Los cabos sueltos de Kitchen que la Fiscalía quería investigar y que la Audiencia finiquita

La Audiencia Nacional ha dado esta semana un sonoro carpetazo a las pesquisas del caso Kitchen. La Sala de lo Penal ha avalado la decisión del juez Manuel García-Castellón de dar por acabada la investigación sobre la operación parapolicial de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, circunscribiendo así toda la responsabilidad al Ministerio del Interior y dejando fuera a la cúpula del PP en época de Mariano Rajoy. Este fallo implica que María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del partido y exministra de Defensa, que estuvo imputada en la causa, esquiva finalmente cualquier responsabilidad penal. Pero también corta de raíz todos los hilos de los que aún se debía tirar, en opinión de la Fiscalía y del resto de acusaciones.

Más implicados del PP. El ministerio público lo tenía muy claro al recurrir la decisión del juez García-Castellón: todavía queda por dilucidar si los 11 procesados, incluido el exministro Jorge Fernández Díaz, actuaron “en concierto” con más dirigentes del Partido Popular, entonces en el Gobierno. Con el avance de las pesquisas, la Fiscalía aseguró que existían indicios para ir más allá de Interior y señalar también a la dirección de la formación conservadora. La acusación no solo apuntó a Cospedal, a la que atribuye un “interés personal” en el espionaje a Bárcenas, sino que amplió el foco a otros cargos.

Una opción que la Sala desestima. El tribunal descarta volver a imputar a Cospedal, que mantuvo un contacto fluido con los comisarios José Manuel Villarejo y Andrés Gómez Gordo, piezas clave en la captación como confidente de Sergio Ríos, el chofer del extesorero popular. Los magistrados también rechazan citar como imputado a Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía, y a quien señalaron el propio Villarejo y Eugenio Pino, máximo cargo operativo del cuerpo en la época de Rajoy. La Audiencia Nacional no aprecia en el sumario indicios suficientes para indagar sobre ambos.

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares subrayan que la cúpula del PP era la máxima beneficiaria de la operación Kitchen, que buscaba arrebatar a Bárcenas documentos comprometedores para el partido y su cúpula. Sin embargo, la Sala de lo Penal responde que podía haber más “interesados” en la “desaparición de la información guardada” por el extesorero: “Pudiera haber terceros, dentro o fuera del Partido Popular, que hubieran recibido o hecho donaciones para la llamada contabilidad B del mismo”, argumentan los jueces, que también han descartado indagar sobre los números de teléfono que facilitó Villarejo y a través de los cuales, según aseguró, se comunicaba con Mariano Rajoy.

¿Dónde está el material robado? Una pregunta clave que no responde el sumario es qué material le fue robado a Bárcenas y donde está. Por ello, la Fiscalía quería volver a interrogar al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, un agente de la máxima confianza de Cospedal. En una de las notas de las agendas de Villarejo se lee: “Lo que le quitaron a LB está en el despacho de Gago. Este verano lo va a copiar”. El despacho de ese agente se encontraba en un edificio anexo a la Dirección General de la Policía, que lideraba Eugenio Pino, también procesado.

La Sala considera que esta vía de investigación no tiene futuro. El tribunal, al igual que García-Castellón, explica que ya han pasado muchos años desde que acabara Kitchen y han tenido “tiempo más que suficiente” para destruir los documentos que presuntamente sustrajeron. Además, remachan los jueces, Gago ya negó su participación en la operación de espionaje, por lo que “una nueva declaración en nada va a servir”.

El boicot a Gürtel. Las acusaciones sostienen que la operación Kitchen no fue más que una parte de un largo boicot a la investigación judicial del caso Gürtel, la macrotrama de corrupción que afecta al PP desde febrero de 2009. Las pesquisas revelan que la relación de Villarejo con Cospedal y su marido, Ignacio López de Hierro, viene al menos desde 2009 —cuatro años antes de que se active Kitchen—; y en sus conversaciones les revela datos secretos sobre causas que cercaban al PP. A su vez, se halló en poder de Villarejo un documento, titulado Proyecto SMP, que hablaba de “evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del sumario de Gürtel”. Era un presunto encargo que se le llegó a plantear al comisario por parte de un “abogado encargado de la defensa de miembros del PP”.

