Martín Pallín: “La Fiscalía archivó lo del rey emérito por servilismo”

José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 86 años) quería ser ingeniero de caminos, pero se le atragantaron las matemáticas. Hijo de “un golpista”, teniente coronel de la Guardia Civil del que pese a todo, destaca su “ejemplar sentido ético”, se matriculó en Derecho “con poco entusiasmo” y terminó descubriendo su “verdadera vocación”. Acumula “6.000 juicios orales como fiscal y unas 2.000 sentencias como magistrado del Supremo”. En 2011 se retiró en el alto tribunal, pero sigue en activo, ahora asesorando a un bufete de abogados, como representante español en la Comisión Internacional de Juristas y escribiendo libros. El último se titula Los derechos de la Tierra.

Pregunta. En una reciente entrevista en este diario, Pedro González-Trevijano, presidente del Tribunal Constitucional, dijo: “Los juristas somos casi todos gente conservadora porque el derecho es una ciencia conservadora”. ¿Lo comparte?

Respuesta. El derecho no es una ciencia exacta, está más cerca de la filosofía o las humanidades. Me parece inaudito que un presidente del Constitucional diga eso. ¿Acaso un Parlamento democrático solo puede hacer leyes conservadoras? En cuanto a los jueces conservadores, efectivamente hay razones de origen, familias pudientes que pueden permitirse esas oposiciones que son una aberración tal y como están concebidas ahora, y luego es fácil que después de ese esfuerzo haya quien diga: “Ya soy funcionario, voy a meterme en pocas complicaciones”. Pero en el derecho también hay gente que vemos las cosas de otra manera.

P. ¿Cuál sería el mejor método para llegar a juez?

R. En Francia, los aspirantes a jueces tienen que pasar, además, un examen de cultura general. A un amigo íntimo, el jurista Philippe Texier, le preguntaron qué era la nouvelle vague. También hay países que hacen exámenes de tipo psicológico. Encontrar el sistema perfecto es difícil, pero quizá el más razonable sea el inglés. Allí necesitas diez años de ejercicio del derecho y unos informes favorables. Solían decirme: “En tu país puedes ser juez con veintipocos años ¡Estáis locos!”. En el sistema alemán también hay prácticas, pasas por todo el circuito judicial. Aquí falta eso, práctica.

Los jueces tienen que serlo de la ley, no de la moral

P. Admite que el sistema español favorece una mayoría conservadora entre los jueces, pero es partidario de cambiar el método en el Poder Judicial para que los jueces elijan a los jueces. ¿No restaría eso pluralidad teniendo en cuenta que la mayoría de jueces asociados pertenecen a asociaciones conservadoras?

R. Los jueces que están elegidos por el Parlamento cuando gana el PP también son de mayoría conservadora. Le he dado muchas vueltas a este asunto. El problema no es que sean conservadores. He trabajado con jueces conservadores que eran magníficos juristas, como Luis Vivas, que había estado en la División Azul [los españoles que lucharon del lado de los alemanes de Hitler en la II Guerra Mundial]. El problema es que sean trepas, que cedan su independencia a intereses partidistas.

P. ¿Podría terminar ocurriendo aquí algo parecido a lo que ha pasado en EE UU, con el Supremo restringiendo derechos adquiridos, como el aborto?

R. El Supremo de EEUU no ha anulado el aborto, ha hecho una interpretación por la cual cada Estado puede regularlo como estime conveniente, como hizo con la pena de muerte. Aquí, con la actual composición del Constitucional creo que lo de abortar a los 16 años sin consentimiento de tus padres no pasa de ninguna de las maneras. La modificación ad hoc que se introdujo en la ley de autonomía del paciente [en 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy] para que a los 16 años no pudieran abortar sin consentimiento paterno es un ejemplo de cómo el derecho se pone a veces al servicio del conservadurismo. En todo esto hay que recordar lo obvio: solo las mujeres se quedan embarazadas y nadie puede decidir por ellas. Los jueces tienen que serlo de la ley, no de la moral. Con el tema de la eutanasia ocurre igual.

P. En El Gobierno de las togas critica la judicialización de la política. Llega a decir que está en peligro la separación de poderes. ¿Es partidario de limitar la acción popular de los partidos políticos?

R. Los partidos políticos tienen un escenario acotado, el Parlamento. No suprimiría la acción popular, pero habría que acotarla, aunque en la práctica cualquier diputado “a título personal” o tres militantes de un partido podrían ejercer la acción penal porque la ley dice que “los ciudadanos españoles” podrán ejercitarla.

