El Parlamento Europeo cree que reconocer a Puigdemont como eurodiputado fue “probablemente ilegal”

El Parlamento Europeo ha declarado este viernes ante el Tribunal General de la UE (TGUE) —que analiza la cuestión de la inmunidad de Carles Puigdemont— que reconocer como eurodiputados al expresidente catalán y a otros dos dirigentes independentistas fue “probablemente ilegal”, puesto que la Junta Electoral Central nunca los ha confirmado en su lista de eurodiputados españoles para Bruselas. Puigdemont y esos dos exconsejeros de la Generalitat —Clara Ponsatí y Toni Comín— permanecen fugados en Bélgica desde hace cinco años, por lo que no acudieron a España a acatar la Constitución, requisito imprescindible, según la legislación española, para tomar posesión del cargo público.

“El Parlamento Europeo ha tratado correctamente a los demandantes: en enero de 2020 se les permitió asumir su escaño en el Parlamento de forma provisional y, como hemos visto por una sentencia del Tribunal General, probablemente de manera ilegal, porque el Parlamento nunca ha recibido notificación de que los demandantes hayan sido nombrados en España y hayan respetado los requisitos exigidos”, ha dicho el abogado de la Eurocámara, Norbert Lorenz. Eso demuestra, ha insistido, que “el Parlamento tuvo un comportamiento totalmente correcto con los demandantes”.

Lorenz se refería a la decisión que tomó el TGUE (una especie de tribunal europeo de primera instancia) el pasado julio, cuando rechazó el recurso presentado por Puigdemont y Comín contra la decisión del presidente del Parlamento Europeo en 2019, Antonio Tajani, que se había negado inicialmente a reconocerles la condición de diputados porque sus nombres no figuraban en la lista remitida por la Junta Electoral Central. Finalmente, sin embargo, aquella decisión fue revertida en la práctica por una carambola judicial. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), cuyas resoluciones sí son definitivas, declaró en diciembre de 2019 que el líder de ERC, Oriol Junqueras, gozaba de inmunidad parlamentaria desde la proclamación de los resultados de las elecciones europeas del 26 de mayo. A raíz de esa sentencia, el nuevo presidente de la Eurocámara, David Sassoli, confirmó a Puigdemont y Comín como eurodiputados el 13 de enero de 2020 (Ponsatí seguiría sus pasos poco después). Pero ese mismo día el hemiciclo europeo recibió el suplicatorio del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena solicitando que les fuera retirada la inmunidad, hecho que ha llevado a todas las partes este viernes a Luxemburgo.

El TGUE analizó en esta audiencia pública el recurso presentado por Puigdemont, Comín y Ponsatí contra los suplicatorios aprobados por la Eurocámara para que puedan ser juzgados en España. Los tres están procesados por sedición y malversación (en el caso de Puigdemont y Comín) por su participación en la última fase del procés, que desembocó en el referéndum ilegal del 1-O de 2017 y la declaración unilateral de independencia.

La Junta Electoral Central (JEC) española comunicó oficialmente a comienzos de mes a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que ninguno de los tres políticos independentistas había adquirido la condición plena de eurodiputados porque ni juraron o prometieron acatar la Constitución ante este organismo electoral. En mayo, la Eurocámara ya rechazó validar la documentación de Puigdemont, Ponsatí y Comín para lograr su acreditación definitiva como eurodiputados, al no haber pasado por el trámite de acatar la Constitución. Metsola envió a continuación una carta a la JEC para consultar su situación antes de tomar una decisión definitiva, que todavía no ha comunicado.

Esta cuestión ha sido esgrimida este viernes por la defensa de Puigdemont para sostener que existe persecución política contra su cliente. El abogado del expresident, Gonzalo Boye, se ha apoyado también, para sustentar sus argumentos, en la reforma del delito de sedición que comenzó ayer su trámite en el Congreso.

Eurodiputados independentistas

Según Boye, la Eurocámara ha tratado de “forma vejatoria” a los eurodiputados independentistas desde que adquirieron sus escaños, por lo que ha pedido al TGUE “que los proteja del propio Parlamento Europeo”, así como de las autoridades españolas que, insistió, ejercen una persecución política de sus defendidos. “Es público y notorio que varios ministros españoles, y el propio presidente Pedro Sánchez, han dicho estos últimos días que el cambio de legislación [del delito de sedición] es para obtener la entrega de Puigdemont a España”, ha afirmado Boye. “¿Cuántos casos conocen sus señorías de que un código penal se modifique para obtener una extradición? Yo solo conozco este”.

Entre las pruebas de esa supuesta “persecución política”, el abogado aseguró, además, que tanto él como Puigdemont fueron víctimas de un “importante espionaje criminal” con el programa Pegasus —cuestión que estudia el propio Parlamento Europeo, sin que se conozca aún la autoría de ese presunto espionaje— y que esas escuchas tienen un cariz “político” claro. “Está en manos de este tribunal poner punto final a esta persecución”, añadió al concluir la audiencia de cinco horas. El abogado del Parlamento rebatió esa línea argumental recordando que todos estos hechos son posteriores a la decisión de la Eurocámara de levantarles la inmunidad y que por tanto no influyeron en la misma.

Otra de las discusiones relevantes de la audiencia, y sobre la que los cinco jueces del TGUE realizaron numerosas preguntas, es si dos de los actores clave en la revisión del suplicatorio ofrecen la debida imparcialidad: el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, Adrián Vázquez, de Ciudadanos, y el ponente del informe sobre la inmunidad, el búlgaro Angel Dzhambazki. De este, Boye afirmó que, en una conferencia en Bruselas en marzo de 2019, se había hecho eco del lema “Puigdemont a prisión” lanzado por el entonces secretario general de Vox, Javier Ortega Smith.

El abogado de la Eurocámara replicó que aquello sucedió antes de las elecciones que convirtieron a Dzhambazki en eurodiputado, al igual que a los políticos independentistas. Además, consideró “prácticamente imposible” reclamar una imparcialidad total porque, señaló, el Parlamento Europeo es un órgano político y “todos sus miembros tienen sus propias opiniones políticas, que les importan tanto como a los demandantes la independencia de Cataluña”. Exigir imparcialidad completa en los diversos puestos de responsabilidad “paralizaría” el funcionamiento del hemiciclo, sostuvo.

La gran partida de ajedrez que es el periplo judicial de Puigdemont comenzó con su huida de España a finales de octubre de 2017. España lo reclama desde entonces para juzgarlo, pero la inmunidad de la que goza como eurodiputado —con carácter temporal— le ha evitado hasta ahora ser entregado a la justicia española.

Atendiendo al suplicatorio de Llarena, el 9 de marzo de 2021 el pleno de la Eurocámara decidió retirar la inmunidad tanto a Puigdemont como a Comín y Ponsatí. Los afectados recurrieron rápidamente la decisión y pidieron medidas cautelares para que se restableciera su inmunidad hasta que se decidiera el asunto de fondo. Esas medidas les fueron concedidas, luego retiradas y nuevamente concedidas el pasado mayo, por lo que en este momento gozan temporalmente de inmunidad. El fondo de la cuestión es lo que se dirime ahora en el TGUE, que deberá comunicar su decisión en los próximos meses. Pero tampoco será ese, previsiblemente, el final del proceso, dado que el fallo se puede recurrir ante el TJUE, con lo que ni siquiera está claro si habrá una decisión final antes de que acabe la legislatura.