la violencia. Y ahí está el meollo de la negociación.

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Mientras en privado se negocia intensamente, también se juega la batalla en público. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, encrespó los ánimos en Ferraz y La Moncloa a primera hora del día afirmando que al PSOE “le han temblado las piernas por la presión de la derecha política, judicial y mediática” y por eso se ha visto “obligado” a plantear “algún tipo de reforma”. Belarra también ha insistido en que la rebaja de penas y excarcelaciones de agresores sexuales es consecuencia de “una mala aplicación de la ley” por parte de algunos jueces “que siguen aplicando una mirada machista y patriarcal”, según afirmó en La Hora de la 1 de RTVE.

“El problema no está en la ley, está en una resistencia a su correcta aplicación”, reiteró por la noche Irene Montero que, como Belarra, insistió en que hay una “ofensiva” conservadora contra la ley de libertad sexual y ha destacado que “la mayoría de los jueces está aplicando de forma correcta” la legislación. La ministra de Igualdad reconoció que existe una “discrepancia fuerte” con el PSOE respecto al consentimiento: “Mi principal objetivo es proteger el consentimiento como centro de la ley y mantener que es agresión sexual cualquier acto sexual sin consentimiento”, señaló. “Sorprende la dureza de las críticas con la ausencia de propuestas”, concluyó Montero en una entrevista en Telecinco ante los reproches de referentes de la izquierda como Manuela Carmena.

Los socialistas han priorizado rebajar la tensión con su socio y han evitado entrar al choque con Podemos. “El PSOE tiene más de 140 años de historia para conseguir lo que está consiguiendo también con este Gobierno: que España avance, que cada vez haya más derechos, más libertades, mejor economía, más empleo y menos precariedad y temporalidad”, reivindicó Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, frente a las críticas de Podemos.

Pero el movimiento más reseñable lo dejó Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que se desmarcó de las declaraciones de Belarra: “Soy muy respetuosa con todas las formaciones políticas y me van a encontrar siempre dialogando. No me van a escuchar otra palabra en este sentido y estoy segura de que vamos a alcanzar un acuerdo”. Algunos socialistas interpretan que el grupo de Unidas Podemos se podría romper si se tensa mucho la negociación, pero nadie está apostando a esos escenarios que serían desastrosos para la coalición en un año electoral. La falta de acuerdo colocaría en una tesitura muy complicada a los partidos del Gobierno a menos de cuatro meses de las elecciones autonómicas y municipales, y también podría agrietar aún más la relación entre Podemos y el proyecto político —por definir— que Díaz quiere liderar en las generales. “No hay nada más que me gustaría que se llegase a un acuerdo, voy a intentar cuidar la coalición progresista, de la que me siento muy orgullosa”, trató de destensar la vicepresidenta segunda.