El portazo de Feijóo al Gobierno en la renovación del Poder Judicial aceleró el pacto sobre la sedición
El Ejecutivo y ERC llevaban meses hablando, pero los republicanos no aceptaban una pena concreta. Se discutió entre tres y seis años y, al final, se acordó dejarlo en cinco
Los dirigentes del PSOE y de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) lo habían hablado muchísimas veces desde las difíciles negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez, en las Navidades de 2020, que estuvieron a punto de descarrilar. Había acuerdo en el fondo pero no en la forma, que era decisiva. Hasta el jueves, cuando el presidente anunció que el delito de sedición, penado con hasta 15 años de cárcel, sería sustituido por el de desórdenes públicos agravados, con una pena máxima de cinco.
Los socialistas aceptaban desde el principio, y así lo prometió Sánchez en enero de 2020, poco después de ser investido presidente, que había que cambiar el Código Penal para “homologar a Europa” el delito de sedición. Pero no había acuerdo en cómo hacerlo.
Inicialmente, ERC quería la eliminación total de la sedición, una especie de amnistía para los líderes del procés a los que el Tribunal Supremo condenó por este delito. El PSOE insistía en que no se podía dejar al Estado desprotegido, y en que lo sucedido en 2017 en Cataluña —el proceso que condujo a la celebración de un referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia— debía ser delito, aunque con penas inferiores a los 15 años del actual Código Penal, mucho más altas que en otros grandes países europeos. Así pasaron los meses, con la reforma como un Guadiana que aparecía y desaparecía sin que nunca se concretara. Y llegaron los indultos, que resolvieron parte del problema. Pero no todo.
En ese camino, las relaciones entre el Gobierno y ERC sufrieron altibajos muy fuertes. Los republicanos estuvieron a punto de tumbar la reforma laboral, que salió de milagro por un error del PP. Después del escándalo del espionaje de Pegasus, ERC se salió de la mayoría varias semanas. El Gobierno lo pasó mal, pero consiguió sobrevivir y ganar votaciones incluso sin los republicanos.
El Ejecutivo resolvió el caso Pegasus con decisiones drásticas, sobre todo la destitución de la jefa del servicio secreto, el CNI, Paz Esteban, tras admitirse el espionaje al president Pere Aragonès. Sánchez y el jefe del Govern se acercaron de nuevo en su reunión de julio de este año, que resultó decisiva.
Ahí se vio claro que ERC quería recuperar la reforma de la sedición. Los republicanos, ya por entonces casi al borde de la ruptura con Junts, necesitaban demostrar que la mesa de diálogo servía para algo. Querían resultados visibles. Y cambiar la sedición lo es. Además, tienen problemas concretos. Su secretaria general, Marta Rovira, lleva cinco años huida en Suiza. Requiere un horizonte para volver que no sea el de una condena de hasta 15 años. Otros cargos menos conocidos del núcleo duro de ERC y del entorno de Oriol Junqueras también se enfrentan a procesos complicados.
La reforma también beneficia a Carles Puigdemont, pero menos, porque él, al contrario que Rovira, está acusado también de malversación. El expresident, incluso con la reforma, se enfrentaría a muchos años de cárcel si regresara a España desde Bélgica, donde huyó.
Los republicanos confían ahora en convencer al PSOE para retocar también la malversación en la fase de enmiendas en el Congreso. Pero lo único seguro ahora es el cambio del delito de sedición. La malversación es mucho más delicada, porque afecta directamente a casos de corrupción.
En La Moncloa, Sánchez y Aragonès hablaron de la posibilidad de unos nuevos presupuestos y pactaron que la mesa de diálogo se volviera a reunir el 27 de julio. Entonces se acordó que los avances debían estar listos antes de final de año. Pero no se concretó la reforma de la sedición, solo de una necesidad genérica de “superar la judicialización”, que cada uno podía interpretar a su manera. ¿Por qué? Según coinciden fuentes de los dos sectores, porque ERC aún no aceptaba la idea de que tenía que haber una pena para los delitos del procés, aunque fuera con otra tipificación, como sucede en la mayoría de los países europeos.
Presión con el apoyo a los Presupuestos
Para presionar, ERC empezó a difundir en septiembre una idea que al Gobierno le inquietaba mucho: si quiere los Presupuestos, tendrá que ceder en la reforma del Código Penal. En octubre se produjo uno de los momentos más difíciles. El equipo de Félix Bolaños, el principal negociador socialista, traslada una idea clara a ERC: si vinculáis Presupuestos y sedición, no hay nada que hacer.
El Gobierno estaba metido en una situación muy delicada. Con ERC hablaba de las cuentas públicas y de la sedición, como cuestiones que quería separar, mientras con el PP negociaba la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bolaños insistía al popular Esteban González Pons en que no había ninguna novedad con la sedición en ese momento. El Ejecutivo asegura que era así, porque ERC seguía sin aceptar que en el procés hubo delitos y debían tener penas similares a las del resto de Europa. En ese momento el Gobierno pensaba en una pena máxima de seis años.
Aragonès aseguró el 13 de octubre que había “intercambio de papeles” con el Gobierno sobre la sedición, pero en el Ejecutivo insisten en que no había avances porque los republicanos aún querían eliminar el delito sin más.
