El Gobierno lanza una ofensiva contra las becas para rentas altas de Ayuso que Feijóo respalda

El Ejecutivo habla de “medida vergonzante” y entra al combate ideológico para desactivar el mensaje de la moderación del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la jornada 'Un ingreso mínimo vital orientado a la inclusión', el lunes.Foto: ANDREA COMAS | Vídeo: EUROPA PRESS

El Gobierno llevaba tiempo evitando los choques con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, que siempre busca el combate ideológico con el Ejecutivo como forma de elevar su figura política dentro de la derecha. Sus últimas iniciativas polémicas eran ignoradas por La Moncloa para evitar darle más dimensión. Pero algo ha cambiado en los últimos días con una medida muy alejada del liberalismo que pregona Ayuso, ya que se trata de casi lo contrario: una intervención directa en el mercado, pero no para favorecer a las clases medias o bajas, que es lo habitual, sino a las rentas altas, algo inédito. El Gobierno de Ayuso ha decidido cambiar la política de becas para permitir que parejas con un hijo que ingresen hasta 107.739 euros, con dos hijos de hasta 143.652 euros, o de tres de 179.565 euros, esto es, las rentas más altas, puedan optar a becas públicas para financiar en centros privados las etapas de Educación Infantil, Bachillerato y Formación Profesional (FP) de grado medio y superior.

Esta decisión permitirá que con los impuestos de todos, incluidos los de las rentas bajas, se financie una parte del coste de un colegio privado de una familia de renta alta en Madrid. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atacó la decisión durante un diálogo público con el Premio Nobel en Ciencias Económicas 2019, Abhijit Vinayak Banerjee. Estas ayudas, dijo, suponen “retorcer y violentar el propio significado de la política pública de redistribución de la renta y de impulso a las políticas de igualdad en generaciones que no tienen niveles de renta para estudiar lo que ellos consideren y expandir todas sus potencialidades”.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, fue más lejos y tachó la decisión de “medida vergonzante”. “La propuesta de la presidenta Ayuso no es más que quitar derechos a personas que necesiten esa beca para dárselos a familias que no tienen esos problemas y que además deciden que sus hijos estudien en un centro privado. Me parece absolutamente injusto que el dinero de los impuestos de la clase trabajadora se destine a las rentas altas. Conviene recordar, además, que Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en educación pública de todo el país”, recordó Alegría, que defiende que lo normal es que las becas se destinen a familias con ingresos por debajo de los 38.000 euros, o al menos ese es el criterio del ministerio y de las demás autonomías. Antes del cambio de Ayuso, el límite para estas becas en Madrid era de 30.000 euros para los que optaban a una ayuda para Bachillerato, de 60.000 para los de FP, o de 75.000 para los de Infantil. El Gobierno regional calcula que estas ayudas parciales, que no cubren el total del coste de los estudios, beneficiarán a más de 62.000 alumnos, cuyas familias seguirán pagando el grueso de la factura.

La medida, que defiende Ayuso y su equipo con entusiasmo porque cree que beneficia a “las clases medias”, también ha sido respaldada por la dirección del PP, aunque pone en cuestión su mensaje de que ellos defienden a las rentas bajas. De hecho, el Gobierno quiere utilizar este ejemplo de una política que ven como regresiva (beneficiar a las rentas altas y perjudicar a las bajas) para desactivar el mensaje de moderación que proclama Alberto Núñez Feijóo y que ha sido muy eficaz en Andalucía, donde el PP ha logrado un éxito arrollador con ese discurso. La Constitución es muy clara al apostar por la progresividad en los impuestos. “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”, señala el artículo 31.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un acto tras recibir la medalla de socia de honor por parte de los representantes de la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos, en la Real Casa de Correos,  este lunes en Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un acto tras recibir la medalla de socia de honor por parte de los representantes de la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos, en la Real Casa de Correos, este lunes en Madrid.Jesús Hellín (Europa Press)

El PP defiende, sin embargo, que es razonable pagar parte de la educación privada de las rentas altas para favorecer la “libertad de elección”. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, número dos de Feijóo, argumentó en una entrevista este lunes en la Cadena SER que la medida “garantiza que cualquiera pueda elegir centro”. “Esa convocatoria lleva el aumento de las becas para los que ya las recibían y la ampliación de aquellos que pueden acceder a ellas cuando estamos hablando del bachillerato que no es público. El público, se tengan los ingresos que se tengan, es gratuito. Poder garantizar que todo el que quiera pueda elegir [centro] es el camino correcto”, argumentó. “La medida sigue un planteamiento que la presidenta Ayuso hizo a los madrileños, que contó con un respaldo mayoritario: que iba a apostar de manera decidida por la libre elección de centros en cualquier etapa educativa”, remachó.

