Los 100 días de Vox en Castilla y León: medidas ideológicas, polémicas y un PP en evidencia

Los tres primeros meses del Gobierno de PP y Vox en Castilla y León han estado marcados por la puesta en marcha de medidas ideológicas del partido ultra, como el cambio de la normativa de Memoria Histórica, y también por las polémicas declaraciones de su vicepresidente Juan García-Gallardo (Vox). Tanto, que estas han provocado que el presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP) haya tratado de templar ánimos en varios momentos y haya insistido en la normalidad de una situación inédita hasta ahora en España: el primer Ejecutivo autonómico en el que el partido de Santiago Abascal asume responsabilidades. Pese a ello, en este tiempo, los plenos en las Cortes han tomado un tono bronco y la oposición se ha acostumbrado a estar escandalizada. El PSOE lamenta que Mañueco se haya “rendido” y ve una “simbiosis perfecta” entre los aliados. Francisco Igea, exvicepresidente autonómico, único representante de Cs en la Cámara, incide en que el presidente tiene un “papelón complicado”.

Más de 100 días después, el sello ultra comienza a impregnar el Gobierno de Castilla y León —con anuncios como el recorte de 20 millones en subvenciones a sindicatos y patronal— y se extiende por los discursos del Ejecutivo, que prepara cambios en la legislación de Memoria Histórica e Igualdad. En este tiempo, Mañueco ha tenido que terciar en varias polémicas, como cuando su vicepresidente de Vox menospreció en sede parlamentaria a una procuradora socialista con discapacidad, a la que dijo que no iba a tratar “con condescendencia”. Ese intento de mantener un perfil bajo se ha quebrado en el último mes por un asunto ajeno a su polémico socio, las protestas de bomberos forestales contra la precariedad y la gestión de dos grandes incendios, a cargo de una Consejería, la de Medio Ambiente, en manos del PP. En la región han ardido unas 85.000 hectáreas, casi la mitad de las 200.000 quemadas en todo el territorio nacional.

El lenguaje de Vox

“Anomalía climática”. La fuerza ultra ha conseguido que su compañero de Gobierno asuma sus códigos. Incluso en los graves incendios de Zamora acaecidos este verano, la Junta habló de “anomalía climática” y no de “cambio climático”, concepto que rechaza Vox. Mañueco también ha sufrido para justificar la “inmigración ordenada” que defendió con Gallardo, aunque es una materia de competencia estatal. En Castilla y León, territorio en riesgo de despoblación, el 6,11% del censo es inmigrante. La media nacional es del 11,62%, según el INE.

“Violencia intrafamiliar”. El PP ha aceptado un concepto clave para la extrema derecha: la violencia intrafamiliar. Con la idea de minusvalorar la violencia machista, Vox utiliza este concepto. Así, ha exigido una “ley de violencia intrafamiliar” para “proteger a todos por igual”, aunque Mañueco ha afirmado que no dará “un paso atrás” contra la violencia machista y mantendrá la anterior legislación. Mientras tanto, la consejera de Familia, Isabel Blanco, pone cara de circunstancias cuando se le plantean esas tesis y apoya a su presidente. Las asociaciones feministas avisan del truco: todo dependerá del presupuesto. De poco sirve, explica Rocío Anguita, de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, conservar ambas normas si, sin fondos, desmantelan Igualdad. 1.177 mujeres están protegidas por esa legislación en una comunidad que invirtió 122 millones de euros en fomentar la igualdad en 2021, año con más de 5.000 denuncias registradas.

“Concordia”. Esta norma contra la violencia machista se acordó con gobiernos en solitario de un PP que lleva al mando desde 1987. En 2018, los populares también aprobaron un decreto de memoria histórica que Vox quiere sustituir por otro “de concordia” para “no dividir a los españoles”. Así lo pregona Gallardo en una comunidad con más de 500 fosas comunes que albergan a unos 7.000 represaliados por el franquismo tras la Guerra Civil. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), defiende que esta nueva norma, en tramitación, servirá para “combatir que se utilice la Historia para dividir a los españoles”, pues la que impulsa el Gobierno central “compra el relato y pretensiones de Bildu”, frases del argumentario de Vox.

La visión de la oposición

“Simbiosis perfecta”. El líder socialista, Luis Tudanca, cree que la coalición de PP y Vox rebasa “las peores expectativas”, como “el deterioro institucional, político, ético y de gestión”. Lamenta que Mañueco se haya “rendido” y ve una “simbiosis perfecta” entre los aliados. “Hay que destacar la mala gestión, como el incendio en Zamora, o las ayudas de los ERTE que no llegan”, denuncia el secretario general del PSOE de la región. Tudanca critica las “estridencias” y planteamientos de Gallardo, como el recorte de 20 millones de euros a patronal y sindicatos, que llegaron a reclamar al PP que rompiera con su socio de Gobierno. Donde sí se han entendido los populares y Vox es en lo impositivo, con una reducción en el tipo mínimo del IRPF del 9,5% al 9%.

Los conservadores justifican las discrepancias argumentando que son “partidos distintos”. Ángel Ibáñez, viceportavoz del grupo parlamentario del PP, insiste en la “normalidad”. “Nos centramos más en acciones que en declaraciones, que son respetables”, despeja Ibáñez, que subraya el trabajo “en conjunto” con Vox, algo que, en su opinión, no sucedía con su socio anterior, Ciudadanos.

“Lenguaje chulesco”. Igea cree que Mañueco, que convocó elecciones para deshacerse de Ciudadanos y acabó abrazado a Vox, tiene un “papelón complicado”. A Gallardo le reprocha su “lenguaje chulesco con políticas cofrades, negacionismo y tonterías alejadas de los problemas de la región”, como cuando sostuvo en Zamora, provincia azotada por la despoblación, que su situación se debía a la “hipersexualización” social.

El estilo agresivo del líder de Vox se ha notado desde su primer pleno en las Cortes. Fuentes del PP en Madrid defienden que este tono viene marcado por la dirección de Abascal. “Si se moderan, el PP se los come”, añaden. El PP terminó salvando a Gallardo de ser reprobado por su menosprecio a la diputada con discapacidad en el parlamento regional.

Durante este tiempo, uno de los cargos de Vox ha tenido que dimitir para no perjudicar a su formación, ya que trascendió que había impartido cursos de igualdad y educación sexual, algo que el partido ultra quiere prohibir. El presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), rechazó iluminar la Cámara con los colores de la bandera LGTBI, algo que sí hacía el PP, por no ser un “colectivo vulnerable”. Sí lo hizo el día de Santiago Apóstol con los de la bandera de España.

Vox alardea de recortar gastos “superfluos”, con reducciones en asignaciones parlamentarias que perjudican especialmente a los partidos con poca representación. Pero la tijera no salta a la Junta, donde hay más altos cargos que durante el mandato anterior. La última en llegar ha sido María José Pliega, nombrada asesora del vicepresidente de Vox y contratada hace un mes. Esta abogada cobrará 52.281 euros anuales.