El PP recurre ante el Tribunal Constitucional la ‘ley Celaá’

El Partido Popular ha presentado este lunes un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de educación (Lomloe), conocida como ley Celaá. El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado además que si llega a La Moncloa la derogará. A su entender, la ley conculca la libertad de los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos, ataca a la educación especial y al castellano, porque deja de figurar en el texto como lengua vehicular de la enseñanza (se sustituye por una expresión más genérica). La nueva norma revierte la polémica Lomce o ley Wert, aprobada por el PP en solitario en 2013. PP y Vox rivalizan por este asunto: el partido de extrema derecha presentó su propio recurso la semana pasada antes que los populares.

El PP ha escenificado la presentación del recurso en un acto protagonizado por Pablo Casado en el Colegio Internacional J.H Newman, un centro privado concertado de Madrid. El líder del PP ha estado acompañado del presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, que firma también el recurso a la ley, y de representantes del sector educativo como la presidenta de COFAPA, Begoña Ladrón de Guevara, y el director del colegio concertado, Juan Ramón de la Serna.

En el acto, Casado ha defendido una escuela de calidad “en la que prime la libertad”. “No vamos a permitir que se utilicen nuestros hijos como herramienta de un proyecto de ingeniería social o de transformación nacionalista de algunas comunidades”, ha manifestado en referencia a la supresión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Esta medida es fruto de un acuerdo que el Gobierno alcanzó con ERC para la aprobación de los presupuestos generales y supone eliminar algo que la ley solo recogía desde 2013 y que en estos siete años tampoco ha servido en la práctica para que el castellano sea vehicular en la única comunidad en la que no lo es: Cataluña.

El principal caballo de batalla del PP es, no obstante, la defensa de la escuela concertada, ante los cambios en la ley. Según Casado, la norma “es un ataque frontal a la concertada con cierta cobardía”. “Queremos garantizar que los padres puedan elegir la enseñanza concertada y el colegio que quieran”, ha reclamado. La ley Celaá elimina el concepto de “demanda social” empleado en la anterior normativa para planificar las plazas escolares. El objetivo, según ha explicado el Ministerio de Educación, era “mejorar el sistema de admisión” de la escuela concertada y “equilibrar” la escolarización de los alumnos con bajos recursos y dificultades de aprendizaje entre los centros públicos y privados. La llamada “demanda social” establece que las comunidades autónomas tendrán en cuenta la preferencia de las familias para la planificación de las plazas escolares. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha afirmado en varias ocasiones que “la escuela pública no puede ser subsidiaria de la concertada”.

Por último, el PP carga contra la intención del Gobierno en el nuevo texto normativo de integrar en un periodo de 10 años al máximo número de alumnos con discapacidad en los centros ordinarios, de forma que los de educación especial queden reservados únicamente para los casos más graves. Casado se ha erigido en portavoz del colectivo de padres con discapacidad y ha afirmado que estos “simplemente quieren que les dejen en paz, que dejen las cosas como están”.

En el acto estaba presente el diputado popular Juanjo Matarí, padre de una joven con síndrome de Down, que ha tenido un encontronazo con la ministra de Educación, Isabel Celaá, en una sesión de control por este asunto. “Lamento mucho, querido Juanjo, las palabras impresentables e inadmisibles de la ministra de Educación contra tu familia, que en mi opinión merecerían su cese”, le ha dicho Casado. Durante el pleno de control, el diputado popular denunció que la norma no defiende la educación especial y explicó que su hija de 25 años con síndrome de Down había conseguido una plena inclusión social y laboral gracias a que su formación había sido adaptada a sus capacidades. Celaá contestó al diputado acusándole de no tener ningún contacto con el mundo educativo; ni con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores. “Usted no sé de qué habla”, le dijo, provocando el revuelo. La ministra telefoneó después al diputado para pedirle disculpas diciéndole que “jamás” fue su intención “faltarle al respeto, ni a él ni a su familia”.

La Lomloe incluye, además, entre sus principales cambios, la pérdida de peso de la asignatura de Religión en el currículo. Su oferta ya no será obligatoria en 1º y 2º de bachillerato y las calificaciones no computarán para el acceso a la universidad o la obtención de becas. También elimina la división de alumnos en diferentes itinerarios según sus capacidades académicas.

El PP contrató al bufete de abogados Martínez-Echevarría, en el que trabaja el expresidente de Ciudadanos Albert Rivera, para recurrir ante el Tribunal Constitucional la Lomloe. La ley educativa se ha convertido en uno de los principales campos de batalla de los populares contra el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. El PP, ha anunciado Casado, recurrirá la norma también ante las instituciones europeas: los populares ya han iniciado conversaciones con la comisaria del ramo.

Un recurso basado en tres ejes

El recurso del PP hace especial hincapié en tres áreas: la cuestión lingüística, el respeto a la libertad religiosa y la escuela concertada. En las tres áreas entiende el PP que la ley vulnera derechos fundamentales y para impugnarla se apoya en abundante jurisprudencia del propio Constitucional. En particular, para sostener que la ley discrimina la lengua castellana, al no considerarse lengua “propia” de comunidades que gozan de otra lengua cooficial, como ocurre con el catalán en Cataluña.

El texto se remite a la sentencia que el tribunal de garantías dictó sobre la reforma del Estatut de Cataluña, y sus previsiones sobre el castellano como lengua vehicular en la enseñanza. En línea con los lemas de la campaña electoral del PP en las próximas elecciones en Madrid, el recurso pide la anulación de los artículos impugnados con el argumento de que ponen en riesgo la libertad y el libre desarrollo de la personalidad.

Sostiene así que con la ley Celaa el Estado “desatiende (…) clamorosamente su obligación de garantizar el derecho a la libertad religiosa y la obligación de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones”. Añade que “vulnera el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación moral y religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Todo ello para defender la inserción de la asignatura de religión.

El PP argumenta que cuando el Estado no prevé ni regula la asignatura de religión en las distintas etapas de la educación, “manteniendo solamente una vacía y estéril mención al cumplimiento del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español, lesiona, por omisión, los derechos fundamentales”.

En materia lingüística, los preceptos impugnados designan a la asignatura en la que se estudia la lengua cooficial en la correspondiente comunidad autónoma como “lengua propia” y se refieren a la asignatura en la que se estudia el español o castellano como “lengua castellana”. El PP sostiene que la cooficialidad “ha de sujetarse a un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas”. Pero subraya que si se diferencia entre lengua castellana y la lengua cooficial correspondiente para definirla como lengua propia, “el español o castellano” aparece como si fuera lengua “ajena, extranjera, extraña”.

El recurso denuncia desequilibrios en los planes de la ley sobre los centros privados concertados. La ley Celaa —sostiene el PP— asegura “una oferta suficiente solo de plazas públicas, especialmente en las zonas de nueva población”. Para el PP ello se traduce en que se limita “radicalmente” la oferta educativa y la reforma aprobada la escora a una oferta de centros públicos, eliminando cualquier mención a los concertados. El recurso impugna que se impida “por principio, de forma absoluta, el acceso a la financiación pública mediante el régimen de conciertos a los centros que apliquen la educación diferenciada entre alumnos y alumnas”. La conclusión es que el “objetivo último de la ley” consiste en un modelo de “educación única y monolítica, universal y exclusivamente ofrecida o controlada por el Estado”.