La Comisión Europea frustra los planes de Feijóo de llevar a Bruselas los nombramientos del Constitucional

Alberto Núñez Feijóo aprieta el pedal del acelerador en la oposición al Gobierno, que sufre por la acumulación de incendios políticos. El líder del PP no va a dejar pasar la decisión del Ejecutivo de que el exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez se conviertan en magistrados del Tribunal Constitucional, y ha decidido llevar la batalla a Europa. El PP denunciará en las instituciones europeas la “politización de la justicia y de los órganos del Estado” en España por estos nombramientos, según ha anunciado este miércoles su líder. Sin embargo, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, se ha manifestado ya este miércoles en Bruselas diciendo que España no es el único país de la Unión Europea donde hay exministros que ejercen como magistrados del Constitucional. “No es el único país en el que se produce esta situación”, ha dicho Reynders a Europa Press. “Pero, lo repito, lo que pedimos sobre todo es primero la renovación del Consejo General del Poder Judicial que permita hacer todos los nombramientos en el Tribunal Constitucional.”

Feijóo utiliza la propuesta de Campo y Díez para justificar por qué no fue posible un pacto del PP con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial, mientras eleva el tono contra el presidente Pedro Sánchez, a quien acusa de poner “en riesgo el pacto constitucional”. El PP ha encontrado una veta para tratar de ganar la batalla del relato sobre el bloqueo de la justicia, en España y en Europa, donde la Comisión Europea ha instado reiteradamente a los dos grandes partidos a cerrar un acuerdo de inmediato. La propuesta de que los juristas y exmiembros del Gobierno Campo y Díez sean nombrados magistrados del Constitucional es ese filón, a juicio del PP, porque demuestra, en opinión de los populares, que el Gobierno no quería profundizar en la independencia de la justicia.

“Vamos a poner en conocimiento de las autoridades e instituciones europeas la politización de la justicia y de los órganos del Estado en nuestro país”, ha anunciado Feijóo este miércoles. Los populares creen que estos nombramientos justificarán un reproche de la Comisión Europea a España en el próximo informe sobre el Estado de Derecho de la Unión, y creen que si eso ocurre puede afectar a la presidencia española de la UE, prevista para el segundo semestre de 2023. No obstante, el PP se ha topado con que Reynders ha restado importancia al asunto y en su lugar carga las tintas en el bloqueo en la renovación del CGPJ. Aunque el comisario quiere “analizar la situación exacta de esa nominación” antes de pronunciarse en más profundidad, ha insistido, una vez más, en la petición de la Comisión de que se acometa “primero la renovación del Consejo General del Poder Judicial”.

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Feijóo los ha utilizado también para justificarse por el bloqueo de la renovación del CGPJ, de la que el PP se apeó en realidad por la reforma del delito de sedición. “Por si había alguna duda, vamos a acreditar el por qué no fue posible avanzar en la independencia judicial y la despolitización de la justicia en el Consejo General del Poder Judicial. Ahora ya queda reflejado que asesores de Moncloa y exministros forman parte del Tribunal Constitucional de nuestro país. O al menos esa es la propuesta del Gobierno. Es decir, que el Gobierno ha profundizado en politizar la justicia, en que la justicia sea menos independiente. Y además lo ha elevado a la máxima potencia, al Tribunal Constitucional”, se ha quejado el líder del PP.

Feijóo se ha mostrado indignado con el hecho de que “el ministro que llevó a Consejo de Ministros el indulto de los sediciosos pueda formar parte de un tribunal que va a valorar los recursos de inconstitucionalidad sobre las cuestiones que afectan a la sedición o que afectan a la integridad del Estado”. “Eso es una incompatibilidad manifiesta y no basta con que se abstenga en la votación, porque al final forma la opinión y criterio con el conjunto y al resto de los miembros del Tribunal Constitucional. Eso es incompatible con las democracias occidentales y eso es incompatible con las propuestas del comisario de Justicia europeo”, ha lamentado.

El PP pone el grito en el cielo por el nombramiento de Campo y Díez, aunque en la última renovación, la de 2013, los populares eligieron también dos nombres muy políticos: Enrique López, actual consejero de Justicia de Madrid y hombre fuerte histórico del PP en el mundo de la justicia, y Francisco José Hernando, ya fallecido, entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial y un referente conservador y de oposición al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La diferencia, esgrime el PP, es que en el caso actual se trata de dos miembros del Gobierno que pasan directamente al Constitucional. El exministro Campo lleva año y medio fuera del Ejecutivo, mientras Laura Díez dejó hace seis meses de ser directora de Asuntos Constitucionales.

Feijóo otorga máxima gravedad a estos nombramientos, hasta el punto de asegurar que Sánchez está por eso “poniendo en riesgo el pacto constitucional”. “Nunca jamás un Gobierno en 44 años ha utilizado, desprestigiado y politizado las instituciones como lo está haciendo lamentablemente el Gobierno de Sánchez”. El líder popular coquetea con la idea de que el Gobierno debería disolverse y llamar a las urnas, aunque no llega tan lejos y sitúa las elecciones autonómicas y municipales de mayo como el momento en el que los españoles deberían reprochar al Gobierno de Sánchez su gestión. “Lo que a mí me preocupa es si España puede aguantar esto hasta el final de la legislatura”, ha alertado Feijóo, en declaraciones a los periodistas tras recoger el premio a político del año por la revista Cambio 16. “Lamentablemente, nos queda todavía legislatura por delante, pero en el mes de mayo, dentro de cinco meses, las urnas se van a abrir. Y esa es la primera oportunidad que vamos a tener para decir basta ya”, ha exhortado Feijóo.