La ajustada votación de la reforma laboral reabre la polémica sobre la sustitución de Alberto Rodríguez

La sustitución del escaño de Alberto Rodríguez en el Congreso se ha vuelto estos días de nuevo un quebradero de cabeza para Unidas Podemos (UP). La ajustada votación del pasado jueves que aprobó la reforma laboral gracias al error de un parlamentario del PP evidenció la fragilidad de la mayoría que apoya al Gobierno de coalición y el peligro que supone, en este contexto, contar con un diputado menos. La presidenta de la Cámara baja, Meritxell Batet, decidió a finales de octubre retirar el acta de parlamentario al ex número tres de Podemos unas semanas después de que este fuera sentenciado por el Supremo a una pena de 45 días de cárcel —sustituida por una multa— e inhabilitación para el derecho al sufragio pasivo. La decisión, precedida de una fuerte polémica sobre la interpretación de la condena por haberle dado una patada a un policía durante una manifestación en 2014, abrió entonces una fisura entre los socios. Han pasado tres meses y medio y el escaño de Rodríguez continúa vacío. La resolución del trámite, bloqueado desde entonces, se ha convertido en un problema para la dirección nacional de Podemos, incapaz de resolver el conflicto y que aboga por recuperar a su diputado número 35. La solución está desde noviembre en manos de la tercera de la lista, Patricia Mesa, quien sigue sin pronunciarse públicamente.

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Así fue la aprobación de la reforma laboral en el Congreso

Según afirmó este martes en rueda de prensa el presidente del grupo parlamentario de UP, Jaume Asens, por el momento nada se ha movido. Ni siquiera la dramática votación del jueves ha servido para mudar las posiciones en Canarias. Desde que Rodríguez perdió su escaño, el partido en el archipiélago ha pedido “respetar los tiempos” tanto de Fátima González —la número dos—como de Mesa. La primera, integrante de Izquierda Unida, tardó unas tres semanas en renunciar formalmente al acta, momento en el cual la Junta Electoral Central expidió la credencial de diputada de la siguiente en la lista. Ya entonces, algunas fuentes señalaban que tampoco sería ella la encargada de sustituir a Rodríguez y que sí podría hacerlo la número cuatro, María del Cristo González del Castillo, perteneciente a la Ejecutiva de Podemos Canarias. En declaraciones a Efe, la coordinadora autonómica, Laura Fuentes, ha vuelto a pronunciarse este martes a favor de dejar el escaño sin cubrir mientras no se resuelva la vía legal. “Creo que simbólicamente debería quedar vacío”, dijo a título “particular”. “Otras personas no lo consideran así, pero es una reivindicación que el escaño esté vacío y Podemos Canarias lo entendió así”, ha afirmado antes de defender la “autonomía” de su federación. “Deberá ser la Justicia, de la misma manera que le ha quitado el acta, la que diga lo que tiene que ocurrir”, concluyó.

Fuentes próximas a la dirección estatal del partido descartan que vayan a abrir un expediente a Mesa. Para la formación, el caso del diputado canario no es uno más, porque siempre han defendido que la condena no comportaba la retirada del escaño y entienden el malestar de sus compañeros por lo sucedido. Sin embargo, creen que la estrategia en los tribunales puede dilatarse años y que difícilmente la cuestión quedará resuelta en esta legislatura. Hasta ahora, tampoco la vicepresidenta Yolanda Díaz, líder de UP, ha tomado cartas en el asunto.

La misma tarde en que Batet decidió sobre el acta, Podemos anunció una querella en su contra por prevaricación, que finalmente nunca llegó a presentar, pero que sí elevó la tensión con el PSOE. Aquella ofensiva provocó una división dentro del grupo y tanto Díaz como el ministro Alberto Garzón se desmarcaron en seguida de la estrategia. La relación entre Rodríguez y la formación se enrareció en público apenas 24 horas después, cuando el ya exdiputado comunicaba a su llegada a Canarias que dejaba el partido. Posteriormente, en una entrevista en la Sexta, les reprocharía que no hubieran hecho “mucho más” por él.

Desde entonces, el que fuera secretario de Organización en la Ejecutiva de Pablo Iglesias ha seguido su propia estrategia legal. Contrató los servicios del despacho de Gonzalo Boye, abogado del expresident Carles Puigdemont, y en diciembre, una vez que el Supremo le comunicó que su condena había finalizado, pidió por carta a la presidenta del Congreso recuperar su escaño, algo que esta rechazó. Una semana más tarde ,recurrió ante el Constitucional la decisión de Batet y el pasado viernes, tan solo un día después de la polémica votación de la reforma laboral, hizo público el recurso a su condena ante el mismo tribunal. Mientras tanto, Mesa, quien se presentó en su día a las primarias del partido animada por Rodríguez, guarda silencio. Ni la ley electoral ni el reglamento del Congreso establecen un plazo máximo para que los diputados tomen posesión de su acta, por lo que el asunto puede seguir paralizado hasta el final de la legislatura.