“Existe una línea de causalidad entre los hechos investigados [en Gürtel] y el actuar de Cospedal y López del Hierro, en una más que probable y lógica connivencia del por entonces presidente del PP y del Gobierno, para desbaratar e influir en la investigación judicial que se estaba desarrollando”, subraya Podemos, personado como acusación popular. Pero la Audiencia Nacional descarta esa tesis y cree la versión de la ex secretaria general de los populares, que repitió que Villarejo nunca le trasmitió datos secretos: “Reunirse con Villarejo no es una actividad ilícita [...] Ella no tenía ninguna razón para negarse, pues en aquel entonces Villarejo tenía prestigio y había sido condecorado en varias ocasiones”, dicen los magistrados, que inciden en que el Proyecto SMP nunca se vinculó a la expolítica.

La Sala también corta los intentos de llamar a declarar a Arturo González Panero (PP), alias El Albonguilla, exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) y uno de los condenados por Gürtel. La Fiscalía quería interrogarlo después de que se encontrara en las agendas de Villarejo un apunte que revela el supuesto aviso que el policía le dio días antes de las detenciones en 2009 de los implicados en la red liderada por Francisco Correa. Un chivatazo que Panero confirmó en declaraciones al diario La Razón. Pero la Audiencia Nacional considera que estos hechos, de haber ocurrido, no guardan relación con Kitchen, que empieza “cuatro años más tarde”. El tribunal delimita las pesquisas exclusivamente a la operación policial contra Bárcenas: “No se explica cómo unos hechos acaecidos en 2009 o en 2017 pueden estar relacionados con los aquí investigados, que ocurrieron en los años 2012-2013″.

El asalto del falso cura. La Audiencia concluye que tampoco cabe indagar más sobre el asalto a la vivienda de Bárcenas en 2013, protagonizado por un hombre disfrazado de cura, Enrique Olivares, fallecido en enero. La Fiscalía sostiene que “otros servicios de seguridad” del Estado pudieron estar detrás de aquel episodio y pidió al juez que se identificara a los policías que visitaron en la cárcel al secuestrador de la familia del extesorero y que se citara como testigo a Ricardo Q., el preso de apoyo que tuvo Olivares durante su reclusión. Pero el instructor y la Sala lo han rechazado: “Se trata de una diligencia inútil”.

“Desde que ocurrió el asalto a la vivienda en 2013 hasta el momento, no se ha averiguado nada sobre su conexión con los hechos objeto de este procedimiento”, insisten los magistrados: “En la documentación desclasificada no aparece ninguna nota, acta o vigilancia que se refiera a dicho incidente y que permita constatar pago alguno a Olivares con cargo a fondos reservados”. El tribunal considera que el testimonio de Ricardo Q. carecería de valor, ya que nada de lo que le pudo contar el asaltante podría tenerse en consideración debido a su deterioro mental.

La trama en prisión. Las acusaciones mantienen que Kitchen extendió sus tentáculos hasta la prisión donde fue encerrado Bárcenas, donde “captó y utilizó” a otros colaboradores. Según las agendas de Villarejo, los comisarios implicados estaban al tanto de los movimientos del extesorero en la cárcel y, por ello, la Fiscalía quería ahondar en la figura del recluso Isidro Sánchez, uno de los compañeros de Bárcenas en el centro penitenciario. El ministerio público quería saber qué policías habían consultado las fichas de Sánchez en los años que duró la trama, e incluso si se le entregó dinero de los fondos reservados. Pero la Sala lo considera innecesario, ya que hasta ahora no se ha descubierto “pago alguno” a este hombre.