P. Entonces, ¿cómo se acota?

R. Limitándola a los ciudadanos. Y si versa sobre asuntos con un claro matiz político, la norma ya permite a los jueces rechazar de plano cualquier querella cuyos hechos no sean manifiestamente constitutivos de delito.

P. ¿Cómo le explicaría a un profano las consecuencias del bloqueo en la renovación del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional?

R. En su vida diaria, no le afecta. No impide su divorcio, su desahucio, su testamento, su reclamación de cantidad.. Pero es un órgano constitucional y como tal, tiene que ajustarse a las normas constitucionales. Imaginemos que el Gobierno dijese que no convoca elecciones, que sigue otros cuatro años, y en el poder legislativo igual... sería un golpe institucional. Lo que está ocurriendo en el Poder Judicial es una anomalía constitucional. Es inconcebible que no se disuelva automáticamente.

P. ¿Deberían haber dimitido?

R. Eso por un lado. La ley dice que, transcurridos los cuatro años, el presidente del Tribunal Supremo convocará elecciones entre los jueces para presentar sus candidaturas. Esto se hizo a finales de 2018. Te puedes presentar con 25 avales y resultaron preelegidos 51. Es un proceso institucional que ya está abierto. ¿Por qué no se completa? El Gobierno dice que estando en funciones no pueden hacer nombramientos y se monta un gran escándalo por las vacantes, pero es que cuando el Gobierno está en funciones también está limitado: no puede presentar proyectos de ley, por ejemplo, y en el poder legislativo, igual cuando pasa a ser la diputación permanente. ¿Por qué va a poder hacer el Poder Judicial lo que le dé la gana?

P. ¿Se le ocurre algún método para impedir que ese bloqueo vuelva a repetirse?

Soy partidario de anular la sentencia de los ERE. Hay una responsabilidad política, no penal, y ya la han pagado

R. Una modificación de la ley de forma que, transcurrido el mandato, se convocan elecciones a jueces y dimiten todos los vocales salvo los necesarios para que siga en funcionamiento la comisión disciplinaria... lo fundamental. No podrían hacer nombramientos y las vacantes que se fueran produciendo las cubrirían magistrados suplentes: catedráticos, juristas de reconocido prestigio...

P. ¿Quiénes son los principales culpables de la situación actual?

R. ¿Cui prodest? ¿A quién beneficia? Incuestionablemtente, al PP.

P. Ha sido muy crítico con la sentencia del caso de los ERE. ¿Es partidario del indulto?

R. Soy partidario de anular la sentencia. Eso no es delito. El derecho penal no puede juzgar una política emanada de un Gobierno, aprobada por un Parlamento, con el apoyo en su día del PP, que llegó a pedir aumentar la partida. El clientelismo no sale en el Código Penal. Hay una responsabilidad política, pero no penal, y esa ya la han pagado perdiendo el Gobierno andaluz.

P. ¿Existen casos parecidos que no hayan tenido sanción penal?

R. Lo que está haciendo el juez García Castellón con los audios que hablan de Aguirre o la conversación de Ignacio González con Zaplana... eso sí es un cáncer para la justicia y no el Poder Judicial. El tipo que se hizo pasar por cura... que no se haya investigado... Son resoluciones arbitrarias injustas.

P. ¿Puede la justicia ser incoherente?

R. No. La justicia tiene que ser coherente. Estos casos son de libro: si cambias los nombres en una facultad como ejercicio práctico y un alumno me dice que eso no hay que investigarlo le suspendo. Lo que influye en que unas cosas se investiguen y otras no es el factor humano. Y el que tenga alguna duda de por qué está pasando esto que repase la conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana.

P. También ha sido muy crítico con la sentencia del procés, pero al contrario que en la de los ERE, ahí todos los magistrados estaban de acuerdo.

