Feijóo y el nuevo fiscal del Estado, enfrentados por el fuego

La noticia del nombramiento de Álvaro García Ortiz aún empezaba a correr este martes, y el PP ya se estaba apresurando a dejar sentado su malestar con el nuevo fiscal general del Estado. Los populares no se limitaron a criticar que el Gobierno les hubiese mantenido al margen, sino que colocaron en la diana la figura de García Ortiz, un viejo conocido de Alberto Núñez Feijóo durante los años de ambos en Galicia, donde el primero ejerció de fiscal de medio ambiente y acabó chocando con el entonces presidente de la Xunta por las investigaciones de los incendios forestales.

Los populares desempolvaron de inmediato una vieja denuncia contra García Ortiz: su supuesta participación en un “acto de la campaña del PSOE a las elecciones autonómicas gallegas”. El fiscal, efectivamente, asistió en diciembre de 2019, como representante de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a unas jornadas que organizaban los socialistas gallegos denominadas Laboratorio de Ideas y en las que participaron otros expertos sin militancia. Las elecciones autonómicas ni siquiera estaban convocadas y se celebraron siete meses después. Fuentes próximas a García Ortiz aseguran que, antes de aceptar la invitación del PSOE, pidió permiso a la inspección fiscal y a la Fiscalía General del Estado.

El malestar del Gobierno de Feijóo con García Ortiz ya venía de dos años antes, cuando Galicia se vio sometida a una terrible oleada de incendios que cercaron incluso las ciudades. Asediado por el fuego, Feijóo se defendió aireando la teoría de que la comunidad estaba bajo el ataque de una trama de “terrorismo incendiario”. No había pruebas que lo demostrasen, y García Ortiz, que llevaba años investigando los incendios, apeló a los datos en su poder para echar por tierra la tesis del presidente de la Xunta: “No tenemos datos para entender que haya organización o un concierto de personas para provocar en sí mismo daño o mal de una manera directa”.

Ni la teoría de una trama incendiaria era nueva —en Galicia se viene especulando con ella desde hace décadas—, ni tampoco los esfuerzos por rebatirla de García Ortiz. En 2006, cuando había llegado a la Xunta una coalición entre el PSOE y los nacionalistas del BNG, Galicia sufrió otra devastadora oleada de fuego. Entonces fue la izquierda gobernante la que divulgó la teoría del terrorismo incendiario. Feijóo, que se estaba estrenando en la oposición, no la compró en absoluto. Se lanzó, en cambio, a una campaña para desacreditar la gestión de la Xunta y acabó patinando al protagonizar una escena muy criticada en su día: se fotografió apagando un incendio con una manguera de jardín.

Un año después, la Fiscalía concluyó que, en contra de lo que había pregonado el Gobierno bipartito, no existía ningún indicio de la actuación de una trama organizada. García Ortiz, ya al frente de la Fiscalía gallega de medio ambiente, declaró en 2007 a este periódico: “Si hubiera una organización criminal, sería más fácil de investigar”.

Diez años después, en octubre de 2017, fue el Gobierno de Feijóo el que se vio desbordado por las llamas. Y el presidente se agarró a la disculpa del “terrorismo incendiario”. Lo repitió durante días, hasta que García Ortiz salió a desmentirlo. Tras más de una década investigando el fenómeno, el ahora fiscal general del Estado se ratificaba en sus conclusiones de siempre: “No tenemos datos para entender que haya una organización detrás de los incendios”. Tampoco la Xunta los tenía, aunque sus representantes políticos defendiesen lo contrario. Tanto fue así que, un año después, una comisión del Parlamento gallego llegó a la misma conclusión que el fiscal, avalada por el propio PP.