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ERC se mueve a la abstención para seguir negociando la Ley de Memoria Democrática

La comisión constitucional del Congreso aprueba el dictamen de la nueva norma, que se votará definitivamente el 14 de julio

El presidente de la Comisión Constitucional, Patxi López, habla con el diputado popular José Antonio Bermúdez de Castro durante la comisión que ratificó el paso de la Ley de Memoria Democrática al pleno.
El presidente de la Comisión Constitucional, Patxi López, habla con el diputado popular José Antonio Bermúdez de Castro durante la comisión que ratificó el paso de la Ley de Memoria Democrática al pleno.Javier López (EFE)

La nueva Ley de Memoria Democrática coge finalmente vuelo tras muchos meses frenada, con discusiones y debates internos dentro del Gobierno, y externos, con los grupos que apoyaron la investidura y gran parte de los proyectos de la legislatura. ERC, que se había desmarcado del texto durante meses, se movió este lunes hacia la abstención en el debate y aprobación de la ponencia de la ley en la Comisión Constitucional del Congreso. De esta forma logra estirar la negociación diez días más, hasta que el proyecto de ley llegue a su votación definitiva en el pleno del 14 de julio. PP, Vox y Ciudadanos votaron en contra y arremetieron con dureza contra el PSOE por incluir en el texto un artículo que prevé el reconocimiento y posibles reparaciones para víctimas de violaciones de derechos humanos durante la transición y hasta diciembre de 1983, cuando ya gobernaba en España el PSOE de Felipe González.

El dictamen final de la ponencia de la nueva ley salió adelante, en una acalorada sesión extraordinaria en la Comisión Constitucional, por 19 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones, las de ERC. El proyecto, uno de los más simbólicos prometidos por el Ejecutivo de la coalición progresista, se aprobó en el Consejo de Ministros hace un año y luego estuvo bloqueado muchos meses en la comisión: primero, por diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos sobre la posibilidad de derogar la Ley de Amnistía de 1977; y más tarde ante las reclamaciones de partidos aliados como ERC, PNV y EH Bildu. Los grupos de la derecha consideran la ley revisionista y de parte.

En el debate de la comisión se dividió el Congreso otra vez en dos bloques aparentemente irreconciliables. Los dos socios de la coalición y sus aliados más o menos habituales (PSOE, Unidas Podemos, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís, el Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe, y en este caso Coalición Canaria) destacaron la necesidad de actualizar algunos aspectos de la Ley de Memoria de 2007, aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El PP, Ciudadanos y Vox rechazaron de plano el proyecto y entienden que puede ser “una bomba de humo” para tapar otros problemas de gestión actual del Ejecutivo, como la inflación.

El portavoz del PSOE en la comisión, Indalecio Gutiérrez, abogó por “saldar la deuda pendiente de la democracia española” con miles de víctimas y sus familiares, y centró gran parte de su intervención en subrayar que España continúa siendo uno de los países del mundo con más fosas comunes por exhumar. Gutiérrez cifró en 114.000 las personas que fueron enterradas de esa manera indigna y sin sepultura en unas 25.000 fosas. La nueva norma establece la obligación del Estado de hacerse cargo de esas exhumaciones pendientes en un plazo de unos cuatro años. El dirigente del PSOE aprovechó para resumir los objetivos de la ley en “cerrar heridas que siguen abiertas, hacer memoria, reparar y hacer justicia” en consonancia con las legislaciones internacionales de derechos humanos. Y agradeció las contribuciones a este debate de todos los partidos que les apoyan y especialmente de ERC.

Carolina Telechea, de ERC, admitió los “avances” de la norma, sobre todo al contemplar su demanda histórica de declarar “ilegal e ilegítimo” el régimen franquista, pero afirmó que a su partido le parecen insuficientes, sobre todo porque no permitirán “que familiares de víctimas tengan que dejar de ir a buscar justicia al extranjero”. Y porque no se toca la Ley de Amnistía de 1977, que según fuentes gubernamentales no solo no se relega sino que se “reivindica”. Otras formaciones nacionalistas, como el PNV, el PDeCAT o Coalición Canaria, valoraron el reconocimiento que se hace a la labor desarrollada en estos años por las comunidades autónomas y los entes locales en la recuperación de muchas fosas y de la memoria. Miguel Legarda, del PNV, reprochó con dureza la “falta de generosidad” de la derecha ahora frente a lo “generosa” que fue la Transición con algunos de esos partidos.

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Las intervenciones de los portavoces del PP y Vox fueron muy duras con la literalidad y oportunidad de la norma en estos momentos. Jaime Mateu y María Jesús Moro, del PP, y Francisco José Contreras Peláez, de Vox, lamentaron sobre todo el apoyo que recibirá el Ejecutivo para este proyecto de EH Bildu, a los que consideran los herederos de ETA, y acusaron al Gobierno de tener una actitud revisionista y divisoria del pasado. Pero fue Guillermo Díaz, de Ciudadanos, el que formuló un discurso feroz contra la ley, que descalificó como “de memoria selectiva”, de “cirugía estética y blanqueo de Bildu y Arnaldo Otegi”. Díaz incidió mucho en que el texto acordado permitirá “investigar crímenes del franquismo hasta 1983″, lo que aprovechó para denunciar que este PSOE de Pedro Sánchez “está dispuesto a apuñalar al Gobierno de Felipe González”, que comenzó en octubre de 1982.

La ley de Memoria Democrática, que podría aprobarse en el Congreso el 14 de julio y llegar al Senado en septiembre, para entrar en vigor con su publación entonces en el BOE, a lo que se abre es a “reconocer” la existencia de víctimas del franquismo en su extensión más amplia hasta esa fecha, en una demanda de EH Bildu que apoyaron otras fuerzas independentistas y que PSOE y Podemos hicieron suya para “no mirar hacia otro lado” sobre casos de torturas y violaciones de derechos humanos que se alargaron en la Transición con grupos parapoliciales violentos como los GAL. La norma lo que permitirá será la creación en teoría en el plazo de un año de una comisión de estudio, de expertos y historiadores, que determinará y elevará a la consideración del propio Gobierno algunos casos de personas “que lucharon en favor de la democracia” que sufrieron actos violentos entre 1978 y 1983 y que no pudieron ser consideradas víctimas en la ley de memoria histórica como sucedió, por ejemplo, con el asesinato de la estudiante Yolanda González en una manifestación en febrero de 1980.

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Sobre la firma

Javier Casqueiro
Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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