“Hay que localizar al sujeto que tiene los audios”
Las agendas de Villarejo señalan que Interior intentó encontrar la supuesta grabación con Rajoy que guardaba Bárcenas y que, según una nota intervenida a otro preso, mandó destruir en 2014
Es 3 de marzo de 2014 cuando un grupo de funcionarios de la cárcel de Soto del Real (Madrid) cachea al preso colombiano Isidro Sánchez. Escondida, le encuentran una nota manuscrita, “al parecer por Luis Bárcenas”, donde se lee junto a la palabra “email”: “Álex, hay que destruir todos los audios de M. R. cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos”, según los informes de la prisión enviados a la Audiencia Nacional. Apenas un día después, 4 de marzo, el comisario José Manuel Villarejo refleja en su agenda personal una presunta conversación con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, número dos del ministro Jorge Fernández Díaz, al que se refiere con el alias de Chisco: “Varias llamadas sobre papel interceptado a Sánchez, colega de LB. Hay que localizar al sujeto que tiene los audios que dice que hay que anular”.
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía destaca este apunte de Villarejo, además de otros, en uno de sus últimos informes sobre Kitchen, la operación urdida en el Ministerio del Interior para espiar a Bárcenas con el presunto objetivo de arrebatarle material sensible para altos cargos del PP que pudiera ocultar. Para entonces, este despliegue irregular sin control judicial ya llevaba meses en marcha —el magistrado Manuel García-Castellón fija su inicio en julio de 2013— y, según la instrucción, la trama buscaba, entre otras cosas, las supuestas grabaciones que creían que el extesorero podía tener de una reunión con Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en aquel momento, donde le informaba de la caja b. Una tesis que queda ahora reforzada con la última documentación incorporada al sumario, incluidas las 13 agendas interceptadas a Villarejo durante un registro en su casa el pasado octubre, que apuntan a que la cúpula de Interior también impulsó el intento de hallar esos audios.
Los nuevos indicios, que han permanecido bajo secreto de sumario hasta el pasado 15 de junio, evidencian que las fechas encajan al compararse los hechos que se suceden en el interior de la cárcel de Soto, donde Bárcenas permanecía en prisión provisional desde junio 2013 por el caso Gürtel, con las anotaciones que va haciendo Villarejo en sus cuadernos. En ese sentido, en uno de sus autos, el juez ya subrayó que la importancia de estas libretas del comisario radica en que, “su exposición ordenada de forma sucesiva, permite conformar un cronograma temporal de determinados acontecimientos y coadyuvan a situar en una concreta fecha los incidentes más relevantes que tuvieron lugar en el desarrollo de la llamada Operación Kitchen”.
Los investigadores otorgan credibilidad a estas agendas, al considerarlas una especie de “diario personal” destinado a “la lectura privada de quien las confeccionó”, donde anotó a modo de “registro”, entre 2007 y 2016, las supuestas “actividades”, “citas o comunicaciones mantenidas con terceros”, así como las fechas y una “breve descripción del objeto de las mismas”.
“Preocupado por si sus gestiones son una trampa”
La instrucción desvela que los comisarios implicados tenían muy controlado al extesorero popular y su entorno. No solo habían captado como confidente al chófer de la familia, Sergio Ríos, al que pagaron con fondos reservados y en un documento incautado a Villarejo en 2017 denominan “K2”. Sino que también estaban al tanto de los movimientos de Bárcenas en prisión. Así, por ejemplo, el 8 de enero de 2014, el extesorero protagoniza un enfrentamiento con la Guardia Civil en un traslado, y Villarejo apunta ese mismo día en su agenda una supuesta conversación con Eugenio Pino, jefe de la Policía con el PP: “Dice que le contará a Chisco el incidente de LB”. También, anota otra charla con el secretario de Estado: “Sobre incidente de LB con Guardia Civil de custodia. Ya lo sabía y va a tratar de bajar la tensión”.
Pero a la cúpula policial, que actuaba presuntamente a las órdenes de Interior —tanto Martínez como Fernández Díaz están imputados—, le preocupaban más los “colegas” que el extesorero podía hacer dentro de la cárcel. Bárcenas había entrado en contacto con Isidro Sánchez. “Coinciden en la actividad de spinning y, como ordenanza auxiliar de comunicaciones interiores, suele acercarse a él cada vez que acude a comunicar”, explicaba un funcionario en una nota interna de Soto del Real, a la que tuvo acceso EL PAÍS, donde añade: “El interno Isidro Sánchez presume de tener un alto nivel de conocimientos informáticos, jactándose ante otros internos”. Según Bárcenas, fue a este recluso a quien pagó para destruir una copia del supuesto audio que incriminaba a Rajoy y que tenía en la nube [almacenaje virtual informático]. Aunque ha cambiado de versión sobre esta grabación y en otras ocasiones ha aseverado que no existía.
Todo se gestó en 2014. Sánchez iba a disfrutar de un permiso de salida. Y, según la declaración del extesorero el pasado 18 de diciembre ante el juez, le encargó que accediera a la nube para recuperar datos de movimientos bancarios y, además, rescatar la grabación con el expresidente (y otra con Javier Arenas, ex secretario general del PP) con la idea de eliminarla. “Le dije si podría tener acceso a esos audios. Él me dijo que sí, que con determinados parámetros que yo le tenía que proporcionar y que tenía que hacerlo con un equipo, con un equipo absolutamente nuevo”, aseguró Bárcenas al fiscal durante el interrogatorio, cuando añadió que le entregó, a través de su chófer, 2.500 euros para comprar ese equipo.
