Hay impuestos que duran apenas un suspiro. El pasado 17 de febrero, el Gobierno socialista en Castilla-La Mancha aprobó la nueva Ley de Aguas entre las quejas de la oposición (PP y Ciudadanos): la norma incluía un impuesto al consumo del agua. Apenas 64 días después, todo cambió y el Ejecutivo de Emiliano García-Page suspendió la decisión y el impuesto de quita y pon, con una base de dos euros al mes, no llegó a materializarse en los bolsillos de los castellanomanchegos. ¿Qué llevó a suprimirlo cuando acababa de ser aprobado? El miedo a que la suma de esa tasa a los efectos en la economía de la guerra de Ucrania y a los precios de la energía fuera demasiado para los consumidores regionales, acostumbrados a que el agua cope los titulares: Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia acaban de enzarzarse de nuevo por el caudal del trasvase Tajo-Segura.

“Muy pronto nos vamos a tener que comprar agua embotellada de marca para ducharnos, porque nos va a salir más barato”, afirmaba Elena Jaime Jareño, de Cs, durante el debate parlamentario de febrero, cuando su partido y el PP se oponían al impuesto, sin saber que unas semanas después, en abril, también votarían en contra de su supresión: “¿No se dan cuenta de la barbaridad que supone esto?”. “Cuando les llegue la factura a los ciudadanos, no les va a dar la risa”, criticaba, también en febrero, la conservadora Ana Guarinos.

“Si no cumplimos con la política medioambiental, con la Unión Europea, no llegarán los fondos que necesitamos para hacer inversiones, y llegarán sanciones”, cerraba, a modo de justificación, el consejero Francisco Martínez (PSOE) que, en ese momento del debate de febrero, desconocía que el Gobierno regional acabaría suprimiendo la tasa en abril.

Esta es la rocambolesca historia de un impuesto muerto nada más nacer, y que al mismo tiempo puede revivir en cualquier momento.

“El canon se ha suspendido de manera indefinida antes de cobrarlo. Ningún ciudadano ha pagado nada”, asegura un portavoz de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. “Su entrada en vigor estaba prevista para después de que la Ley de Aguas llevara unos meses vigente. Ahora se suspende para que el ciudadano no sufra un incremento en el gasto, dada la coyuntura económica”, añade. “Otras comunidades autónomas lo tienen desde hace 10 o más años”, remata, en referencia a Galicia, Cataluña, Baleares, Andalucía, Extremadura, Navarra, La Rioja, Murcia, Cantabria y Asturias.

El nuevo gravamen iba a afectar a actos vitales y cotidianos como beber, ducharse, cocinar, lavar la ropa o poner el lavavajillas. Cuando el Ejecutivo autonómico retome la idea, el reflejo en la factura del uso doméstico del agua se dividirá en dos partes: una cuota fija de dos euros al mes por vivienda y una cuota variable que dependerá del número de personas que vivan en cada casa y de la cantidad de agua que consuman.

En el caso de usos no domésticos, como los agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales, la parte fija se determinaría en función del diámetro del contador de agua. En el caso de los más pequeños, aquellos que midan menos de 15 milímetros, sería de cuatro euros al mes. Y en el caso de los más grandes, de más de 125 milímetros, la cuota se incrementaría hasta los 500. A lo que se sumaría la parte variable: 50 céntimos por metro cúbico de agua consumida.

“Es un canon medioambiental para sufragar los gastos de depuración y de abastecimiento de las poblaciones”, resume Fernando Mora, presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha. “Pero lo posponemos hasta que la situación económica lo permita, y antes de que las familias se puedan ver perjudicadas”, añade.

Trasvase Tajo-Segura

Lo que sí sigue en vigor es el resto de la actualización de la Ley de Aguas, una norma que no se había renovado desde hacía dos décadas. El texto incluye “el reconocimiento del derecho de la comunidad autónoma a ser oída en relación con los procedimientos que afecten a los intereses de Castilla-La Mancha”. Una disposición significativa si se tiene en cuenta que es la cuenca cedente de una de las infraestructuras hidráulicas más grandes de España: el trasvase Tajo-Segura.

Desde los embalses de Entrepeñas (Guadalajara) y Buendía (Cuenca) se deriva el agua del río Tajo hasta la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. La pugna por el control del agua entre estas comunidades ha vuelto a salir a flote tras la concentración de los agricultores de Levante el pasado 17 de mayo en contra de los planes del Gobierno central de reducir el volumen mensual de agua trasvasada, que pasará de 38 hectómetros cúbicos a 27.

El objetivo de esta medida es encontrar el equilibrio entre el agua disponible en los embalses de cabecera del Tajo, en Castilla-La Mancha, y la estabilidad de los suministros hacia las cuencas beneficiarias del trasvase, en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, según explica el Ministerio para la Transición Ecológica. “Hay que adaptarse a la realidad ineludible del cambio climático y de una menor disponibilidad de agua”, afirma el Ejecutivo central. De nuevo, el agua marca el ritmo de la política castellanomanchega.