Unidas Podemos cumple un mes con el escaño de Alberto Rodríguez vacío en el Congreso

Un mes puede parecer una eternidad en la precipitada política española. Es el tiempo que cumplió este lunes vacío el escaño del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez. Desde que el pasado 22 de octubre la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decidió retirarle su acta de parlamentario tras la condena del Tribunal Supremo por propinarle una patada a un policía en 2014, nadie ha querido aún ocupar su lugar y nadie se atreve tampoco a predecir cuánto se dilatará el proceso. Mientras la dirección del partido en Madrid aboga por reemplazar al diputado y recuperar todos los votos de su grupo, la formación en Canarias reclama “respeto a los tiempos” de las siguientes candidatas en la lista por Tenerife.

El asunto, que a ratos parece enquistarse, incomoda en todo caso a ambas partes. La crisis desatada por la actuación de Batet llevó a Podemos a anunciar una querella, que no se ha presentado, contra la presidenta del Congreso. Esta estrategia generó algún problema en el grupo parlamentario y los miembros del Gobierno Yolanda Díaz y Alberto Garzón, o los comunes, se desmarcaron más tarde. El episodio se agravó con la salida inmediata de Rodríguez de Podemos y sus posteriores declaraciones en La Sexta insinuando que el partido “podría haber hecho mucho más” por él. Además, algunas de las llamadas a ocupar su escaño —las siguientes en la lista son mujeres— evitan por ahora aclarar su postura.

Algo se ha movido, en todo caso, este mes, y aunque tardó tres semanas en hacerlo, la número dos ha renunciado a sustituir a Rodríguez. A pesar de que Fátima González Bello manifestó públicamente su intención de rechazar al acta el mismo día en que su nombre empezó a circular, no fue hasta el pasado 12 de noviembre que la Junta Electoral Central recibió la renuncia formal de la que fuera concejala en el Ayuntamiento de La Laguna. “Me resulta muy difícil poder ocupar el puesto del compañero Alberto en las circunstancias actuales”, expresaba la política de Izquierda Unida, ahora retirada de la actividad institucional, a través de un mensaje en redes sociales a finales de octubre. “Estamos ante un auténtico retroceso democrático”, dejaba constancia González, a la vez que expresaba su solidaridad con el exdiputado. A partir de ahí, según explican fuentes de IU, un “problema administrativo” para formalizar la renuncia alargó el procedimiento.

En el momento en que la Junta Electoral recibió el escrito de González, procedió a expedir la credencial de diputada de la número tres de la lista, Patricia Mesa Mederos. Hasta la fecha, la candidata no se ha pronunciado ni en un sentido ni en otro sobre si está dispuesta a tomar posesión, señala el partido, aunque algunas fuentes aseguran que no está por la labor y que podría ser la número cuatro, María del Cristo González del Castillo, quien sí lo haga.

Fuentes de Podemos en el archipiélago piden “respeto absoluto a los tiempos y la decisión” de Mesa y aunque evitan posicionarse sobre si existe una estrategia consensuada para hacer ver su malestar con la decisión de Batet, su coordinadora Laura Fuentes se ha mostrado a favor de no sustituir a Rodríguez. “La única forma de sentirme representada sería dejar el escaño vacío. La justicia nos ha dejado sin escaño y para mí debería imperar esa idea, pero lo tendremos que hablar ambas fuerzas”, dijo en una intervención en la radio pública canaria hace algunas semanas. En otro momento, reconoció que la formación no tenía “ninguna prisa” en sustituir al diputado, como afirmó también en un comunicado. “Creemos que la situación merece tiempo, reflexión y cabeza fría. Nuestra militancia no nos perdonaría que pasáramos página sin más y que asumiéramos con normalidad este atropello democrático precisamente a la voluntad popular de Canarias”, sentenciaba Fuentes.

Desde Madrid, mientras, el partido evita pronunciarse públicamente. La idea, sin embargo, es que no ven incompatible la denuncia de la acción contra Alberto Rodríguez con cubrir su escaño, ya que nadie sobra para llevar a cabo la labor parlamentaria y afrontar votaciones complejas, como la que se plantea esta semana con los Presupuestos Generales del Estado.