Los bomberos en Castilla y León reclaman dimisiones por la gestión del incendio de Sierra de la Culebra en Zamora

Las chaquetas ajadas, las botas y los batefuegos han sustituido este miércoles en las Cortes de Castilla y León a los trajes y maletines de los políticos. Más de un centenar de bomberos de la comunidad se ha concentrado frente al Parlamento, en Valladolid, para exigir la mejora de sus condiciones laborales y reclamar que la Junta (PP-Vox) disponga de más medios contra incendios. Los colectivos sostienen que las 30.000 hectáreas arrasadas en la sierra de la Culebra (Zamora) muestran una escasez de efectivos humanos y materiales crucial para impedir o amortiguar estas catástrofes, algo que niega la Junta.

Los asistentes han reclamado la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ambos del PP. “¡Bomberos forestales, derechos laborales!”, han gritado los efectivos y los representantes sindicales, asegurando que ante la catástrofe no existía el despliegue necesario para combatirla con garantías. “Cuando se inició el fuego había disponibles menos de un 35% del total de recursos antiincendios, porque estaba activado el protocolo de riesgo medio, no el de riesgo alto”, explica un miembro de la Asociación de trabajadores de incendios forestales de Castilla y León.

La controversia consiste en que los planes autonómicos solo obligan a pasar del riesgo “medio” al “alto” a partir del 1 de julio, lo que conlleva el despliegue de menos personal y menos recursos. El director de Patrimonio natural de la Junta, José Ángel Arranz, reprocha que los colectivos “están mezclando reivindicaciones laborales aprovechando que ha habido una desgracia” y asegura que los recursos estaban disponibles. Pone como ejemplos que había 90 autobombas operativas (de 94 existentes), 70 cuadrillas (de 111) o 21 cuadrillas helitransportadas (de 21). La “trampa” de estos números, contesta la otra parte, es que los medios pueden estar disponibles pero que retenes que trabajan con ellos “están bajo mínimos”, de forma que en la práctica no pueden emplearse.

Los bomberos aseguran que han accedido a los listados de brigadas disponibles y que, en el caso de las helitransportadas, de los 24 o 16 personas que pueden incluir cada una de ellas, había respectivamente ocho o cinco operativas. “Había retenes con menos de la mitad de personal, es todo mentira porque la Junta los cuenta aunque falte gente”, censuran. Arranz admite que no todos los turnos estaban a pleno rendimiento y que no contaban con todos los recursos, al no estar activado el plan completo, pero sostiene que una vez comenzaron las llamas enviaron “recursos extraordinarios”. Los bomberos exigen que esas brigadas estén listas al 100% para apagar los incendios al principio, pues una vez desatados es difícil apagarlos. Y remarcan que en el de Sierra Culebra hubo que movilizar a efectivos de la UME, de Portugal y de otras comunidades autónomas porque con los desplegados por Castilla y León no era suficiente.

Todos estos bomberos citados en Valladolid se llaman Manuel (cuando hablan con los periodistas). La consigna es no dar su nombre real para evitar represalias. Un equipo de 11 Manueles posa ante el distintivo de las Cortes ataviado con su uniforme de trabajo, ese que ha contemplado muchas llamas y, en demasiadas ocasiones, se ha visto superado. El discurso, como la vestimenta, es uniforme: faltó prevención y escasearon medios. El grupo critica que su posición laboral es de “peón” y que, por unos 1.200 euros mensuales durante el verano, son subcontratados para ayudar a los escasos efectivos autonómicos. “Ha llegado una tormenta eléctrica con medios escasos, cuando se ha preparado gorda nos hemos echado las manos a la cabeza y era tarde”, expone uno, de 32 años y ocho en el gremio. Un compañero, de 43 y 13 en el sector, reprocha la “falta de coordinación, de medios y de previsión por no escuchar los avisos de calor y tormentas secas”. El caos de las primeras horas del reciente incendio permanece en la retina de otro de ellos, de 29 años y un lustro apagando fuegos. “Eran un desorden, descontrol y falta de medios terribles desde primera hora, con ratos parados porque nadie asignaba trabajos o a ratos teníamos que irnos porque aparecían frentes”, enumera el joven, a quien respalda un efectivo más veterano, con 43 años y 16 de recorrido: “Es mentira que hubiera medios. Se veían más medios del Gobierno o de otras comunidades que nuestros”.

La comitiva de Manueles habla con tono amargo sobre sus condiciones laborales. Sus sueldos los pagan mayoritariamente empresas subcontratadas por la Junta, así que estas reducen costes para llevarse la oferta pública. Estos recortes repercuten en sus ganancias o en pluses de peligrosidad, una figura que apenas conocen porque se les paga solo un euro cuando tienen que lanzarse desde los helicópteros. Este ejemplo, destacan, ilustra una precariedad que los políticos no solventan. Mientras ellos y los suyos gritaban en la calle para conseguir mejores condiciones, en el Pleno la coalición PP-Vox ha rechazado una iniciativa del PSOE para hacer público el sistema antiincendios y mantenerlo activo todo el año. El modelo actual, lamentan los afectados, dificulta apagar las llamas cuando han comenzado, momento clave para impedir desgracias como la de Zamora: “En esas condiciones, con esos medios de la Junta, era imposible hacer nada”. Después ya era tarde y hubo que esperar a la lluvia.