Justicia rechaza incorporar por ahora magistrados de apoyo a la Sala Primera del Supremo

El Ministerio de Justicia anunció el pasado miércoles la prórroga durante 2022 de las medidas implantadas en septiembre pasado para paliar la situación generada en el Tribunal Supremo por la imposibilidad de nombrar a nuevos magistrados mientras no se renueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El departamento que dirige Pilar Llop ha ampliado las 12 comisiones de servicio extraordinarias de letrados para el gabinete técnico del alto tribunal que están dando apoyo a los magistrados de cuatro de las cinco salas del Supremo (todas menos la Penal, la única en la que no hay vacantes). Pero Justicia ha comunicado también al órgano de gobierno de los jueces que no va a atender, por ahora, la última petición formulada para intentar sacar del colapso a la Sala Primera —la Civil—, que acumula casi 20.000 asuntos pendientes: la incorporación temporal de cinco magistrados de apoyo que ayuden a los titulares de la sala a redactar sus sentencias.

La solicitud de magistrados de refuerzo era la medida más extraordinaria de las solicitadas por el CGPJ para sortear la reciente reforma legal que le impide hacer nombramientos discrecionales mientras siga en esa situación de interinidad. La petición la formuló el Consejo después de que el presidente de la Sala Primera, Francisco Marín Castán, diera el otoño pasado la voz de alerta sobre la situación en la que se encontraba su sala. “Se ha alcanzado un punto en el que ya no es posible mantener un tiempo de respuesta razonable si no se adoptan medidas de refuerzo o apoyo adicionales”, advirtió.

La Sala Primera es la encargada de los recursos en materia civil y en los últimos años se ha visto desbordada por los casos relacionados con los contratos entre particulares y bancos, como los gastos de las hipotecas o las cláusulas suelo. Los recursos sobre esta materia representaban en 2019 el 23% de los admitidos por la sala y ahora superan el 51%. Y la situación se complicará previsiblemente porque los que se están admitiendo ahora tienen su origen en demandas planteadas en 2017. “Estamos asistiendo al inicio de un proceso de enorme repercusión en el funcionamiento de la sala y que se exacerbará en los próximos años”, advierte el presidente.

Esta sala cuenta ya con el refuerzo de los letrados de apoyo del gabinete técnico cuya prórroga ha aprobado ahora el Ministerio de Justicia. La principal misión de estos es decidir qué recursos se admiten y cuáles no, pero la redacción de las sentencias sigue en manos exclusivas de los nueve magistrados (10 hasta noviembre pasado) de la sala. Y para esa tarea es para la que el Consejo solicitó el refuerzo temporal de cinco magistrados, que no formarían parte de las deliberaciones, sino que quedarían adscritos al gabinete técnico y se dedicarían a redactar proyectos de sentencia sobre asuntos para los que ya hay jurisprudencia consolidada.

La petición se envió a Justicia, pero el Ministerio ha comunicado al Consejo que, por ahora, no la va a atender. Lo hizo esta semana durante una reunión de la comisión mixta entre el departamento que dirige Llop y el órgano que preside Carlos Lesmes, según han confirmado fuentes de ambas instituciones. La razón alegada por Justicia es que solo han pasado tres meses desde que se incorporó el refuerzo de los letrados, lo que se considera un tiempo insuficiente para comprobar la efectividad de la medida y decidir si hace falta implantar otra.

Fuentes de este ministerio destacan que ya existe un paquete de medidas de apoyo al Supremo “en medios humanos, materiales y procesales”. Los medios humanos, señalan, son los que comenzaron en septiembre y se han prorrogado por todo 2022; los materiales, fundamentalmente los avances en digitalización de todas las salas incluida la militar; y entre los procesales, la reforma prevista del recurso de casación en el anteproyecto de medidas de eficiencia procesal.

Llop y Lesmes tienen previsto reunirse en las próximas semanas y uno de los temas que se tratarán en ese encuentro será la coordinación de estas medidas, aseguran fuentes de Justicia. Ni la ministra ni el presidente del Consejo estuvieron presentes en la reunión de la comisión mixta, pero los vocales del CGPJ que asistieron ya han informado a Lesmes de que el Gobierno no atenderá por ahora la petición para incorporar a magistrados de apoyo y el presidente prevé reiterar esta solicitud en el encuentro que mantenga con Llop. Fuentes del CGPJ sostienen que las razones del Gobierno para no autorizar por ahora los magistrados de apoyo son principalmente económicas, ya que se trata de puestos con una alta remuneración. El refuerzo de los 12 letrados tiene un coste de 700.000 euros, según los datos aportados por Justicia.

La decisión del Ministerio se produce días después de que el Supremo aprobara el pasado lunes una serie de medidas para reorganizar su Sala de lo Contencioso-Administrativo, la más afectada por la imposibilidad de cubrir las vacantes. La jubilación de dos magistrados en los próximos meses, unidas a las seis plazas sin cubrir que ya tiene, va a dejar en cuadro a algunas de sus secciones, lo que ha llevado al tribunal a mover magistrados de una sección a otra.