El Gobierno se defiende en medio de la tormenta: “El Constitucional no es un órgano judicial”

El PP ataca los nombramientos del Ejecutivo y afirma que Campo será “el sheriff del Gobierno en el tribunal”

Laura Díez Bueso, en febrero de 2020, y, a la derecha, Juan Carlos Campo, en junio de 2021. Foto: J.M.Cuadrado / S.Sánchez | Vídeo: EUROPA PRESS

Nuevo día de tormenta en La Moncloa, y la reacción es la habitual: defensa cerrada de las decisiones y confianza ciega en que, como sucedió siempre hasta ahora, escampará sin que se rompa la coalición ni la oposición logre debilitar al Ejecutivo. El ministro de la Presidencia y principal artífice de la estrategia judicial del Gobierno, Félix Bolaños, ha comparecido este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros con la intención de defender la polémica decisión del Ejecutivo, adelantada por EL PAÍS, de elegir a dos personas con un claro perfil político, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exdirectora general de Asuntos Constitucionales Laura Díez, como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. El Ejecutivo plantea este movimiento también como una medida de presión al Consejo General del Poder Judicial, que lleva cinco meses sin nombrar a los dos miembros del alto tribunal que le corresponde renovar a este órgano.

Bolaños ha evitado al principio dar explicaciones políticas, y se ha limitado a señalar que son dos perfiles “idóneos” por su larga trayectoria profesional. Además, ha insistido en que el Gobierno estaba obligado a nombrarlos ya, sin esperar al Consejo General del Poder Judicial —que debe elegir a otros dos, pero sufre el bloqueo de ocho vocales cercanos al PP—, porque tiene que cumplir con la Constitución. Pero al final, ya después de varias preguntas, Bolaños ha entrado de lleno en la justificación de por qué se nombran dos personas con tan claro perfil político. “Conviene recordar que el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, es el máximo intérprete de la Constitución. Por eso le nombran órganos políticos como el Congreso, el CGPJ o el Gobierno. Y por eso consideramos que Juan Carlos Campo, con 35 años de carrera judicial a sus espaldas, es una persona idónea”, ha asegurado Bolaños.

Ya al final, el ministro también ha rematado con otro argumento político: “Poner en duda la imparcialidad de estas dos personas es demasiado decir. Son perdonas idóneas, con trayectorias intachables. Tienen la misma idoneidad que Pedro González Trevijano y Enrique López hace nueve años”. Bolaños se ha referido así a los nombramientos que hizo el Gobierno del PP en 2013, cuando tocó renovar los dos que corresponden al Ejecutivo. El PSOE criticó en su momento esos nombramientos por demasiado políticos. López es un hombre de partido que ha sido secretario de Justicia del PP y es consejero en la Comunidad de Madrid.

Bolaños también ha confiado en que el Constitucional aceptará estos nombramientos, y sostiene que solo debería comprobar que cumplen los requisitos —15 años de ejercicio y reconocido prestigio— y no centrarse en si se puede o no renovar estos dos, aunque el CGPJ mantenga el bloqueo para los dos que le tocan. El Gobierno confía en que esta decisión de nombrar a sus dos magistrados, que toma justo antes del día de la Constitución, sirva también como mecanismo de presión para el CGPJ, que el 22 tiene convocado un pleno en teoría para intentar renovar, aunque los 8 vocales conservadores que bloquean todo ya han planteado nuevas maniobras dilatorias.

El Ejecutivo también ha esquivado la tormenta dentro de la coalición, con tensiones fuertes por la ley de familias, que se ha pospuesto, la ley trans o la reforma de las pensiones. La portavoz, Isabel Rodríguez, ha asegurado que no hay necesidad de reunir al comité de crisis de la coalición y ha confiado en que todo se resolverá. “Hay que mirar el resultado de las leyes, como la de trata que traemos hoy, y no tanto el debate antes de llegar a un acuerdo”, ha rematado.

Un mes de vértigo por delante

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El Gobierno navega así una vez en medio de la tormenta, convencido de que todo se despejará en breve, como casi siempre. Pero nadie niega en el Ejecutivo que el mes de diciembre va a ser de vértigo, porque Pedro Sánchez ha dado la orden clara de resolver todas las polémicas posibles antes de que termine el año para empezar 2023, año electoral, con las aguas mucho más tranquilas. Y esa decisión augura que la tormenta puede empeorar antes de mejorar.

