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Igualdad está dispuesta a asumir subidas de penas en la ‘ley del solo sí es sí’ sin tocar el consentimiento

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, asegura que van a hacer “todo lo posible por llegar a un acuerdo” con los socios de Gobierno

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez (i), y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell (d), en rueda de prensa el lunes 30 de enero de 2023. Foto: KIKO HUESCA (EFE) | Vídeo: Europa Press

Igualdad está dispuesta a asumir la subida de las penas en la ley del solo sí es sí siempre y cuando “no se toque el consentimiento, se preserve el corazón de la ley”, ha dicho este lunes la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez. Desde diciembre, 15 días después desde que se conocieran las primeras rebajas de condenas y excarcelaciones a reos de delitos sexuales tras las revisiones que ha conllevado la aplicación de la Ley de Libertad Sexual, Justicia e Igualdad han estado trabajando para llegar a un consenso sobre cómo reformar la norma. Rodríguez asegura que van a hacer “todo lo posible por llegar a un acuerdo lo antes posible”. Eso sí, sin volver a un modelo anterior, que es lo que, afirman, “hace la propuesta del PSOE”.

La parte socialista del Gobierno propone dejar las penas como están, más bajas que antes en muchos casos, en el tipo general. Pero en cada artículo se añade una pena más alta, similar a la que había antes, “si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad”. En el documento, que adelantó esta mañana la Cadena SER, se reclama volver a penas de entre 1 y 5 años cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima y de entre 6 y 12 años en esos mismos casos cuando la agresión sexual sea con penetración. En los supuestos en que haya agravantes también pide volver a las penas anteriores: de entre 5 y 10 años cuando no haya penetración y de entre 12 y 15 cuando sí la haya. Y hacen extensible la propuesta a los casos en los que la víctima sea menor.

La conclusión del Ministerio de Justicia tras un análisis técnico realizado en función de las decisiones judiciales que se están tomando, si no se hiciera nada, en los próximos meses y años habría un reguero de condenas más bajas que las que se habrían impuesto antes del cambio de la ley, un efecto difícil de justificar políticamente. Justicia insiste en que su propuesta no toca el corazón de la ley, que implica que “solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”. Esto es lo que ponía en el primer artículo que modifica la ley, el 178.1 del Código Penal. Es el corazón del solo sí es sí y se mantendría tal cual. Igualdad plantea subir las penas sin más, es decir, donde pone cuatro años pasar a cinco, pero Justicia alega que eso técnicamente es imposible porque no quedaría justificado el aumento. Por tanto, no se discute la subida de penas, sino la fórmula jurídica para aplicarla.

Para Igualdad, en cualquier caso, la de Justicia no es una opción viable tal y como está redactada, afirman que es “exactamente” la propuesta del Partido Popular y que sería de nuevo volver a poner el foco en cuánto se resistió una mujer en una agresión, aunque “no se suprima la palabra consentimiento” ni se elimine la parte del articulado que lo trata, “en la práctica sería así”.

Según ha afirmado Rodríguez, “es evidente” que quieren acordar un texto final con el Ministerio de Justicia y no se plantean otro escenario que no sea el consenso: “[Estamos] con toda la voluntad de llegar a acuerdos. Pero no vamos a aceptar ninguna propuesta que ponga en juego ese modelo del consentimiento, que es una conquista del movimiento feminista y de las mujeres de este país. Nos jugamos que se les vuelva a preguntar si se resistieron y es un modelo tremendamente perjudicial para las mujeres”.

Rodríguez ha explicado que, una vez la parte socialista del Gobierno les pidió que trabajaran expresamente en el ámbito penal de la norma, han presentado “hasta tres propuestas distintas de reformas que pueden ayudar a evitar menos interpretación a futuro, que no van a resolver lo de ahora, pero darán menos margen interpretativo a los operadores jurídicos y pueden ayudar a aliviar esta situación de preocupación social” que “comparten”. “No era el espíritu del [poder] legislativo y [el poder] ejecutivo expresado en la norma, no es el efecto deseado”, ha dicho en referencia a las casi 300 reducciones de condenas y la veintena de excarcelaciones que se contabilizan, aunque sin datos oficiales, hasta ahora.

Desde el área de Montero no han concretado las propuestas porque quieren “preservar las negociaciones” con Justicia, y la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, solo ha esbozado las medidas: “Tienen que ver con la vigencia del derecho transitorio y su posible ubicación en el Título Preliminar, para que haya un marco de derecho transitorio, para que no se vuelva a poner en duda como jamás se había puesto en duda con otras reformas del Código Penal; y algún retoque de las penas mínimas que es a las que están huyendo estas sentencias”. Sentencias que, insisten, “son una minoría”.

Igualdad cree que hay “otras fórmulas” y se decantan por trabajar en el desarrollo de medidas para la protección de las víctimas, como recuerdan se hizo en 2004 tras la entrada en vigor de la ley contra la violencia de género. “Hubo casi 200 cuestiones de inconstitucionalidad y esto hizo que se plantease un debate sobre si aquella ley era constitucional, la decisión que tomó el gobierno de [José Luis Rodríguez] Zapatero fue una buena decisión, no seguir debatiendo en los marcos de los sectores más conservadores sino intentar implementar la norma, poner en marcha medidas y recursos para poder desarrollar la parte integral de la ley, que va a dar más herramientas a los operadores jurídicos para poder interpretar correctamente la norma”, ha ahondado Rodríguez, en línea con el discurso que mantienen desde el primer momento y es que lo que está ocurriendo se debe a “la interpretación” de algunos jueces y no a la redacción de la normativa.

Entre esas medidas está dar competencias a la Fiscalía de sala sobre la mujer para los delitos de libertad sexual —ahora solo las tiene en la violencia que se da en la pareja o expareja—, o la especialización de los órganos judiciales, para que pueda haber juzgados específicos para delitos sexuales. “Estas medidas las hemos ido negociando, creemos que están listas. Algunas necesitan reformas normativas, otras ser elevadas al Consejo de Ministros y otros recursos presupuestarios que también hemos estado trabajando”, ha concluido la secretaria de Estado.

En pleno año electoral, PSOE y Unidas Podemos necesitan el consenso lo antes posible para hacer una reforma de la que no solo ha sido tildada como la ley estrella de Montero, sino también del Ejecutivo; fue la primera norma que ambos partidos quisieron y pusieron en marcha. Los socialistas han anunciado que preparan una proposición de ley para acelerar la reforma en el Congreso y que podrían ir en solitario si no se cierra el debate pronto; a lo que el PP ya ha ofrecido sus votos. Sin embargo, el socio mayoritario quiere que el texto definitivo sea de la mano de UP, porque lo contrario apuntaría a una fractura de la coalición que ambos quieren evitar. Ahora, con el consentimiento de nuevo en el centro del debate, los socios de Gobierno se enfrentan a unos días difíciles, aunque, aseguran ambos, con “toda” la voluntad de llegar a un acuerdo.

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