El clima extremo mete presión en la agenda política

No es lo mismo leerlo en alguno de los cientos de informes científicos que se publican cada mes que sentirlo en carne propia. No es lo mismo que te cuenten lo que vendrá que padecer días y días de temperaturas extremas; o no poder dormir en las noches tórridas; o que del grifo no salga agua; o intentar frenar a cubazos las llamas que van a devorar tu casa; o comprobar cómo se desploma el rendimiento de tus cultivos por el calor... El clima extremo y todas sus derivadas han explotado de forma descarnada en España este verano, que va camino de convertirse en el más cálido que se ha registrado en el país desde que arrancaron las mediciones fiables a principios del siglo XX.

La sucesión de olas de calor, incendios tremendos y el incremento de las restricciones de agua debido a la escasez en unos embalses que están en mínimos históricos ha hecho más tangible la emergencia climática. “Donde antes había un pequeño grupo de personas que leía los informes, ahora hay millones de personas que han sentido que el cambio climático está aquí con una potencia de daño enorme”, sostiene Víctor Viñuales, sociólogo especializado en medio ambiente. “Está aquí y no va a dejar de estar aquí. Harían bien en interiorizarlo todos los partidos de todo el espectro”, añade el también director de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes).

Las encuestas llevan años mostrando cómo los fenómenos extremos contribuyen al aumento de la conciencia sobre este problema alrededor del mundo. También en España. Así lo reflejaba, por ejemplo, el sondeo elaborado por la empresa 40dB para EL PAÍS con motivo de la última cumbre del clima, celebrada en noviembre: la mayoría de los encuestados (65,6%) afirmaba que le preocupaba más el cambio climático tras los eventos meteorológicos extremos del pasado año.

“No me cabe la menor duda de que la conciencia aumenta cuando en nuestra propia realidad vivimos lo que los científicos predijeron”, afirma Juan Carlos del Olmo, secretario general de la ONG ecologista WWF. “Lo importante es que todos relacionemos esta situación con el problema de fondo, que es nuestro modelo de vida, que debe cambiar”, añade. Viñuales, por su parte, advierte de que la “reiteración de fenómenos extremos está causando desánimo en mucha gente, un daño emocional”. Por eso, en su opinión, los “partidos tienen que traducir lo que ha pasado en medidas”. Y la prueba de fuego será el inminente ciclo electoral que arranca y cuya primera parada está a la vuelta de la esquina: en mayo habrá elecciones municipales y en la mayoría de las comunidades también comicios autonómicos.

En el caso de los socialistas, “ya han empezado los trabajos de los programas marco de las municipales y autonómicas, que están en fase de borrador”, explica Cristina Narbona, presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente. La pata verde será una de las claves, avanza. En Unidas Podemos, el diputado Juan López de Uralde apunta a que los trabajos para la elaboración del programa comenzarán en septiembre. Sumar —la plataforma de izquierdas que impulsa la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz— celebró en plena ola de calor en julio su primer acto sectorial, y lo centró en la juventud y la lucha climática. Hacia el mismo lugar mira el PSOE: “Hay una desafección hacia la política en los jóvenes, y en ellos el sentimiento de gravedad de la emergencia climática es mayor”, afirma Narbona.

Bordeando el negacionismo

Justo en el otro lado, en la extrema derecha, Vox no abandona un discurso que juguetea con el negacionismo y engloba en el término “fanatismo climático” casi cualquier medida medioambiental. La presidenta madrileña, la popular Isabel Díaz Ayuso, haciendo guiños a ese electorado, ha criticado lo que llama el “ecologismo prefabricado” que, a su juicio, “lo único que hace es acabar con la iniciativa privada, con las gentes del campo, con las vidas de aquellos que defienden la tauromaquia, la agricultura, la ganadería...”. Durante la primera parte de la legislatura, el PP mantuvo una postura moderada en los asuntos medioambientales —se abstuvo en la votación de la Ley de Cambio Climático en el Congreso y no bloqueó la Ley de Residuos—, pero López de Uralde, parlamentario de Unidas Podemos y exdirector de Greenpeace en España, critica que ahora recuperen la idea del fracking para extraer gas: “La derecha española no es asimilable a la europea, está más cerca de Trump que de Macron”.