Mientras, la oposición se lanza en tromba. El PP ha atacado de frente esta mañana los nombramientos por parte del Ejecutivo al considerar que ambos “son miembros del Gobierno”, que han sido elegidos con la misión de “colonizar” el alto tribunal para “salvaguardar la legislación” de Pedro Sánchez cuestionada en el órgano superior de garantías. El vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, ha asegurado en Onda Cero que el Gobierno “ha ido demasiado lejos” con la elección de estas dos personas y ha advertido con una intervención de la Unión Europea ante “la ruptura de la división de poderes y del Estado de derecho” que, según él, suponen estas designaciones. Bolaños, por su parte, ha descartado de plano cualquier intervención de la UE: “La Comisión Europea está espantada con el bloqueo grosero del PP de las instituciones, y nada dirá del cumplimiento estricto de la Constitución [con estos nombramientos]”.

Según Pons, este paso de La Moncloa convierte a Sánchez en un “presidente iliberal”. Además, ha asegurado que estos nombramientos “no podrían haberse hecho” si se hubiera llevado adelante el pacto que él mismo negoció con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que Alberto Núñez Feijóo rompió por presiones externas.

El popular ha sido especialmente duro con Campo, de quien ha restado importancia que lleve un año y medio fuera del Gobierno. “Es el miembro del Gobierno que puso en marcha los indultos del procés, que pegó el hachazo al Tribunal Supremo rompiendo sus sentencias en contra de criterios técnicos, quien le hace los favores al Gobierno de golpear la división de poderes. Va con la misión del ser el sheriff del Gobierno”, ha concluido, antes de asegurar que Campo y Díez tendrían que abstenerse en los casos que lleguen al Constitucional que afecten a las legislaturas de Pedro Sánchez.

Por la tarde, en un acto del PP en Zaragoza, el presidente del PP ha señalado una falta de idoneidad de Campo como magistrado: “El ministro de los indultos va a ser miembro del Tribunal Constitucional para decirnos si es constitucional o no lo que él hacía en el Gobierno de España”. Y a continuación ha culpado a Sánchez de sectarismo: “A Pedro Sánchez lo que le interesa es la justicia sanchista. Aquella que está por encima del Estado”, informa Elsa García de Blas.

“Cínico” e “incoherente”

Jaume Asens, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, ha tildado de “cínico” e “incoherente” que el sector socialista del Gobierno haya propuesto a Campo y Laura Díaz para el Constitucional y, sin embargo, hubiera aceptado en su momento de la negociación frustrada con el PP para renovar el CGPJ el veto a la magistrada Victoria Rosell. Sobre todo, cuando en ese caso se trata de un “órgano político”. Un argumento crítico que compartió más tarde el portavoz del mismo grupo, Pablo Echenique, que consideró que el caso del veto a Rosell fue un veto “ad hoc” a una persona que ni siquiera era militante de su formación. A Unidas Podemos no le parece mal, sin embargo, que el Gobierno resuelva esos nombramientos pendientes que le corresponden. El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, también aceptó que el Ejecutivo tiene la potestad para tomar esa decisión, y reprochó al PP el bloqueo en la renovación de cargos institucionales, pero lamentó que el PSOE hubiese “perdido la oportunidad” para romper o “interrumpir” esa tradición implantada por los ejecutivos de los dos grandes partidos cuando gobiernan de ubicar en ese tipo de instituciones a ex altos cargos de esas formaciones. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, ha aprovechado los nombramientos ejecutados por el Gabinete y cercanos al PSOE para interpelar al PP e invocarle a que con este Gobierno “hay que distanciarse en todo y para todo porque no deja ninguna institución sin manipular”, informa Javier Casqueiro.

Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, también ha reaccionado al respecto: “Oír la noticia de esa proposición que hace el Consejo de Ministros, saltándose el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial... no vaya a ser que no consiga un Tribunal Constitucional progresista, como dicen ellos... Verdaderamente, el señor Sánchez dice que quiere pasar a la historia, ¿no? Y sí, desde luego va a pasar a la historia, no cabe ninguna duda como el presidente que ha sido más nocivo para la democracia, más nocivo para la división de poderes y, desde luego, más nocivo respecto al respeto que se debe tener a los órganos constitucionales del Estado. Supera todas las líneas rojas. [Nos] entra el miedo de qué más nos puede pasar. Uno ya no se imagina hasta dónde puede llegar Pedro Sánchez con tal de mantenerse en el poder con comodidad este año que le queda de legislatura”, informa Virginia Martínez.

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