La trama parapolicial ya estaba supuestamente alerta. El 13 de enero, Villarejo refleja en su agenda una presunta conversación con Ríos, el conductor de la familia Bárcenas: “Entrega de dinero el miércoles a cambio de un trabajo”, escribe el comisario junto a un número de teléfono: el de la hermana del recluso colombiano, encarcelado por tráfico de drogas. El 15 de enero, anota otra charla con el chófer: “Preocupado por si sus gestiones son una trampa. Tiene que preguntar por LUZ y decir que de parte de su hermano. Ve a LB muy tensionado”. El 16 de enero, otra con el secretario de Estado: “Aviso de que LB ha cerrado contrato con el hacker”. “Muy interesado en movimientos de LB”, anota también que le dice Francisco Martínez el día 17.
“Aviso de salida de objetivo”
El plan de Bárcenas continúa, pero el 3 de marzo ocurre un contratiempo. Los funcionarios cachean a su compañero de prisión y le encuentran la nota que le había dado. “Yo puse [las órdenes] en un papel con una letra que no era la mía. Ese documento se lo entrego a este señor y, como prueba de que a mí me estaban haciendo un seguimiento aquí dentro y había alguna persona, digamos, infiltrada dentro de la prisión que estaba al tanto de todo lo que yo hacía, ese documento, a este señor, a los pocos días antes de irse de permiso le hacen un cacheo en la habitación [celda] y le localizan la carta”, detalló el extesorero popular el 18 de diciembre. La dirección de la prisión de Soto del Real ha encontrado una copia en formato PDF de aquel escrito donde decía “hay que destruir todos los audios de M. R. cuando yo te dé la orden”. Pero, según ha informado a los investigadores, “desconoce dónde puede estar el original y a qué autoridad ha sido elevado”.
Según el sumario, los implicados en Kitchen conocían la existencia de ese papel. Según las agendas de Villarejo, este anota el 4 de marzo la conversación con Martínez, mano derecha de Fernández Díaz, donde habla de “varias llamadas sobre papel interceptado a Sánchez, colega de LB. Hay que localizar al sujeto que tiene los audios que dice que hay que anular”. El 7 de marzo, apunta otro contacto con el comisario Enrique García Castaño, alias Big o El Gordo, también imputado y quien accedió al estudio de la mujer de Bárcenas donde este guardaba otra copia de las supuestas grabaciones: “Varios toques para organizar control del amigo de LB”, escribe.
El recluso colombiano sale finalmente de permiso el 10 de marzo, como recogen los registros de Instituciones Penitenciarias. La trama lo sabe. “[Big] avisó de salida del objetivo, amigo de LB”, escribe Villarejo en su agenda ese mismo día. Pero Isidro Sánchez es detenido a la jornada siguiente en un hostal de Madrid al tener pendiente una orden de detención de un juzgado de Málaga tras el aviso de la comisaria de Chamberí, según el acta de su arresto. Villarejo también deja constancia del incidente ese mismo 11 de marzo tras una supuesta conversación con García Castaño: “Al final, al amigo de LB lo detuvieron en la comi. de Chamberí”. También conversa con el número dos de Interior: “Localizado Alex y aviso de su detención. En líneas generales muy contento”.
El espía de prisión
Los investigadores sospechan que la trama contaba con más confidentes. Tras su arresto en 2017, Asuntos Internos intervino un documento a Villarejo sobre la operación donde hablaba de hasta siete colaboradores, a los que bautizaron como K1, K2, K3, K4, K5, K6 y K7. El chófer Sergio Ríos era K2. Y, según ese escrito, K7 era un preso que había compartido cárcel con Bárcenas y que había informado de que otro recluso —hablaba de un “dominicano” en lugar de un colombiano, nacionalidad de Isidro Sánchez— que coincidió con el extesorero iba a emplear un permiso para encriptar información que Bárcenas supuestamente escondía.
“Respecto a los datos facilitados por K7, se confirma que LB, con ocasión del tiempo de internamiento, contactó con un sujeto dominicano quien le había asegurado que por una cifra cercana a 50.000 € podría encriptar y/o desactivar todos los datos que en su día LB escondió en un espacio en Internet (nube), no estando aún claro si pretende con dicha actuación ocultar o recuperar dichos datos. Por tal motivo, LB le ha facilitado una larga lista de diferentes datos con el fin de que informáticamente se actúe sobre ellos”, dejó apuntado Villarejo.
—Yo detecté una persona que infiltraron en el módulo en el que yo estaba para hacerme labores de seguimiento —relató Bárcenas a la Fiscalía Anticorrupción en 2019.
—¿Era dominicano? —inquirió el representante del ministerio público.
—Era dominicano. No. La foto del individuo que se correspondía con el carnet de la persona que estaba haciendo el seguimiento era un dominicano, pero el señor que estaba haciendo el seguimiento era un señor español, blanco blanquísimo y no de color café con leche, como era el dominicano. O sea, que habían infiltrado a una persona con tal nivel de torpeza que, en un lugar de fabricar un NIS [Número de Identificación Sistemático, compuesto de diez cifras y que se asigna a cada recluso al entrar por primera vez en la cárcel] nuevo, le habían asignado el NIS de otra persona, que habría estado ya en el centro penitenciario y que era un dominicano.
En un reciente escrito, la Fiscalía apuntaba que “se han aportado indicios de que Kitchen sí habría logrado sus objetivos y que alguno o algunos de los mandos policiales implicados en su puesta en marcha y posterior ejecución tendría en su poder los citados documentos después de haberlos sustraído a Luis Bárcenas o a su esposa, Rosalía Iglesias”. También recogía mensajes de teléfonos cruzados entre Francisco Martínez y Eugenio Pino, donde el jefe de la Policía del Gobierno de Rajoy informaba a su interlocutor de que conocía, al menos, a cuatro colaboradores: “Escolta, preso, empresario, familia”.
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