El Constitucional acuerda apremiar al Poder Judicial para que nombre a sus dos magistrados

El Constitucional no va a darse prisa en verificar si Juan Carlos Campo y Laura Díez, los dos juristas designados por el Gobierno para formar parte del tribunal de garantías, cumplen los requisitos para acceder al cargo. El presidente del tribunal, Pedro González Trevijano, comentó este martes a los magistrados que remitiría al Consejo General del Poder Judicial una comunicación exponiendo que el Gobierno ha efectuado sus nombramientos, a los efectos oportunos. El Constitucional espera que esos efectos sean que el órgano de gobierno de los jueces nombre a los otros magistrados que deben incorporarse al órgano de garantías, como muy tarde el próximo 22 de diciembre, día en que va a reunirse el pleno del Poder Judicial.

La decisión del Constitucional, por tanto, es emplazar al Consejo a que cumpla su cometido por la vía indirecta de notificarle que el Gobierno ya ha cumplido el suyo. El objetivo de esta estrategia es intentar que el Poder Judicial reaccione ante la nueva situación y que los ocho vocales del bloque conservador, que se han negado a proponer candidatos, den un paso y se muestren dispuestos a hacerlo. No hay garantías de que por esta vía se logre avance alguno, pero lo que quiere el Constitucional es colocar el problema en otra sede, la del Consejo, y no tener que afrontar por ahora el debate sobre la idoneidad de los juristas designados por el Gobierno, cuya aceptación en estos momentos supondría renovar el tribunal por un sexto de sus miembros, y no por un tercio, como prevé la Constitución.

El pleno del Constitucional acordará este miércoles formalmente dirigir esta comunicación al Consejo y ahorrarse, de momento, el trago de un pleno del propio tribunal de garantías en el que no iba a haber unanimidad sobre las posibles salidas para esta larga crisis. En el sector conservador sigue imperando la idea de que la renovación no podría ser de solo dos magistrados. Pero al propio tiempo nadie arde en deseos de poner su firma al pie de un documento en el que se rechace a los magistrados propuestos por el Gobierno. Ante la disyuntiva de reclamarle al Poder Judicial que cumpla su parte, o tener que celebrar un pleno en el Constitucional para exhibir una nueva ruptura interna, los componentes del Constitucional han elegido la primera opción.

Desde el sector progresista del tribunal de garantías se contempla esta opción como la menos lesiva para el Constitucional, de momento. Es decir, este bloque querría que no se retrase por más tiempo la renovación, porque hay muchas sentencias congeladas, a la espera de que un tribunal recompuesto las aborde. Pero al mismo tiempo tampoco le resulta alentadora la perspectiva de un pleno en el que quede en minoría y que sirva para el desgaste del tribunal, atrincherado en la tesis de que si no llegan cuatro magistrados, los designados por el Gobierno no pasan el examen de idoneidad, porque deberían venir con otros dos, los nombrados por el Poder Judicial.

Junto a ello, existe cierta preocupación por la condición de Juan Carlos Campo como exministro de Justicia, y los efectos que ello pudiera tener en determinados procedimientos. Por ejemplo, en todos aquellos recursos de inconstitucionalidad referidos a leyes en cuya confección o deliberación hubiera participado. Y la lista puede ser larga, por el año y medio que Campo estuvo al frente de la cartera de Justicia y su pertenencia, por tanto, a un Consejo de Ministros que aprobó proyectos legislativos de diversa naturaleza, desde la ley de eutanasia a la reforma laboral o la educativa de la ley Celáa.

En todo caso, si se produjera la renovación con los nombres propuestos por el Gobierno, el sector progresista conservaría la mayoría una vez renovado el tribunal, incluso en casos en que alguno de los magistrados de este bloque tuviera que abstenerse. Dicha mayoría sería de siete votos a cuatro, si la renovación es completa, o de seis a cinco si de momento no se nombra al sucesor del dimitido Alfredo Montoya, que renunció por razones de salud. Su sustituto ha de ser designado por el Senado, y no lo será mientras no haya un pacto global para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En este caso, podría darse alguna situación que, por abstención de un magistrado, supusiera un empate a cinco. Pero para ese supuesto hay que tener en cuenta que el presidente tiene voto de calidad y que la presidencia en la próxima etapa será ocupada por un magistrado del sector progresista.