El PSOE logró en esa semana que ERC admitiera separar públicamente la negociación de la sedición y los Presupuestos. El 21 de octubre, los republicanos aceptaron no presentar una enmienda a la totalidad y en su explicación pública no dijeron una palabra de la sedición. ERC solo hablaba de “generar las condiciones de confianza necesarias para mantener vivas las negociaciones en marcha”. Un mensaje críptico que evitaba mencionar la reforma.
Ese mismo día, desde Bruselas, Sánchez aseguró que estaba dispuesto a modificar la sedición y que era un compromiso de investidura y “personal” que quería cumplir, pero que aún no tenía mayoría en el Congreso para hacerlo. Era un mensaje claro a ERC: si aceptáis que debe haber delito y dejáis de pedir la eliminación sin más, podemos hacerlo.
Sánchez y su equipo mantenían contacto permanente con Yolanda Díaz y el suyo. Unidas Podemos, con Jaume Asens a la cabeza en ese asunto, siempre apostó por reformar el Código Penal para rematar la operación de normalización iniciada con los indultos.
La negociación con el PP se complicó entonces precisamente por la sedición, aunque antes los populares habían dicho que eran cuestiones diferentes. El 27 de octubre, Alberto Núñez Feijóo exigió a Sánchez que se comprometiera a no reformar el delito, y el presidente le contestó rotundo que tenía intención de cambiarlo si había mayoría, que tenía derecho a hacerlo como cualquier Gobierno que logre el apoyo del Congreso para modificar una ley y que no podía aceptar el “chantaje” de exigir no tocar una ley a cambio de cumplir la obligación constitucional de renovar el Poder Judicial.
Ese fue el momento clave, según coinciden las dos partes, que precipitó todo. Esa noche del jueves 27, los republicanos temieron que el PSOE se echara para atrás con la sedición. Pero el efecto fue el contrario. Los socialistas estaban más decididos que nunca. Y los republicanos giraron. Por primera vez, ese fin de semana empezaron a mandar papeles en los que sí se asumía que podía haber delitos y penas, aunque diferentes a la sedición.
Tramitación rápida
En las primeras versiones, la distancia entre ERC y el Gobierno era importante: los republicanos planteaban una pena de seis meses a tres años, como en los países con un régimen más suave, y los socialistas un castigo de cuatro a seis años, en la franja alta europea. Se puso en marcha una negociación exprés. Para el PSOE, una vez roto el acuerdo con el PP, era fundamental ir rápido, para poder hacer una tramitación a toda velocidad en el Congreso y evitar que la polémica se prolongue hasta la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas. En 10 días el acuerdo estaba listo. El miércoles estaba prácticamente cerrado. El jueves se hicieron los últimos retoques. Ni tres años, ni seis: la pena máxima serían cinco. En concreto: entre tres y cinco, con ese nuevo delito de desórdenes públicos agravados.
Para ERC, la gran victoria es que se elimina el delito de sedición, no se reduce simplemente la pena, como se planteó al principio. Para el Gobierno, el gran éxito es que ERC aprueba un texto que reconoce implícitamente posibles delitos de desórdenes públicos agravados de sus dirigentes. En el Ejecutivo insisten en que han preservado una línea roja: no desproteger al Estado frente a comportamientos como los del procés. Seguirán siendo delito, aunque más suave. Y para castigar una conducta más grave, como esgrimir armas, sigue el delito de rebelión en el Código Penal.
En el PSOE insisten en que se ha cuidado mucho la redacción en línea con la sentencia del Supremo en el juicio del procés. Fuentes socialistas señalan que jueces de dicho tribunal ya pidieron en su día en privado una reforma del delito de sedición porque había quedado claro que no se ajustaba a las necesidades de una sociedad moderna. E insisten en que la redacción del nuevo delito de desórdenes públicos agravados se ha basado en los conceptos de “paz pública” y “orden público” tal como están descritos en la sentencia del procés.
Hay muchas discusiones jurídicas detrás, y habrá mucho debate sobre las consecuencias técnicas de la reforma. Pero el argumento fundamental del PSOE no es jurídico, sino político: esta reforma completa el proceso de normalización iniciado con los indultos. Elimina el argumento del victimismo independentista. Cerca a los que, como Junts, insisten en apostar por la ruptura. Y permite seguir calmando Cataluña.
Los socialistas saben que hay un riesgo de desgaste fuerte. “El PSOE hace política aunque le cueste votos: traición sería no intentarlo”, resumió el portavoz parlamentario, Patxi López. Algunos barones están preocupados. Pero otros señalan que muchos ciudadanos sabrán ver que Sánchez ha logrado que Cataluña deje de ser un problema. “La gente tiene otros problemas y votará en junio por otras claves. Este asunto en el CIS casi ha desaparecido, ha pasado al número 41 [de las preocupaciones]. Todo el mundo ve que Cataluña está mejor ahora, ya no es un problema real para nadie. El resultado es que el independentismo está dividido y ya no hay riesgo inminente de otro procés”, resume uno de ellos.
Mientras, ERC se enfrenta a las críticas de Junts con el argumento de que se han logrado avances evidentes gracias a su política de negociación con los socialistas. La apuesta por el diálogo tiene su segundo gran hito tras los indultos. En Cataluña, las encuestas señalan claramente que los ciudadanos están a favor y premian a los que han defendido esta vía. Ahora queda ver qué efecto real tiene en el resto de España.
