La eliminación de los títulos nobiliarios franquistas y otras claves de la futura ley de memoria democrática

La ley de memoria democrática sustituirá a la llamada ley de memoria histórica, aprobada en 2007, y corrige algunas de las carencias señaladas desde entonces por víctimas del franquismo y asociaciones memorialistas. Estas son las principales novedades del texto, incluyendo las enmiendas pactadas entre los grupos parlamentarios, a falta de su aprobación definitiva.

Eliminación de títulos nobiliarios. El texto que el Gobierno llevó al Congreso preveía elaborar “un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 que representen la exaltación de la Guerra y Dictadura” para proceder a su supresión. A petición de varios grupos, incluidos los que forman parte del Gobierno de coalición, el PSOE y Unidas Podemos, se eliminarán directamente, para mayor seguridad jurídica, 33 títulos “por una serie de comportamientos atentatorios contra la dignidad humana y otros derechos fundamentales cometidos en épocas preconstitucionales”. Los títulos con grandeza de España que se suprimirán son los de duque de Franco, Primo de Rivera, Calvo Sotelo, Mola y Carrero Blanco; el de señor de Meirás; el de marqués de Arias Navarro; y los de conde de Alcázar de Toledo, Labajos y Dávila. Además, se eliminan los títulos —sin grandeza de España— de marqués de Saliquet, Queipo del Llano, Alborán, el Jarama, Varela de San Fernando, Somosierra, San Leonardo de Yagüe, Vigón, Suanzes, Kindelán, Casa Cervera y Bilbao Eguía; y los de conde de Benjumea, La Cierva, Fenosa, Castillo de la Mota, Pallasar, Martín Moreno, Bau, Rodríguez de Valcárcel y de Iturmendi. Se suprimen también las grandezas de España otorgadas al conde de Rodezno y a Fernando Suárez de Tangil.

El Estado asume la búsqueda e identificación de los desaparecidos del franquismo. El principal defecto de la ley de memoria de 2007, y así lo señalaron relatores de Naciones Unidas, es que el método de subvenciones que implantó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero suponía subcontratar a los propios familiares de las víctimas y a las asociaciones memorialistas para localizar y abrir las fosas. En el nuevo texto, esa tarea corresponde a la Administración General del Estado, que elaborará planes plurianuales de búsqueda. En los últimos 20 años se han recuperado los restos de 10.000 víctimas. El forense Francisco Etxeberria, que ha abierto muchas de esas fosas, calcula que quedan “unos 20.000″ esqueletos por recuperar de enterramientos clandestinos del franquismo y que el proceso puede resolverse en unos cinco años. El número de desaparecidos supera con creces esa cifra, pero muchas fosas comunes son ya irrecuperables porque han sido sepultadas por carreteras, autopistas y edificaciones.

Nulidad de las sentencias franquistas. La ley de 2007 declaró “ilegítimos” a los tribunales franquistas, pero no dio el paso de declarar nulas las sentencias que habían impuesto. El Gobierno socialista de entonces temía que, de hacerlo, los represaliados y sus familiares pudieran reclamar indemnizaciones económicas. El texto de la nueva ley de memoria democrática sí establece la nulidad de las resoluciones de los diferentes tribunales que el régimen fue creando para perseguir al bando perdedor de la Guerra Civil. Además, como solicitaban ERC, EH Bildu y Más País, el término “ilegítimo” se sustituirá por “ilegal” a la hora de referirse a dichos tribunales y a todo el régimen franquista. El nuevo texto, según fuentes del Ejecutivo, no incluirá nuevas indemnizaciones económicas para quienes fueron condenados por esos tribunales ilegales. Desde la reinstauración de la democracia, los distintos gobiernos han invertido 25.000 millones de euros en reparaciones económicas de distinto tipo para 680.000 personas. En 2021, el monte de esas indemnizaciones ascendió a 18 millones de euros.

Incautaciones franquistas. El proyecto de ley que el Gobierno registró en el Congreso prevé realizar una auditoría de bienes expoliados durante la Guerra Civil y la dictadura, e implementar “posibles vías de reconocimiento a los afectados”. En este apartado, el texto abre una nueva vía al PNV para reclamar la sede del Instituto Cervantes en París, que fue sede del Gobierno vasco en la capital francesa entre 1937 y 1940. Una disposición adicional prevé la restitución de bienes incautados durante la dictadura a las fuerzas políticas en el extranjero como consecuencia de procesos judiciales o administrativos. No sería un procedimiento inmediato, pero permite al PNV reclamar de nuevo el inmueble.

Comisión de estudio de violaciones de derechos humanos hasta 1983. El proyecto de ley de memoria democrática que el Gobierno registró en las Cortes abarca desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la aprobación de la Constitución, en 1978. Pero se incluirá una disposición adicional para crear una comisión técnica que estudie posibles violaciones de derechos humanos hasta finales de 1983.

Nuevos lugares de memoria. La portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, también se ha felicitado por haber logrado el compromiso del Gobierno para adecuar el fuerte de San Cristóbal como lugar de memoria. Ubicado en el monte de Ezkaba (Pamplona), fue utilizado como penal durante el franquismo y en mayo de 1938 vivió la mayor fuga penitenciaria de España, que acabó con 221 muertos.

Además del fuerte de San Cristóbal, EH Bildu también ha pactado la cesión del espacio y dependencias del Palacio de la Cumbre de San Sebastián al Ayuntamiento de la localidad. Aizpurua ha explicado en rueda de prensa que fue sede del Ministerio de Asuntos Exteriores durante las estancias veraniegas de Franco en San Sebastián y que en ese lugar fueron torturados los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala por los GAL. El edificio, actualmente sin uso, pertenece ahora al Ministerio de Política Territorial.

Nuevo nombre para el Valle de los Caídos. La ley servirá para extinguir definitivamente la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada por un decreto franquista de 1957. El complejo, para el que el Gobierno prepara un plan de resignificación, pasará a llamarse Cuelgamuros, el nombre original del valle. Cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto será reubicado. Eso, una vez trasladados los restos de Franco, afecta a la tumba de José Antonio Primo de Rivera, junto al altar. El Ejecutivo dará a la familia la opción de llevarlo a las criptas donde yacen el resto de víctimas o a otro lugar que deseen.

Enseñanza de la represión franquista. La nueva norma pretende actualizar todos los contenidos curriculares para incorporar la enseñanza de lo que supuso la represión franquista y la defensa de los valores democráticos. Un acuerdo entre la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la de Educación ha permitido incluir ya esos contenidos en los decretos de enseñanzas básicas, de ESO y bachillerato. Dirigentes del PP y Vox se han opuesto asegurando que se trata de “adoctrinamiento”. En su informe sobre España, de 2014, el relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff dedicó un apartado específico a la educación en el que lamentaba que “algunos libros de texto” continuaran refiriéndose a la Guerra Civil “en términos genéricos, perpetuando la idea de una responsabilidad simétrica”.

Derecho a la verdad y apoyo a los investigadores. La nueva ley establece el derecho de los represaliados a conocer la verdad gracias a la creación de una fiscalía de sala específica y a través de la llamada “justicia restaurativa”, estén o no vivos los verdugos. También se refuerza a los investigadores con una enmienda que defiende su labor frente a querellas de terceros y con mayores garantías de acceso a los archivos.