El Gobierno cambia de forma limitada y urgente la ley del aborto

El Gobierno inició ayer una reforma muy limitada y rápida de la ley del aborto. Después de dudas y polémicas, el Ejecutivo ha puesto en marcha el cambio de un único artículo, el referido al permiso paterno para las mujeres de entre 16 y 18 años, para hacer obligatorio el consentimiento de los progenitores. Es decir, para que los padres puedan obligar a una mujer de esa edad a tener un hijo no deseado. En este momento es posible que se realicen esos abortos sin consentimiento en casos extremos y tasados.

El Ejecutivo materializa ahora el abandono de su proyecto de reforma global, que cambiaba el modelo de ley de plazos por una ley de supuestos restrictivos y que fue jaleada por el sector más conservador del PP. Aquella norma fue impulsada por Mariano Rajoy y su retirada le costó la dimisión a Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia.

Ahora de hecho el PP acepta que se mantenga en vigor la ley de plazos, a la que añade este retoque, lo que disgusta a ese sector más radical partidario de una ley restrictiva y con supuestos tasados. La actual ley de plazos de 2010, no obstante, está pendiente de que el Tribunal Constitucional falle el recurso que presentó el PP en la oposición y que sigue vivo, casi cinco años después.

El Gobierno ha optado por una vía inusual, la de la proposición de ley orgánica del Grupo Popular. El Consejo de Estado frenó el intento de hacerlo con una ley ordinaria de ayuda a la familia y el Gobierno teme que no haya tiempo suficiente en lo que queda de legislatura y, por eso, usa esta vía que se salta el trámite de informes del Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Estas instituciones se pronunciaron sobre textos anteriores, pero no lo harán sobre este específicamente.

Esta manera de legislar tiene como precedente en esta legislatura la supresión de la justicia universal, para la que el Gobierno usó esta vía con gran polémica y rechazo de los demás partidos. Según la previsión del Gobierno, esta reforma puede estar en vigor en abril. La breve proposición tiene solo dos artículos: uno para eliminar el precepto de la actual ley que permite en casos excepcionales el aborto sin consentimiento de menores de más de 16 años y un artículo nuevo en la ley de autonomía del paciente para hacer obligatoria esa autorización.

En caso de conflicto, se remite al Código Civil en el que se regula que puede decidir un juez si hay discrepancia o “cuando la decisión de los representantes legales pueda poner en peligro el interés superior del menor”. Con la ley en vigor la excepción de la falta de consentimiento no está judicializada. Al no distinguir, el consentimiento paternal afectaría también a menores de 16 y 17 años emancipados o casados.

Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, el porcentaje de mujeres de entre 16 y 17 años que abortaron es del 3,60%, de las cuales solo el 12,38% pudieron no informar a los padres, por encontrarse en situaciones difíciles, por ejemplo, de padres maltratadores. Es decir, el aborto de menores sin consentimiento es del 0,44% del total, según esos datos.

El portavoz del PP, Rafael Hernando, defendió la reforma remitiéndose al programa electoral y, por eso, dio por hecho que no habrá disidencias en el Grupo Popular. Ese párrafo del programa es tan ambiguo que permite esta reforma, pero fue invocado también para defender el cambio global. “Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”, asegura.

La ley en vigor tuvo en 2010 el voto de todos los partidos, salvo el PP. Ayer, todos se pronunciaron contra la reforma registrada, salvo el PNV, que dijo estar dispuesto a estudiarlo porque siempre ha manifestado dudas sobre este artículo, y CiU que da siempre libertad de voto a sus diputados y se diferencian los de Convergencia y los de Unió.

“El PP deja en la indefensión a las mujeres más vulnerables, a las más jóvenes que se verán abocadas al aborto clandestino e inseguro”, aseguró la portavoz socialista de Igualdad, Carmen Montón. “Tan vergonzosa es la reforma que ningún ministro se ha querido hacer cargo de ella, y ha tenido que ser el grupo parlamentario quien la traiga al Congreso”, explicó Montón.

Para Carlos Martínez Gorriarán (UPyD), es “un desastre legislativo, una chapuza más”.