Guillermo Mariscal, secretario general del Grupo Popular en el Congreso y especialista del partido en temas de energía, explica que el PP pide “paralizar” el articulado de la Ley de Cambio Climático referido a “la prohibición radical de cualquier tipo de exploración de minerales” para “conocer los minerales de los que dispone España, fundamentalmente, uranio y litio”. “Nosotros estamos alineados con la llamada neutralidad tecnológica, es decir, dar uso a todas las disponibles, sin el sectarismo del Gobierno. El cierre de la nuclear en 2035 hoy es una entelequia”, afirma. Los populares critican “la escasa presencia de biogás”, y “los retrasos administrativos para el crecimiento de las renovables”.

Los grandes desafíos: movilidad y agua

Los programas municipales del PSOE y los de los partidos de izquierda se llenarán de propuestas de rehabilitación energética de edificios, de promesas de más espacios verdes, de refugios climáticos o de más tejados verdes y solares, como adelanta Narbona. El PP comparte la necesidad de “mejorar el aislamiento de viviendas y de edificios públicos para ahorrar energía”.

Todos los expertos consultados para este reportaje sitúan las ciudades como punto clave de la crisis climática, de ahí la importancia de las elecciones municipales y las propuestas que presenten los partidos. “Las ciudades deben dejar de contribuir al problema y adaptarse a lo que viene”, resume Del Olmo. En la misma línea, Viñuales apuesta por “repensar” las urbes para prepararlas “para el próximo verano”. Y sitúa como prioridad la “despavimentación”. “Las ciudades se han convertido en los lugares en los que las políticas climáticas son imprescindibles, son las que más sufren los impactos y las que más pueden evitarlos. Y esto será clave en la campaña electoral”, sostiene el parlamentario López de Uralde.

Las políticas de reordenación de la movilidad, las limitaciones a los vehículos de combustión —el transporte es el principal sector en emisiones de gases de efecto invernadero y sustancias nocivas— y el impulso a otras formas de desplazarse, como el transporte público o la bicicleta, se espera que estén en un lugar destacado de la campaña para los comicios de mayo. “Va a ser un elemento de debate político y de confrontación electoral”, augura Narbona.

Del Olmo añade: “En las grandes ciudades vamos a ver quién se lo toma realmente en serio. Hay algunas que arrastran los pies y otras que están empleando bien los fondos públicos europeos”. Las competencias en este asunto son principalmente municipales, pero hay también obligaciones de lucha contra la contaminación que se fijan desde Europa y medidas concretas que se impulsan desde el Gobierno central. Por ejemplo, para combatir la polución y las emisiones de efecto invernadero, la Ley de Cambio Climático establece que antes del 1 de enero de 2023 todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes, unas 150, deberán contar con zonas de bajas emisiones en las que se restrinja la circulación de los vehículos más contaminantes.

Algunas ciudades ya se han puesto a ello, pero, como ocurrió con Madrid y Barcelona, el proceso no está siendo pacífico y está acabando en los tribunales en muchas ocasiones con recursos presentados por la derecha, que emplea como argumento los supuestos ataques a la “libertad individual” que implican las restricciones. Mariscal, del PP, afirma que su partido está a favor de las zonas de bajas emisiones en las ciudades, “pero siempre que no dificulten la vida cotidiana de los vecinos o la actividad económica”. “Hay que acomodar la economía, hacer una transición y ser comprensivo con la sociedad. No todas las familias o empresas pueden permitirse transformaciones inmediatas. Exigir esos cambios de motorización cuando tenemos el parque automovilístico probablemente más envejecido de Europa no es la solución. Sería conveniente impulsar los sistemas de recarga para el coche eléctrico y que antes de que la gente salte al coche eléctrico, tenga la posibilidad de comprarse un vehículo más barato y que emita mucho menos que los anteriores. Creemos en los incentivos, porque cuando la transición no es justa, cuando hay perdedores, nacen los adversarios”.