R. Yo creo que tenían el esquema de la querella ya preparado porque en tres días presentaron una de 103 páginas. Yo he sido fiscal, he hecho querellas y sé lo que cuestan. Aquí se hizo la ley del referéndum y el Constitucional la declaró inconstitucional. Perfecto, impecablemente democrático. Con la ley de transitoriedad, lo mismo. Luego se abrió el procedimiento. La sedición se basa en lo que ocurrió en la consellería y la sentencia dice en un momento dado que en los alrededores se concentró gente entre gritos reivindicativos y actos lúdicos consistentes en actuaciones musicales y reparto de bocadillos. Menuda sedición. Y en lo del 1 de octubre el propio Marchena reconoce que todo quedó abortado en cuanto se publicó en el BOE la aplicación del 155. Lo que se ha hecho es una perversión y una utilización fraudulenta del derecho penal y no lo digo yo, lo ha dicho el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, el comité de derechos humanos de la ONU y jueces de Bélgica, Alemania, Escocia, Suiza…

P. ¿Dejaría el delito de sedición tal y como está en el Código Penal?

R. Lo de alzamiento público y tumultuario podría cambiarse a actuaciones que causen una grave alteración del orden público. Aplicando la doctrina Marchena, que cree que no hace falta violencia, los del Consejo serían sediciosos.

P. En Los derechos de la tierra se plantea si el derecho puede “proporcionar instrumentos para ordenar y controlar el cese de la sangría de la Tierra”. ¿Puede?

R. Puede y debe porque en ello nos va la vida de las futuras generaciones. A partir de la explosión de la fábrica de fertilizantes de Bhopal, en la India, en la que murieron cerca de 30.000 personas, se empezó a hablar del delito medioambiental. El derecho ya tiene instrumentos, pero yo doy un paso más, de la mano de cerca de 400 científicos, juristas, filósofos.. que llevan tiempo trabajando en una utópica Constitución de la Tierra.

P. ¿Una especie de declaración de los derechos del niño pero para el planeta?

R. Sería la carta de los derechos fundamentales de la naturaleza. Luigi Ferrajoli, que es un mangnífico jurista, tiene un libro en el que desarrolla hasta 100 artículos de esa constitución. Yo soy un poco más modesto. La Universidad Libre de Bogotá tiene un mamotreto de muchos autores, entre ellos un constitucionalista español buenísimo, Marco Aparicio, en el que plantea esa idea revolucionaria, que un árbol puede tener derechos. Yo lo sostengo.

P. En España ni siquiera la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono ha animado a los grupos políticos a cambiar la Constitución. Nadie quiere abrir el melón de la ley de leyes.

R. Esto es una patología preocupante. Alemania ha modificado más de 20 veces su constitución y no ha pasado nada. En una sociedad sana, madura, no hay problema. ¿Por qué se pudo hacer lo del 135 y hoy no se puede cambiar disminuídos por discapacitados?

P. Usted restringe la interpretación sobre la inviolabilidad del Rey. ¿Podría haber hecho otra cosa la Fiscalía distinta al archivo?

R. Negar la inviolabilidad del Rey fuera de los actos propios de sus funciones es el derecho internacional de todos los países civilizados. La Constitución habla de que será inviolable y “sus actos refrendados por los ministros”, es decir, está hablando de actos en el ejercicio de su cargo. Esto lo solucionó de manera magistral Lord Nichols en el caso Pinochet: no dudaba de la inviolabilidad de los reyes y jefes de Estado por los actos desempeñados en el ejercicio de su cargo, pero explicó que no es una función propia de un jefe de Estado torturar y hacer desaparecer personas, por lo que accedió a su entrega a España. La Fiscalía ha hecho lo que ha hecho con el rey emérito por servilismo, por no atraverse a crear un conflicto político para el que quizá la sociedad española no estaba preparada.

P. Las exhumaciones de los republicanos enterrados sin consentimiento familiar en el Valle de los Caídos están paradas porque, pese que el TSJ de Madrid levantó las cautelares, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se niega a conceder de nuevo la licencia de obra y un juzgado de Madrid les ampara. ¿Qué le parece?

R. Ciertos jueces han tenido una actitud de rechazo general ante todo lo relacionado con la memoria histórica porque detectan que tienen a su favor a la opinión mediática y a la derecha. Esto del Valle de los Caídos me parece una medida arbitraria e injusta porque no hay ningún invonveniente para seguir adelante con las actuaciones. Se ha hecho una interpretación mecanicista e ideológica del derecho. Una sentencia vale siempre lo que valen sus razonamientos.

P. ¿Tiene alguna sentencia de la que se arrepienta, algún caso que le persiga?

R. Arrepentirme no. Mi preocupación siempre ha sido que mis argumentos se entendieran. El derecho no es una técnica, es la aplicación de la razón a los hechos y en donde nos podemos confundir a veces es en los hechos. Ese es el peligro, pero para eso también hay una máxima que nos libera y es la de in dubio, pro reo. El que me persigue, pero porque él lo recuerda siempre, es Mario Conde, que entró en el Supremo con 10 años de condena y salió con 20.