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No obstante, la iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid contrasta con el discurso que en los últimos días está defendiendo el líder del PP en sus críticas a Pedro Sánchez por la subida de los precios. Feijóo viene diciendo que el PP está centrado en ayudar a las rentas bajas y se debe a ellas, que son las que más sufren por el aumento de la inflación. “Quien peor recibe el incremento de los precios no es los poderosos ni los que más dinero tienen. Son las rentas más modestas, las rentas más bajas, las rentas más débiles. Y a las rentas más bajas, las rentas más débiles y las rentas más modestas se debe el PP en toda España. Y el partido trabajará por ellos, que son los que realmente están sufriendo la inflación y los precios”, dijo Feijóo el pasado sábado, en un acto de partido en A Coruña.

El Gobierno de Madrid, que llevaba tiempo sin lograr entrar en una polémica directa con Sánchez, saltó rápidamente a contestarle. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, cree que las críticas de Sánchez se deben a sus “prejuicios ideológicos”. En declaraciones a los medios desde los Juzgados de Plaza Castilla, López ha dicho que Sánchez no entiende lo que hace Madrid, que apuesta por acabar con los “obstáculos” que impiden la “igualdad de oportunidades”. Y el equipo de Díaz Ayuso se ha expresado incluso con más contundencia.

“Efectivamente, nuestro concepto de lo público es absolutamente contrario al suyo”, ha opinado sobre Sánchez una fuente que cuenta con la confianza de Díaz Ayuso. “Por eso a nosotros nos va bien, y a él le va fatal”, ha añadido. Y ha rematado: “Han salido en tromba tanto el presidente del Gobierno, como tres ministros y una destacada dirigente del PSOE para atacar personalmente a Díaz Ayuso: si quieren batalla, la tendrán, porque las políticas de la Comunidad de Madrid funcionan y las de Sánchez, no”.

En Madrid ya se financiaba la educación privada en la etapa infantil, una medida que empezó tomar su forma actual con Esperanza Aguirre en el poder (2003-2012). Desde entonces han multiplicado su cuantía ―entre otros motivos, por la influencia de Ciudadanos en los gobiernos del PP entre 2015 y 2021― y las facilidades para su obtención ―por ejemplo, al poder incluir a un bebé concebido pero no nacido en el cálculo de la renta familiar―. Las ayudas en FP de grado superior llegaron en 2013. Las becas de Bachillerato fueron impulsadas en 2018 por Ángel Garrido. Pero la gran novedad, que ha generado la polémica, es el salto de pagar con dinero público el bachillerato en las escuelas privadas de las rentas altas madrileñas, que ahora verá financiada con el dinero de todos una parte de una educación a la que nunca podrán acceder las rentas bajas por su elevado coste.

Las becas en otras comunidades del PP

En Andalucía, la Junta que preside el popular Juan Manuel Moreno no otorga becas específicas para cursar bachillerato en centros privados. Los umbrales de rentas son los mismos que fija el Ministerio de Educación y no se hacen distinciones entre centros públicos y privados, porque sería discriminatorio, señala un portavoz de la Consejería de Educación, que también aclara que las ayudas para FP Superior las otorga el departamento del Gobierno de España, informa Eva Sáiz.

En Galicia, fuentes de la Xunta señalan que la educación está "totalmente asegurada" y "el 100% del alumnado tiene acceso a una plaza gratuita en todas las etapas educativas, por lo que no existen becas al estudio como tales", por tanto, la educación que es completamente privada, que en Galicia —especifican esas fuentes— apenas cuenta con implantación, "no dispone de financiación pública", informa Elsa García de Blas.

Sí está disponible en Castilla y León, que cuenta con una línea de ayudas de estudios postobligatorios (Bachillerato y FP) destinadas a los beneficiarios por nivel de rentas "independientemente del tipo de centro en el que estudian", especifican fuentes del Ejecutivo autonómico, informa Juan Navarro.

En la Región de Murcia, los umbrales de renta para ser beneficiarios de becas "no son tan altos en ningún caso como los planteados por la Comunidad de Madrid", según reconoce un portavoz de la Consejería de Educación, gestionada por Vox. En la página web de ese departamento, el apartado dedicado a becas de niveles postobligatorios y no universitarios para el próximo curso establece tres umbrales diferentes para fijar la cuantía de las ayudas, que coinciden con los fijados por el Ministerio de Educación, informa Virginia Vadillo. 



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