El Constitucional y las 10 sentencias importantes pendientes: de la ley del aborto a la reforma laboral

Una vez renovado y con una mayoría progresista por primera vez en nueve años, el Tribunal Constitucional va a tener una importante tarea por delante, tanto cuantitativa como cualitativamente, porque durante el último año y medio ha evitado resolver los asuntos con mayor calado político, y ahora estos se amontonan en el cajón. La que en el propio tribunal se ha llamado pax trevijana —por el apellido del presidente saliente, el conservador Pedro González-Trevijano— pretendió cerrar la fractura interna producida por la sentencia que anuló los decretos del estado de alarma frente a la pandemia. Pero deja tras de sí un buen cúmulo de asuntos pendientes, entre los que figuran las impugnaciones del PP y Vox contra algunas de las leyes más importantes de la legislatura. A esos recursos se suman otros pendientes desde hace años. Estas son diez de las cuestiones más relevantes sobre las que tendrá que deliberar y resolver el tribunal en los próximos meses (a ellas habría que añadir el recurso presentado por Vox contra la ley del solo sí es sí, aún no admitido a trámite):

Ley de Eutanasia. La Ley orgánica de regulación de la eutanasia, en vigor desde marzo de 2021, fue recurrida por Vox y por el PP, que votaron en contra de su aprobación en el Congreso. Vox pidió, además, al tribunal la suspensión cautelar de la entrada en vigor de la ley, con el argumento de que provocaría efectos irreversibles por la pérdida de vidas. El tribunal, que ya había rechazado una petición de este tipo en relación con la ley del aborto, lo denegó por unanimidad.

Vox alegó en su recurso que la ley de eutanasia presenta una “radical inconstitucionalidad”, por cuanto “articula el sacrificio del derecho fundamental a la vida”. Añade que “el inconstitucional reconocimiento del derecho de toda persona a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, consagrado en los artículos 1 y 4.1 de la ley, proyecta su inconstitucionalidad sobre la totalidad del articulado”. El PP utiliza similares argumentos.

Ley de Educación. La reforma educativa introducida en 2020 por la Ley Celáa —así conocida por el apellido de la ministra que la impulsó— fue recurrida por Vox y del PP. La impugnación se basa en la tesis de que esta ley impide la libertad de elección de centro en perjuicio de la enseñanza concertada y la educación especial. También cuestiona la política lingüística en el sistema educativo catalán. El ponente, el magistrado Ricardo Enríquez, del sector conservador, tiene preparado el borrador de sentencia desde hace más de un año.

El castellano en las escuelas de Cataluña. El PP y Ciudadanos presentaron un recurso conjunto contra la normativa de la Generalitat de Cataluña que pretende evitar el cumplimiento de la sentencia que estableció que el castellano debe ser lengua vehicular, y usarse, por tanto, para impartir al menos un 25% de las materias troncales en las escuelas catalanes. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a su vez, elevó ante el tribunal de garantías una cuestión de inconstitucionalidad, al ver indicios de “fraude de ley” en esa normativa autonómica. Vox también un recurso, pero fue inadmitido por llegar fuera de plazo.

Reforma laboral y el voto del diputado Casero. La reforma laboral se aprobó en el Congreso en febrero de este año por 175 votos a 174, con gran polémica porque fue un error en el voto de un diputado del PP, Alberto Casero, el que acabó inclinando la balanza a favor de la ley. Ello motivó recursos del PP, Vox y del propio Casero, quienes consideraron contraria a los derechos del diputado la decisión de no permitirle cambiar en el último momento el sentido de su voto telemático.

Vox presentó, además, un recurso de inconstitucionalidad contra la propia ley, considerando que el Gobierno no podía tramitarla como decreto ley, dado que no existían razones de urgencia y que el propio preámbulo del texto legal explicaba que su propósito era corregir “importantes desequilibrios que el mercado laboral español arrastra desde hace décadas”. El partido de extrema derecha tildó de “abuso” el trámite exprés utilizado, que el Gobierno, dijo, había convertido en “una herramienta para imponer su voluntad”.

