El fiscal del Estado acusa a los conservadores del Poder Judicial de montar “un tribunal de honor” contra él

La artillería de la derecha descargó este jueves con todo su estruendo contra el futuro fiscal general del Estado aprovechando el examen parlamentario previo a su nombramiento por el Gobierno. En la acometida, el PP hasta consiguió superar las cotas de agresividad de Vox y llegó a acusar a Álvaro García Ortiz de “complicidad y colaboración” con ETA. El hasta ahora número dos de la dimisionaria Dolores Delgado no se arredró. García Ortiz respondió a cada uno de los ataques y cargó con dureza contra los siete vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que intentaron bloquear su nombramiento, a los que acusó de montar “un tribunal de honor” contra él.

Se presumía tensa la comparecencia de García Ortiz ante la Comisión de Justicia del Congreso, trámite previo a su designación oficial por el Consejo de Ministros, y la expectativa se cumplió. La derecha prolongó en el Parlamento la ofensiva contra el fiscal, al que fustigó sin pausa e incluso interrumpió con protestas en algunas de sus réplicas. Dos eran los argumentos principales de la oposición para cuestionar la imparcialidad de García Ortiz. El principal, que hubiese sido la “mano derecha, mano izquierda y alter ego” de Delgado, en palabras del más impetuoso de los portavoces, el popular Luis Santamaría. Sobre esto, el nuevo jefe de la Fiscalía se limitó a defender el trabajo de su antecesora.

La segunda pieza argumentativa era la presencia de García Ortiz en unas jornadas organizadas por el PSOE gallego en 2019, donde, según el diputado de Vox Javier Ortega Smith, “difundió el discurso de la izquierda radical”. En este punto, el interpelado se extendió en explicaciones. Subrayó que se trataba de un debate sobre incendios forestales junto a otros expertos y que en su día se le abrió un expediente por este motivo que concluyó en archivo porque contaba con el permiso previo de la inspección fiscal para acudir al acto.

El discurso de la derecha contaba con la munición añadida del voto particular emitido la pasada semana por siete vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se opusieron, frente a la mayoría, al nombramiento de García Ortiz. Y ahí el fiscal, en la que era su primera intervención pública tras el anuncio de su próxima designación, no se reprimió. Acusó a esos miembros del CGPJ de “traspasar una línea roja” porque, en lugar de examinar sus méritos profesionales —recordó que está en el ministerio público desde 1999—, se dedicaron a organizar lo que calificó como “un tribunal de honor”. “Se han lanzado a buscar recortes de prensa contra mí”, denunció. “Se me han hecho imputaciones y no he tenido oportunidad de decir nada”. Señaló que ese grupo de vocales conservadores le ha acusado de cosas que, según él, son falsas, como que, en su tiempo como número dos de la Fiscalía del Estado, esta no emitiese ninguna directriz, un reproche del que se había hecho eco Ortega Smith. García Ortiz fue leyendo varios ejemplares del BOE de los últimos dos años que contienen tales directrices e instrucciones.

La oposición también tiró de las informaciones de prensa, alentadas por algunos fiscales conservadores, que atribuyen al nuevo responsable del ministerio público la decisión de no acusar a la cúpula de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco al considerar que los delitos han prescrito. El asunto fue esgrimido, con diferentes tonos, por Edmundo Bal, de Ciudadanos, por Ortega Smith y finalmente por Santamaría. Nadie fue más lejos que este último, quien concluyó que el futuro jefe del ministerio público mantiene una “actitud de complicidad y colaboración” con la banda terrorista ya desaparecida.

“Les pido respeto a las víctimas, estas cosas no hacen más que aumentar su dolor”, les replicó el fiscal, quien aseguró que no se ha dado “directriz de ningún tipo” en este caso, como ha manifestado también la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Desde una reforma legal de 2010 se ha venido aplicando el criterio de que los plazos de prescripción cuentan a partir de la comisión de los hechos delictivos y no desde la detención de sus presuntos autores, como alegan los que pretenden reabrir el caso. Con todo, García Ortiz señaló que la Fiscalía de la Audiencia emitirá una opinión al respecto y, a partir de las conclusiones de esta, él mismo fijará doctrina.

La izquierda y los nacionalistas —ERC y el PNV se ausentaron— no pusieron objeciones a los méritos del futuro fiscal del Estado, aunque se interesaron por otro asunto controvertido, las relaciones de su antecesora con el comisario José Manuel Villarejo. Uno de los asuntos que salió a colación fue el relevo del fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa, que investigaba las actividades del policía jubilado. Al asunto entraron también Ciudadanos e incluso Vox, a pesar de que este partido fue el promotor de una denuncia contra el propio Stampa. García Ortiz explicó que Stampa se encontraba en comisión de servicios y que su plaza fue otorgada a otro por decisión de todo el Consejo Fiscal. Para desmentir que haya habido ningún trato de favor a Villarejo, enfatizó que bajo el mandato de Delgado se presentaron contra el comisario tres escritos de acusación que suman peticiones de 117 años de cárcel.

Jon Iñarritu, de EH Bildu, y Josep Pagès, de Junts, lo inquirieron además por una reunión que, en compañía de Delgado, mantuvo en marzo de 2021 con el periodista Eduardo Inda, autor de informaciones falsas contra Podemos facilitadas por mandos policiales. La respuesta de García Ortiz fue que su anterior jefa quería hablar con Inda para intentar “suavizar la hostilidad” contra ella del periódico digital que este dirige, OK Diario, un medio, apuntó, que “consultan mucho los fiscales”.

Iñarritu y el portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, lo requirieron para que la Fiscalía lleve hasta el final la investigación sobre la muerte, el pasado 24 de junio, de al menos 23 inmigrantes que intentaban saltar la valla de Melilla. “Será una investigación exhaustiva”, prometió el fiscal. “Ha sido una tragedia humana y no podemos volver la vista”.

Asens, el socialista Francisco Aranda y el propio Iñarritu deploraron la “campaña de bulos” desatada contra el fiscal, quien anunció que emprenderá acciones legales contra el diario Abc por haber publicado que se reunió en secreto con un banquero andorrano testigo en un proceso abierto en ese país contra Mariano Rajoy por las actividades de la llamada policía patriótica. García Ortiz negó tajantemente que se hubiese producido tal encuentro y declaró su “estupor e indignación” porque se hubiese publicado tal cosa.

Junts y PDeCAT tampoco pusieron objeciones al futuro fiscal, aunque no dejaron de reprocharle las actuaciones del ministerio público contra miembros del movimiento independentista, asunto sobre el que se extendió el diputado Pagès. García Ortiz lo pasó por alto. Tampoco agradó a los nacionalistas uno de los anuncios que hizo el fiscal en su primera intervención, el propósito de revisar las competencias de la Audiencia Nacional para centralizar en ella cuestiones como la lucha contra el narcotráfico.

Superado el trámite parlamentario, el Gobierno nombrará a García Ortiz la próxima semana. “Creo que en mi trayectoria he cumplido sobradamente con mis obligaciones profesionales”, manifestó. “Llegar a fiscal general del Estado será un honor increíble para alguien que ama esta profesión”.