‘Caso Alberto Rodríguez’: un año sin escaño y sin sentencia en el Constitucional

Un año después de la retirada del acta de diputado a Alberto Rodríguez, su escaño sigue vacío en el Congreso y nada indica que la situación vaya a cambiar a corto plazo. La decisión tomada por la presidenta de la Cámara baja, Meritxell Batet, tras la condena del Supremo al ex número tres de Podemos por propinarle una patada a un policía en 2014, abrió una herida en la coalición y el grupo parlamentario que acabó escenificándose con la salida de Rodríguez del partido. En este tiempo, nada se ha movido en el Congreso, pero el exdiputado canario, de vuelta a las islas, trabaja desde hace meses en un “proyecto sociopolítico” que anunciará “en poco tiempo”, señalan fuentes de su entorno. En el plano judicial, los dos recursos que presentó Rodríguez ante el Constitucional están en tramitación a la espera de que el tribunal se renueve. Al haber caducado su mandato en junio, en el órgano de garantías hay un acuerdo interno para no resolver ahora sobre las materias más controvertidas pendientes de decisión.

La formación de la ministra Ione Belarra tiene previsto pasar de puntillas por el aniversario de este sábado, un asunto que incomoda a la dirección estatal de Podemos, desde el principio partidaria de cubrir su escaño en una Cámara con mayorías ajustadas, e incapaz de resolver el entuerto ante la negativa de la número tres de la lista a aceptar o rechazar el acta. El trámite está paralizado desde noviembre pasado, cuando la segunda por Tenerife, Fátima González, renunció formalmente y la Junta Electoral Central expidió la credencial de Patricia Mesa. Ni la ley electoral ni el reglamento del Congreso establecen un plazo máximo para que los diputados tomen posesión de su acta, por lo que el asunto puede continuar bloqueado hasta el final de la legislatura, un horizonte cada vez más cercano.

El 22 de octubre de 2021, la presidenta del Congreso decidía desposeer a Rodríguez de su cargo tras haber sido sentenciado a una pena de 45 días de cárcel —sustituida por una multa— e inhabilitación para el derecho al sufragio pasivo en el Supremo. Esa misma tarde, Podemos anunciaba una querella contra Batet por prevaricación que finalmente nunca llegó a presentar. Aquella ofensiva abrió una crisis con el PSOE y acabó con el grupo dividido. Ni Díaz ni el ministro Alberto Garzón apoyaron la estrategia y los problemas en la relación entre Rodríguez y el partido de Belarra se evidenciaron tan solo un día después, cuando el exdiputado anunció a su llegada a Canarias que abandonaba Podemos. Más tarde, en una entrevista concedida a La Sexta, afeó a la dirección que no hubieran hecho “mucho más” por él, manifestando por primera vez en público su malestar con la organización. A la vez, la postura de Podemos Canarias ha variado con el tiempo. Si bien los primeros meses se mostraba a favor de dejar el escaño vacío como una reivindicación por lo que consideraban una decisión injusta, tras la salida en marzo de la otra diputada canaria del grupo, Meri Pita, se abrieron a la posibilidad de cubrir su vacante para que hubiera una “voz de Canarias en el Estado”.

Ya fuera de la política institucional, Rodríguez contrató los servicios del despacho de Gonzalo Boye, abogado del expresident Carles Puigdemont, y ha seguido su propia estrategia legal. En diciembre, una vez que el Supremo le comunicó que su condena había finalizado, solicitó por carta a la presidenta del Congreso recuperar su escaño, algo que ella descartó. Una semana más tarde, recurrió ante el Constitucional la decisión de Batet y en febrero presentó el recurso a su condena ante el mismo tribunal.

La admisión a trámite de ambos fue objeto de un intenso debate, pero el hecho es que pasaron este primer filtro. El presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, propuso que el asunto fuera avocado a pleno, dada la trascendencia del asunto en relación con la garantía de los derechos de participación política, tanto por parte del exdiputado como por parte de los ciudadanos a los que representaba.

Los debates registrados en torno a la procedencia o no de la admisión a trámite de ambas impugnaciones pusieron de manifiesto que, en principio, podría haber una mayoría favorable a aceptar la petición de amparo cuando se resolviera sobre el fondo de las cuestiones planteadas. La Fiscalía, sin embargo, ha informado en el sentido de que se debe rechazar el recurso presentado contra la sentencia del Supremo, y ha propugnado avalar, en cambio, el formalizado en contra de la separación de Rodríguez de su escaño, acordada por la presidenta del Congreso.

Criterio mayoritario del tribunal

Tanto sobre el fondo de esta impugnación —cuya ponente es la magistrada María Luisa Balaguer, del sector progresista— como la presentada contra la sentencia del Supremo, no se han debatido aún en el pleno del Constitucional. El resultado del examen relativo a la legalidad o ilegalidad de la actuación de Batet al privar de su escaño a Rodríguez es cuestión que según el criterio mayoritario del tribunal puede depender de la solución que se dé a la primera impugnación.

Si se anulara la sentencia del Supremo habría que resolver igualmente sobre la decisión de la presidenta del Congreso, que fue impugnada en un recurso específico, pero podría ocurrir que este fallo tuviera efectos meramente declarativos, cuya importancia se reduciría a su existencia como precedente a tener en cuenta en otros supuestos similares que pudieran producirse en el futuro. En cualquier caso, al haber caducado el mandato del tribunal con su actual composición el pasado 12 de junio, ambos asuntos quedaron en un cajón y no se ha vuelto a debatir.

En todo este tiempo, Alberto Rodríguez ha recuperado su vida en el archipiélago y el puesto de obrero industrial que dejó en 2016 cuando se convirtió en diputado. Desde hace meses, antes incluso de que la vicepresidenta Yolanda Díaz empezara a verbalizar sus intenciones con Sumar, el exsecretario de Organización de Podemos ha estado trabajando de forma colectiva en un “proyecto sociopolítico”. Tal y como apuntó él mismo en junio durante una entrevista en Radio Club Tenerife, la intención es que este sea “de obediencia canaria” y tenga un “carácter popular”. Aunque no han trascendido más detalles, su irrupción en la política autonómica con la vista puesta en las elecciones de mayo amaga con provocar nuevos movimientos en la izquierda canaria.