El escaño de Alberto Rodríguez. El exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez tiene presentados ante el Constitucional dos recursos con los que persigue recuperar su escaño, que perdió en octubre de 2021 tras ser condenado por el Supremo por propinar una patada a un policía tras una manifestación años atrás. Uno de estos recursos se refiere a la condena y otro a la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de dejarle sin dicho escaño tras la sentencia. La Fiscalía ha informado en contra de la primera impugnación y a favor de la segunda.

Ley del aborto. El recurso contra la vigente Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue presentado por el PP en junio de 2010. Sin embargo, Mariano Rajoy, en sus siete años en La Moncloa, no la derogó: sólo la modificó para introducir la obligatoriedad del permiso paterno para las mujeres de 16 y 17 años que decidan abortar (una obligatoriedad que el Gobierno actual ha vuelto a eliminar). En estos 12 años el Constitucional mantuvo el recurso sin resolver, en vista de esa renuncia a derogar la ley del partido recurrente y con el convencimiento de que era un asunto socialmente muy delicado y que no generaba consenso en el tribunal.

Trevijano, del sector conservador, se comprometió a que un borrador de sentencia sería llevado a pleno antes del verano de 2022, pero luego decidió no hacerlo, dado que el tribunal iba a tener que cambiar su composición en junio. La ponencia había quedado en manos del también conservador Enrique Arnaldo, quien tiene terminado su proyecto de resolución desde abril. En él, según fuentes del Constitucional, mantiene la ley pero planteando la necesidad de introducir una serie de cautelas y requisitos para la mujer que quiera abortar. Es posible que la elaboración del fallo pase ahora a otro ponente, esta vez del sector progresista, si dicho borrador se considera inaceptable por la nueva mayoría progresista del tribunal. En todo caso, este asunto es una prioridad para el renovado órgano de garantías.

El juramento de los parlamentarios. El Constitucional debe resolver los recursos de PP, Vox y Ciudadanos contra las fórmulas empleadas por 29 diputados de los grupos Junts per Catalunya, ERC, PNV, CUP, EH-Bildu y cuatro parlamentarios de Podemos para jurar o prometer la Constitución al tomar posesión de su escaño. Las fórmulas empleadas incluyeron menciones a “los presos políticos” o “por imperativo legal hasta la creación de la República vasca”, entre otros. El tribunal deberá decidir si esa forma de acatar la Constitución por parte de un cargo público es válida.

Los nombramientos del Poder Judicial. Están pendientes de sentencia los recursos del PP contra la ley con la que el Gobierno prohibió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar nombramientos mientras esté en funciones, y contra la ley posterior que le devolvió esas competencias parcialmente: sólo para la designación de magistrados del Constitucional. El tribunal aparcó esta deliberación al entender que se trataba de un asunto que debía resolverse mediante la negociación política, según fuentes del Constitucional.

Medidas de ahorro energético. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso —pero no el PP nacional— recurrió el decreto de ahorro energético aprobado por el Gobierno para controlar el gasto en esta materia ante la crisis energética mundial, limitando la temperatura en instalaciones públicas y privadas. Ayuso defendió su impugnación con el lema “Madrid no se apaga”. Vox también impugnó esta normativa.

Las enmiendas paralizadas en el Congreso. El Constitucional tendrá que pronunciarse sobre el recurso del PP contra las dos enmiendas parlamentarias que pretendían agilizar la renovación del tribunal, y cuya paralización dictó el propio Constitucional al aceptar la medida cautelar pedida por el PP. El que está ya en la bandeja del tribunal es un recurso de amparo —ya admitido a trámite— contra la fórmula elegida para agilizar la aprobación de las enmiendas, que según el PP vulneró los derechos de participación política de sus diputados. Pero, además, los populares anunciaron un recurso de inconstitucionalidad sobre el contenido de esas enmiendas, por estimar que esta iniciativa alteraba el sistema de elección de dichos magistrados. La paradoja será que un asunto que empezó a verse en el tribunal con mayoría conservadora será finalmente resuelto por una mayoría progresista. En todo caso, las enmiendas decayeron y, por ahora, el Gobierno no ha aclarado si retomará su contenido con otro procedimiento.