Para ofrecer una mayor seguridad jurídica a los alcaldes, el Ministerio para la Transición Ecológica está elaborando ahora un real decreto en el que se fijan las bases mínimas para implantar estas zonas de bajas emisiones. El texto salió a información pública en abril pero, a cuatro meses de que entre en vigor la obligación para las ciudades de más de 50.000 habitantes, aún no se ha aprobado la norma.

Si la movilidad se perfila como uno de los temas centrales del debate de las municipales, con el agua puede ocurrir algo parecido en las autonómicas en un momento de escasez como el que está atravesando la Península. Para comprender lo que está ocurriendo no solo hay que mirar al cielo —las lluvias están en muchas zonas por debajo de lo normal— sino también al suelo: al incremento imparable de la superficie de regadío en España, que consume alrededor del 80% del agua embalsada del país. “Se están abonando los conflictos por el agua y es de locos que en este contexto se pongan más regadíos”, advierte Viñuales. Del Olmo añade: “El riesgo es que los programas electorales se llenen de falsas soluciones, como más trasvases, más embalses, más desaladoras... La solución es un cambio de modelo de agricultura”. “Hay que hacer una reconversión agraria”, añade Narbona. “Y hay fondos europeos para ello”, sostiene la socialista. El PP reclama “un pacto nacional sobre el agua” y aprovechar esos fondos “para la necesaria adaptación al cambio climático”.

Asamblea ciudadana

Durante cinco meses, 100 ciudadanos seleccionados por una empresa demoscópica, de forma que sean una representación de la ciudadanía del país, han participado en la llamada asamblea ciudadana del clima, impulsada por el Gobierno. Guiados por expertos en cambio climático, han debatido en torno a una pregunta: ¿Cómo debe afrontar España la crisis climática? Y fruto de este proceso, similar al que se había hecho en asambleas de Francia, Reino Unido o Escocia, surgió un documento con 172 propuestas que en junio fue presentado al presidente Pedro Sánchez. “La mayor parte son de sentido común y muchas son perfectamente asumibles total o parcialmente por los partidos”, sostiene María José Sanz, directora científica del Centro Vasco de Cambio Climático, conocido por las siglas BC3, y miembro del equipo de asesores de la asamblea.

“Las propuestas de la asamblea son una fuente de inspiración y de conexión con la ciudadanía más joven”, opina Narbona. Entre ellas, la exministra destaca las referidas a la agricultura de proximidad y el cambio de modelo agroalimentario. El documento con las propuestas lo trasladará oficialmente al Congreso el Ejecutivo. Pero, por su cuenta, los miembros de las asamblea también están enviando sus 172 medidas a los Gobiernos autonómicos y a algunos alcaldes, como explica Teresa Arnal, una de los 100 ciudadanos que han formado parte de esta asamblea.

Arnal también cree que la sucesión de olas de calor que se han vivido en España este verano hacen que “el debate” sobre el cambio climático se mueva. “Hay mucha urgencia y vamos hacia el desastre, aunque podemos hacer algo todavía”, dice. “La gente está concienciada y la mejor manera de actuar es usando nuestro voto”, añade Del Olmo. “Lo que necesitamos en este momento de crisis es que los partidos se comporten como adultos”, subraya Viñuales. Pero, como advierte María José Sanz, el principal peligro reside en que, “cuando se terminen los incendios, se vuelva a producir una desconexión en la sociedad” que lleve a olvidar que “el cambio climático es un síntoma de un modelo de desarrollo”.

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