El hartazgo tras el incendio de la sierra de la Culebra salta a las Cortes y a la calle por la falta de prevención de la Junta

La indignación tras el incendio de la sierra de la Culebra se ha extendido por la provincia de Zamora y ha entrado en las Cortes de Castilla y León. Las más de 30.000 hectáreas quemadas han causado una ola de hartazgo por la escasa prevención de la Junta autonómica (gobernada por PP y Vox) que, pese a los avisos de ola de calor y el peligro extremo que apuntaba la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), dejó en “medio” y no “alto” el nivel de riesgo. Este protocolo implica menos medios para extinguir las llamas y ha provocado que la oposición haya atacado al Ejecutivo por su gestión de la crisis, mientras el sindicato UGT reclama dimisiones y CC OO denunciará ante la Fiscalía la “negligencia”. Mientras, grupos de vecinos de Zamora ha tomado la calle para denunciar lo ocurrido, y este miércoles varias asociaciones de bomberos se manifestarán frente a las Cortes, en Valladolid.

El protocolo supone que solo a partir del 1 de julio se activa el nivel “alto” de alerta por incendios forestales, por lo que hasta entonces no se producen más contrataciones, se amplían las brigadas y sus turnos. Pese a los avisos de que se avecinaba una intensa ola de calor con temperaturas muy superiores a la media, la Consejería de Medio Ambiente, liderada por Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), no consideró ponerlo en marcha. La advertencia se agravaba, además, por la sequía y el viento.

Una consecuencia de la crisis climática implica que los periodos de canícula se adelanten y, por tanto, se multiplique el riesgo. La consejería no valoró estos factores y mantuvo este rango “medio”, que impidió que hubiese recursos humanos y materiales suficientes para acometer las llamas, una vez que los rayos de una tormenta eléctrica el miércoles por la tarde causaron las primeras chispas. Esa política se aplica desde 1999 y ha sido criticada por quedarse caduca respecto a las circunstancias medioambientales actuales.

Miles de personas han expresado su rechazo este martes frente a la sede de la Junta en la ciudad. Cientos de ellas han llegado a la capital en autobuses que han fletado los Ayuntamientos más afectados de la provincia, que han animado a sus residentes a evidenciar el daño que causa lo ocurrido sobre un territorio que subsiste gracias a la sierra.

La sesión parlamentaria también ha evidenciado el conflicto. El líder socialista, Luis Tudanca, ha asegurado que “no hay nadie al volante” de la Junta y ha pedido la dimisión del consejero. El presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha ratificado a Suárez-Quiñones y ha responsabilizado a la climatología de la gravedad de lo ocurrido, insistiendo en el argumentario de la consejería.

Medio Ambiente achaca los males a “condiciones climatológicas adversas que dificultaron los trabajos” y, en contra de lo que dicen los sindicatos y colectivos de bomberos, esgrime que “contó con los medios necesarios en cada momento”. El departamento valora que, pese a las 30.000 hectáreas arrasadas, no hubo “daños personales en la población”. E insiste en que los vientos, la escasa humedad y el calor marcaron la falta de resultados hasta que cambió el tiempo. Este miércoles, cuando concluya la sesión, una concentración de bomberos frente a las Cortes reclamará más dedicación hacia ellos.

UGT ha reclamado el “cese fulminante” del responsable de la consejería, apoyándose en que hace menos de un año ardió la sierra de la Paramera (Navalacruz, Ávila). Entonces fueron 22.000 hectáreas, también el mayor incendio de la historia de Castilla y León hasta el desastre ocurrido apenas diez meses después. Aquellas llamas comenzaron tras recalentarse un coche en una carretera provincial y después de que el fuego saltara a una cuneta. La tardanza en actuar propició una catástrofe que no ha tardado ni un año en superarse. “El incendio supuso un coste de 29 millones de euros, según la Diputación de Ávila; más de 50 millones, según los afectados; y se necesitarán entre 40 y 80 años para recuperar un paraje de alto valor ecológico”, expone el sindicato, que denuncia las palabras de Suárez-Quiñones, que hace unos años aseguraba que era “absurdo y un despilfarro” mantener operativo el despliegue todo el año.

CC OO expondrá ante la Fiscalía la “actuación negligente” de la Junta y ha reclamado la dimisión del consejero por mantener un modelo de intervención “caduco y obsoleto”.